Última hora política, en directo | El presidente del Senado amenaza a Sánchez con "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario del jueves

El Gobierno de Melilla (PP) ha solicitado este miércoles la dimisión de la delegada del Gobierno en la ciudad, Sabrina Moh, a la que acusa de una "gestión sanitaria absolutamente negligente", marcada por el "abandono" del Ejecutivo central y la actuación "nefasta" del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).

En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo melillense, Fadela Mohatar, ha denunciado que la delegada del Gobierno, que también es secretaria general del PSOE de Melilla, está "jugando con la salud de los melillenses". "Estamos hablando de vidas. Su pasividad, su falta de reacción y su absoluta desconexión con la realidad sanitaria melillense es una vergüenza y una irresponsabilidad", ha afirmado.

Mohatar ha puesto el foco en la falta de organización en la apertura y puesta en marcha del nuevo Hospital Universitario, un proyecto que, según ha señalado, debería suponer un avance para la ciudad, pero que está siendo gestionado "de forma caótica, improvisada y sin los recursos humanos necesarios".

La también vicepresidenta segunda del Gobierno de la Ciudad y consejera de Cultura y Mayor ha subrayado que las quejas son constantes, tanto por parte de los ciudadanos como de los propios profesionales sanitarios, que llevan tiempo alertando del colapso asistencial y de la urgente necesidad de reforzar las plantillas.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) esperará a conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre los recursos pendientes contra el plan de cuenca del Tajo, entre ellos el de Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), antes de aplicar las nuevas reglas de explotación del trasvase.

Así lo ha confirmado este miércoles la directora general del Agua, María Dolores Pascual, en el acto inaugural del centenario de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en el que ha participado acompañada por el presidente del organismo de cuenca, Mario Urrea.

"Cuando tengamos el criterio definitivo del Tribunal Supremo, hay una obligación legal de modificar las normas, no por un capricho de la ley, sino porque tenemos que encontrar el régimen más estable y más equilibrado posible para la satisfacción de las necesidades de las dos cuencas", ha dicho Pascual

Compromís ha registrado este miércoles una proposición de ley en Les Corts para crear el servicio valenciano de meteorología MeteoVAL, un nuevo organismo que "colabore y no compita" con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para mejorar la predicción de fenómenos extremos como la dana del 29 de octubre de 2024.

Esta propuesta contempla crear más estaciones meteorológicas a lo largo del territorio valenciano, garantizando como mínimo una en cada municipio, además de instalar al menos cuatro radares en lugar de tener solo uno en Cullera (Valencia) como actualmente para tener cobertura total y detectar mejor las grandes precipitaciones.

La coalición valencianista también propone una unidad de vigilancia 24/7 para realizar seguimiento en tiempo real en coordinación con el 112, dedicada especialmente a olas de calor, inundaciones e incendios forestales, y una nueva zonificación para adaptar los avisos meteorológicos a la realidad valenciana y que todo el mundo sepa en qué aviso se encuentra su municipio.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha justificado el voto en contra de su grupo parlamentario al decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones al considerar que el texto incorporaba otras medidas que favorecen la ocupación ilegal.

Abascal ha defendido que las políticas dirigidas a los pensionistas deben tramitarse de forma separada y sin vincularse a otros asuntos legislativos, y ha asegurado que Vox apoya la revalorización de las pensiones, pero rechaza que se incluyan en el mismo decreto disposiciones que protegen a los okupas.

Lo ha hecho durante una visita junto al candidato de la formación a la presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, al municipio turolense de Villarluengo, donde ha criticado la falta de iniciativas del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda y ha defendido la necesidad de abordar este problema con políticas específicas.

El dirigente de Vox se ha referido también al acuerdo del Consejo de Ministros para aprobar indemnizaciones a las víctimas de un accidente ferroviario y ha cuestionado que estas compensaciones se financien con fondos públicos.

