Podemos se abre a negociar la delegación de la inmigración a Cataluña tras aceptar el PSOE legalizar a 500.000 migrantes

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha confirmado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes acordada con los socialistas.

Montero ha revelado que el pacto con el PSOE para regular a personas migrantes incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado.

"Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya.

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Si bien ha evitado dar más detalles, la dirigente de Podemos ha dejado claro que esta regularización es uno de los elementos que la formación morada considera "fundamental" para que el traspaso de inmigración no refuerce el racismo y la violencia institucional contra los migrantes.

Una clara referencia a Junts, a quienes Ione Belarra no dudó en tachar de "racistas" por el contenido de la iniciativa para transferir a Cataluña competencias en inmigración que PSOE y los de Puigdemont llevaron el pasado septiembre al Congreso y que Podemos tumbó.

Podemos, dispuesto a negociar

Ahora, sólo unos meses después, Irene Montero abre la puerta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, "modificando" el texto que acordaron hace meses PSOE y Junts, para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

También ha señalado que este voto en contra de Podemos no es inamovible: "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista".

Y el hecho de haber pactado la regularización con el PSOE puede allanar el terreno: "Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos. Antes de hablar de competencias y de cómo modificar ese texto que habían pactado PSOE y Junts para que quede libre de racismo, teníamos que regularizar a personas migrantes".

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De hecho, la ley de delegación de competencias en inmigración permanece en el cajón de compromisos pactados entre PSOE y Junts pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista.

Desde Sumar ya dan casi por hecho que el siguiente paso a esta regularización es la delegación de inmigración a Cataluña.

Así lo cree el coportavoz de los comunes y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, que considera que el acuerdo de PSOE y Podemos "va a facilitar que se entienda esa situación" y que los que pensaban que esa transferencia podría restringir derechos vean de forma "clara" que precisamente los reconoce para los migrantes.

El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ya ha dado la "bienvenida" al cambio de posicionamiento de Podemos.

"Siempre hemos reclamado poder tener las competencias de inmigración en Cataluña y lo que teníamos es que Podemos nos vetaba. Ahora mueven su posición, bienvenidos sean", ha asegurado Vergés en una rueda de prensa en el Parlament.

Cómo será la regularización

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

Desde que se hace la solicitud, "habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite". "Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", ha afirmado en una entrevista en La Hora de La 1.

Además, ha explicado que esto va a dar derechos también a los menores que estén con los titulares para que tengan esa regularización de su situación.

Podrán acogerse a esto aquellas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, los migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, o un contrato de alquiler, entre otros.

Esta regularización se aprobará por real decreto, por lo que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

"La regularización de inmigrantes no se lleva al Congreso porque los derechos no se debaten", ha afirmado este martes Irene Montero.