El tratado con Gibraltar tiene fijado el 10 de abril para entrar en vigor y Moncloa mantiene en secreto su contenido

Mientras en la colonia británica los sectores económicos ya han accedido al texto y la oposición tiene una copia, en España el Gobierno no ha informado a las Cortes ni a la opinión pública sobre el contenido ni la fecha del acuerdo.

Y ello, a pesar de que significará el derribo de la Verja, una revolución en todo el Campo de Gibraltar y afectará a varios ministerios de Pedro Sánchez.

La paradoja es que, a estas alturas, quien está explicando el tratado –en privado y bajo estricta confidencialidad– no es ninguno de los tres Ejecutivos implicados. Ni Londres, ni Madrid ni la Comisión Europea han hablado del tratado desde que anunciaron su acuerdo, el pasado 17 de diciembre. Tampoco la Eurocámara ha accedido al documento.

Es el Gobierno de Fabian Picardo, en la colonia, el que ha trasladado a EL ESPAÑOL los detalles esenciales del calendario y del procedimiento político, a falta de respuesta del Ejecutivo español.

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El contraste a los dos lados del istmo es evidente. El ministro principal de Gibraltar aprobó junto a su Gobierno, el pasado 19 de enero, el tratado.

Después de seis extensas reuniones del gabinete, en las que el propio Picardo y el fiscal general, Michael Llamas, desgranaron el contenido artículo por artículo, se dio luz verde al texto y al paquete de documentos asociados, con el compromiso de someterlo después a la aprobación del Parlamento de la Roca.

Desde entonces, durante un mes, el Ejecutivo de la colonia británica se ha volcado en explicar el contenido del acuerdo a los actores clave de su economía y su política interna. Las consecuencias en policía de fronteras, tasas fiscales, libertad de mercancías, capitales y tránsito, policía de fronteras...

Según las fuentes del entorno de Picardo, su gabinete ha organizado "numerosos briefings informativos con la Cámara de Comercio, los operadores turísticos, representantes del sector financiero, las patronales y otros agentes económicos".

El mensaje central ha sido que el tratado pretende garantizar la fluidez en la frontera y anclar la seguridad jurídica del enclave en su relación con el territorio UE tras el Brexit.

Y sobre todo, evitar el escenario de un "no acuerdo" que habría significado el regreso a la etapa de la Verja, previa a su apertura, en febrero de 1985, como condición impuesta por Londres para la entrada de España en las entonces Comunidades Europeas.

También se ha trasladado a estos sectores el "nuevo marco aduanero y fiscal" que regirá las relaciones comerciales con la UE.

La oposición "tiene una copia"

La secuencia culminó la semana pasada con una reunión con la oposición, los Socialdemócratas de Gibraltar (GSD), a la que el Ejecutivo de Picardo define como "una sesión informativa muy detallada" de entre tres y cuatro horas.

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En esa cita, el gobierno de la Roca entregó por primera vez "una copia del texto del tratado", pero exclusivamente al líder del GSD y "bajo estrictas condiciones de confidencialidad".

El resto de sectores, tanto económicos como políticos, sólo han recibido explicaciones orales, también sujetas a "restricciones legales" que les impiden informar o comentar públicamente ningún aspecto del acuerdo.

El GSD ha criticado abiertamente la forma en que se ha conducido la negociación, reprochando a Picardo y a Londres haber cedido demasiado ante las exigencias españolas.

En el debate interno se han mezclado las viejas controversias sobre quién ejercerá los controles en puerto y aeropuerto, el papel de Frontex, la presencia de autoridades policiales españolas en territorio gibraltareño o el estatus de la base militar británica.

Pero del contenido final no se ha revelado aún ningún detalle, nadie sabe cuáles son los puntos exactos en que se cerró el acuerdo político.

Tras el Brexit

Para entender cómo se ha llegado a este escenario, hay que remontarse a noviembre de 2022.

Entonces, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya dio por "cerrado" el acuerdo con el Reino Unido "a falta de los últimos retoques técnicos", en un encuentro con la prensa a las puertas del edificio de la Comisión Europea en Bruselas.

Aquel optimismo resultó prematuro. Desde entonces han pasado varios primeros ministros por el 10 de Downing Street y han sido necesarias al menos tres reuniones de alto nivel en las que España aceptó sentar a Picardo a la misma mesa y en condición de igualdad.

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El desenlace de ese maratón negociador llegó el 17 de diciembre de 2025, cuando la UE, el Reino Unido y España anunciaron que por fin se había cerrado el marco político del tratado sobre Gibraltar.

Desde entonces, el documento pasó al llamado legal scrub, la revisión jurídica y lingüística habitual en la UE antes de la ratificación de un acuerdo internacional. Pero dos meses después, el tratado sigue siendo un documento secreto... salvo en la colonia británica.

Ese mismo fin de semana, el Gobierno gibraltareño difundió comunicados y entrevistas en los que insistía en que el tratado no afecta a la soberanía británica y preserva la "cosoberanía funcional" que el Ejecutivo local reivindica en el día a día de la frontera y de la economía.

La fecha objetivo del 10 de abril coincide con la puesta en marcha del Sistema de Entrada/Salida (EES) de la UE. En teoría, ese mismo día empezarían a aplicarse las nuevas reglas de movilidad, controles y comercio en la Verja y en las conexiones marítimas y aéreas.

En el Reino Unido, el tratado deberá superar el escrutinio de los Comunes, especialmente sensibles a cualquier concesión a España en materia de control fronterizo o de presencia de autoridades españolas en el puerto y el aeropuerto gibraltareños.

Los conservadores, ahora en la oposición, han insistido en que el acuerdo no debe ceder un ápice en soberanía y que cualquier intervención española se debía canalizar "a través de marcos europeos".

La Eurocámara debe tener acceso al texto del tratado antes del pleno del 9 al 12 de marzo en Estrasburgo. Si no, la última ventana sería el minipleno de dos días en Bruselas, los días 25 y 26 de marzo. Pero fuentes oficiales critican el "cortísimo plazo" para su estudio y debate por los grupos.

Congreso y Senado, desinformados

Lo llamativo es que, a menos de dos meses de ese 10 de abril, en España no hay rastro de ese debate.

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El Congreso y el Senado no han recibido ni el texto ni un calendario claro sobre cuándo y cómo se articulará el control parlamentario de un tratado que implica a Exteriores, Interior, Hacienda, Transportes y Defensa.

Moncloa no ha aclarado si prevé someter el acuerdo a un debate formal o limitarse a "tomar razón" de un pacto negociado por la Comisión en nombre de los Veintisiete... pero para el que el Gobierno popular de Mariano Rajoy negoció, en su momento, que España tendría "siempre la última palabra".

De momento, la asimetría es total. En Gibraltar, el Gobierno ha construido un relato político y técnico para preparar a su opinión pública y a su tejido económico ante el cambio que viene.

En España, el silencio político contrasta con la relevancia de un texto que reordenará la frontera más singular de la UE y condicionará la vida de decenas de miles de trabajadores transfronterizos.

Y que entrará en vigor en menos de dos meses sin que los ciudadanos españoles sepan, de momento, qué se ha firmado en su nombre.