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la convalidación del decreto de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria, que ha recibido el voto favorable de PSC-Units, ERC y Comuns, la abstención de Junts y la CUP, y el voto negativo de PP, Vox y Aliança Catalana.

Este decreto también incluye el incremento del 3% respecto a 2025 del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), situándose en 9.622,18 euros, cifra de ingresos a partir de la cual se fijan las cantidades de prestaciones del sistema de protección social como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y/o complementos para pensiones no contributivas.

También contempla la actualización de las pensiones y el incremento retributivo para el personal funcionario para los años 2025 y 2026, en un 2,5%.

El decreto de prórroga se ha promulgado ante la falta de unos nuevos Presupuestos para 2026, que el Govern no ha empezado a negociar todavía con sus socios de investidura, ERC y Comuns.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha reconocido la existencia de un "error" en la administración de vacunas caducadas a 253 personas, la mayoría bebés, y ha explicado que se está estudiando si finalmente se opta por revacunar a estas personas después de que la Agencia Española del Medicamento haya indicado que no es recomendable hacerlo.

Martínez, en una rueda de prensa en Agurain-Salvatierra (Álava), ha explicado que, una vez conocida la posición de este organismo estatal, será el Consejo Asesor de Vacunas (CAVE) el que determine si se opta por volver a administrar la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) a las personas que recibieron una dosis de un lote que había caducado recientemente.

Inicialmente, este pasado martes el Gobierno vasco trasladó que el CAVE recomendaba administrar una nueva dosis de la vacuna para asegurar la máxima protección.

El consejero ha reconocido que se ha producido un "error" al administrar estos fármacos, y ha señalado que aún se desconoce cómo pudo producirse este fallo.

El Gobierno andaluz ha insistido este miércoles en reclamar al Ejecutivo central la ejecución de obras hidráulicas consideradas de interés general del Estado, y "pendientes" de acometer en la comunidad autónoma con las que se podría "almacenar más agua" y evitar "problemas" como los que se están produciendo en las últimas horas en Andalucía al hilo del paso de varias borrascas seguidas.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde ha defendido la "apuesta firme, clara y contundente" del Ejecutivo de Juanma Moreno con la depuración de agua después de que haya autorizado este martes el gasto de cerca de 65 millones de euros para la contratación de cuatro obras de depuración que afectan a 14 municipios.

El PSOE ha reprochado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que acuse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "incrementar el censo electoral" con la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno y consideran que o bien "miente" o "no entiende cómo funciona" el sistema.

"Nacionalidad y regularización no es lo mismo", recalca el PSOE en un mensaje en la cuenta oficial del partido en X. "Es de primero de oposición, en la que Feijóo se va a quedar por ignorancia y, además, por difundir bulos", reprochan a continuación.

Los socialistas responden así a unas declaraciones del presidente nacional del PP este mismo miércoles, en las que criticó el reciente anuncio del Gobierno de llevar a cabo una regulación masiva de inmigrantes que viven en España de manera ilegal.

El presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha remitido una carta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le advierte de las "consecuencias jurídicas" si no acude al Pleno extraordinario de este jueves, que impulsó la mayoría absoluta del PP para abordar el accidente ferroviario de Adamuz.

"La falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan", señala Pedro Rollán en su carta.

Y es que el PP usó su mayoría en el Senado para citar a Sánchez y el ministro Óscar Puente en un Pleno extraordinario este jueves por el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies. Sin embargo, el Gobierno delegó su presencia en esta sesión en Puente, recordando que Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso el próximo 11 de febrero para hablar de este tema.

En este contexto, Rollán ha mandado a Moncloa esta carta en la que da por sustanciada la notificación a Sánchez, por lo que deja constancia en el caso de que finalmente adopte alguna decisión.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debatirá en marzo el funcionamiento de las pulseras telemáticas antimaltrato y la obligación de utilizar balizas V16 en carretera, tras la admisión a trámite de ambas iniciativas ciudadanas.

Por un lado, los eurodiputados analizarán dos casos, uno presentado por la asociación española ANAVID, de apoyo a víctimas de violencia doméstica, y otro por la Confederación Española de Policía, que alertan de fallos en el sistema COMETA, utilizado para el seguimiento telemático de agresores.

Por otro lado, la comisión de Peticiones abordará también una solicitud ciudadana sobre la decisión del Gobierno español de imponer, a partir del 1 de enero de 2026, la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0.

Los peticionarios sostienen que esta exigencia podría vulnerar el Derecho comunitario, ya que solo se aplica a conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los de otros Estados miembro pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a la misma exigencia.

La sección civil y de instrucción del tribunal de Instancia de Durango ha imputado a la exalcaldesa de Zaldibar (Bizkaia), Arantza Baigorri, por un presunto delito urbanístico en torno al vertedero de Zaldibar que colapsó el 6 de febrero de 2020.

Dos trabajadores de la instalación —Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze— fallecieron en el derrumbe y, hasta la fecha, dos responsables de la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, han sido ya condenados por sendos delitos de homicidio por imprudencia grave.

Aún quedan, no obstante, por determinar las responsabilidades penales por un delito contra el medio ambiente causado por la gestión del vertedero.

Baigorri (EH Bildu) abandonó su cargo como alcaldesa en 2018, pero en el auto dictado por la magistrada Laura Yuste el pasado 7 de noviembre se encuentra investigada en el marco de un procedimiento por un presunto delito contra la ordenación del territorio relacionado con cuestiones urbanísticas.

Junto a la exregidora, otras ocho personas deberán declarar los próximos meses de mayo, junio y julio como consecuencia de las investigaciones realizadas por la sección de Medio Ambiente de la Ertzaintza.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió este miércoles las medidas tomadas por el Gobierno español para regularizar las personas migrantes y subrayó que ayudará a "reforzar la cohesión social".

"Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes", señaló la oficina en su cuenta oficial de X, un día después de que se iniciaran en España los trámites legales para una regularización de la que se beneficiará alrededor de medio millón de extranjeros que ya se encuentran en el país.

La regularización de migrantes "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk.

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, se ha comprometido este miércoles a poner en marcha avales del 15 por ciento del crédito necesario para la adquisición de vivienda destinados a jóvenes entre 18 y 39 años que puedan pagar la hipoteca, pero no tengan ahorrado el 20 por ciento que suelen exigir los bancos.

Así lo ha indicado en un acto de campaña en Figueruelas (Zaragoza) junto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha valorado las políticas puestas en marcha por Azcón al frente de un gobierno que tiene "trazabilidad" y que está siendo útil para la cohesión territorial y social de la comunidad.

En ese aspecto, Feijóo ha valorado las medidas en vivienda que han inspirado el plan nacional del partido, al tiempo que ha destacado las inversiones "récord" que ha captado la región, que crece y que reduce el paro por encima de la media del país y que se va a convertir en el hub tecnológico del sur de Europa.

El Gobierno ha incluido en el real decreto de medidas de apoyo por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida una disposición para proteger a los trabajadores que no hayan podido ir a trabajar o hayan sufrido retrasos por la afectación en las redes ferroviarias, como ha sido el caso de Rodalies.

Según consta en el real decreto ley de medidas publicado este miércoles en el BOE, los trabajadores que no hayan podido acudir presencialmente a su puesto de trabajo o iniciar su prestación laboral con puntualidad como consecuencia de los accidentes ferroviarios o de las alteraciones del servicio "no podrán ser sancionadas por la empresa ni sufrir perjuicio alguno en su relación laboral".

Junto a esto, recoge que los trabajadores tendrán derecho a que las compañías ferroviarias les faciliten justificantes acreditativos de las incidencias que hayan provocado alteraciones en la prestación del servicio.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial y Agricultura, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, asistirán mañana a la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz que se celebrará a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva.

La alcaldesa de Llaurí (Valencia), Ana María González Herdaro, sustituirá a Ábalos en su escaño en el Congreso tras renunciar hoy a su acta de diputado por Valencia.

La sustituta de Ábalos dio positivo, en abril de 2021, en un control de alcoholemia realizado por la Policía local de Valencia y aceptó pagar una multa de 960 euros y la retirada del carnet de conducir durante 8 meses.

Tras conocer esos hechos, el PSPV-PSOE le abrió un expediente informativo para analizar lo sucedido y valorar las posibles repercusiones, que según han indicado a Efe fuentes cercanas a la alcaldesa fue archivado.

Las mismas fuentes señalan que a pesar de este incidente González obtuvo el respaldo mayoritario de sus vecinos y revalidó el cargo de alcaldesa en 2023.

El PP ha afirmado que, con su decisión de renunciar al acta de diputado por Valencia, José Luis Ábalos le "devuelve ahora el favor" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha agregado que les gustaría saber "a cambio de qué".

"Ábalos devuelve ahora el favor a Sánchez entregando el acta al partido que ambos dirigieron. Querríamos saber a cambio de qué. O de cuánto. Porque con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada", ha puntualizado el PP a través de un comunicado.

La dimisión de Ábalos, afirma el PP, hace que deje de tener escaño "quien nunca debió haberlo tenido" y que Sánchez "recupere un voto que perdió con la entrada en prisión de uno de los suyos" y con ello mitigue "su precariedad parlamentaria".

Pese a esto, la renuncia al escaño "no le permitirá escapar de la acción de la Justicia" y, en una instancia o en otra, "tendrá que rendir cuentas por sus actos". 

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que la renuncia al acta del exministro y diputado socialista José Luis Ábalos es "lo que tiene que hacer", aunque considera que "llega tarde"; al tiempo que ha criticado que Feijóo "permita" que Carlos Mazón mantenga su escaño en el Parlamento autonómico.

"Bueno, pues creo que hace lo que tiene que hacer, lo que tenía que haber hecho antes porque una persona en esta situación procesal, lo sigo opinando, no puede representar a la ciudadanía. Creo que llega tarde", ha reiterado en una entrevista en TVE. 

La también ministra de Trabajo ha subrayado que "una cosa es la responsabilidad política y otra es la responsabilidad penal" y ha defendido que, "más allá del derecho que tiene cada ciudadano a defenderse y por supuesto la presunción de inocencia en todos los casos, hay responsabilidad que tiene que ver con la cosa pública".

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido al Gobierno que "no se la vuelva a jugar" con el decreto de las pensiones y saque de este las medidas que no cuentan con el apoyo mayoritario de la cámara y deje solo las que sí, como la revalorización de las pensiones y del SMI.

"Si hay acuerdo suficiente para que esas medidas salgan adelante, yo no me arriesgaría ni jugaría a la ruleta rusa nuevamente, porque puede pasar que no se vuelvan a aprobar y ¿de quién sería la responsabilidad?", ha advertido Vaquero en una rueda de prensa en el Congreso este miércoles.

En ella, ha reclamado al Ejecutivo que "cambie de actitud" para poder llegar a acuerdos en lo que queda de legislatura.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el plan de regularización "masiva e improvisada" de inmigrantes del Gobierno y se ha mostrado tajante contra lo que significa, ha dicho, "regalar la residencia legal a cualquier persona" que esté en el país y que ha cifrado en 850.000.

Además ha calificado el plan de "inhumano e indecente", además de contrario a la normativa europea y a la legitimidad que debería tener el Congreso para aprobarlo.

A su juicio, esta iniciativa favorece el "efecto llamada". Según sus datos, esas 850.000 personas que están de forma irregular en España y que podrían ser regularizadas se suman a los dos millones de nacionalizados e incorporados al censo español por la ley de nietos.

En este sentido, ha dicho que dar vía libre a todo eso es "una irresponsabilidad".