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Quién es quién en la última trama de corrupción en el corazón del Gobierno: los personajes y las empresas
La fontanera del PSOE, Leire Díez; el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, han sido detenidos en el marco de una nueva causa judicial, aún bajo secreto sumarial.
Más información: La azarosa vida de Leire Díez, la fontanera del PSOE que decía tener acceso al presidente y ahora duerme entre rejas
Las últimas detenciones efectuadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una nueva causa judicial, aún bajo secreto de sumario e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, estrechan el cerco político sobre el Gobierno de España.
La fontanera del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, fueron detenidos por sorpresa entre la tarde del miércoles y la mañana de este jueves.
Al haber sido declarada secreta la causa, se desconoce aún qué hechos motivan las detenciones y cuándo se produjeron estos, pero todo apunta a un nuevo caso de corrupción por presuntas irregularidades en la contratación pública, que habría empezado a operar tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en 2018.
Los detenidos están investigados por presuntos delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
Dirige la investigación el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.
El nexo entre los tres detenidos es el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la empresa Servinabar, que fue utilizada para canalizar presuntas mordidas a cambio del amaño de contratos públicos.
Esta mercantil tuvo en plantilla a Vicente Fernández.
En paralelo a estas detenciones, los agentes han practicado varios registros en las sedes de las empresas supuestamente salpicadas. Entre ellas, las sedes de la SEPI, Enusa, Mercasa y Forestalia.
En total, según ha informado la Audiencia Nacional, se han practicado hasta 19 registros en distintas provincias de España.
Los siguientes párrafos detallan, junto a sus principales personajes, el funcionamiento de la supuesta trama corrupta.
1. Antxon Alonso
El nombre de Antxon Alonso salió a la luz a raíz del informe de la UCO que llevó a prisión a Santos Cerdán, de quien era amigo y socio en Servinabar.
Fue, además, quien abrió al exsecretario de Organización del PSOE las puertas de Bildu y PNV, tal y como aseguró Cerdán en su declaración ante el Alto Tribunal.
También fue quien organizó la cita entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi entre el 24 y el 31 de mayo de 2018, en un caserío situado en el País Vasco, para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy, tal y como adelantó EL ESPAÑOL.
Junto con Santos Cerdán, influyó en el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, en pro de las mercantiles Forestalia, Sumelzo y otras compañías de renovables que, supuestamente, les pagaban.
Realizó, de hecho, gestiones para lograr la aprobación del Ministerio de la construcción de una autopista eléctrica entre Aragón y el País Vasco, y actuó de intermediario entre Forestalia, Sumelzo y el Gobierno de Navarra.
Tiene también una empresa de renovables que estuvo domiciliada en la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo: Next Generation Caliope Innova SL.
2. Vicente Fernández Guerrero
Fue presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales entre junio de 2018 y octubre de 2019, y mano derecha de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y vicesecretaria del PSOE. Fue ella quien le puso al frente de la SEPI.
Ambos estrecharon su relación cuando en 2016 Fernández comenzó a trabajar con Montero como interventor general de la Junta de Andalucía, cuando ella estaba al frente de la Consejería de Hacienda de la Junta en el gobierno socialista de Susana Díaz.
En octubre de 2019, fue imputado por el conocido caso Aznalcóllar, que investigaba presuntas irregularidades en el concurso de la mina de Aznalcóllar.
La propia Leire Díez, cuando estaba al frente de la dirección de comunicación de la sociedad pública Enusa, colaboró entonces para exonerarlo de toda responsabilidad y estuvo, de hecho, en las primeras sesiones del juicio antes de que su nombre saltara a la escena pública.
Tras no conseguir el archivo del caso, el expresidente de la Sepi fichó por la constructora Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, en 2021 y estuvo en nómina durante más de año y medio.
Fue también quien tenía alquilado el piso ubicado en Diego de León, que utilizaba la fontanera del PSOE Leire Díez para reunirse con empresarios a fin de recabar información.
3. Leire Díez
Ex militante socialista, su nombre salió a la luz después de que varios medios de comunicación, entre ellos EL ESPAÑOL, revelaran que estaba actuando como fontanera de Ferraz en busca de informaciones contra jueces, fiscales y mandos de la UCO incómodos para el Gobierno.
"Necesito a Balas. Si está muerto, mejor", afirmaba en una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn, en referencia al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) y responsable de las investigaciones que cercan al Gobierno de Sánchez.
Además de Balas, la socialista buscó información contra otros mandos de la Guardia Civil, como el capitán Juan Bonilla, ex jefe de fuentes de la UCO.
Ella aseguraba hablar en nombre del presidente del Gobierno y ser la persona que puso el PSOE para investigar posibles irregularidades.
A cambio de información, Leire Díez ofrecía ascensos a fiscales y guardia civiles.
Por ello, el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid abrió diligencias por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la Justicia.
Fue consejera de Cistec Technology, directora de comunicación de la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y, después, jefa de relaciones institucionales en Correos, empresas dependientes de la SEPI, hasta febrero de 2024.
Junto con otros colaboradores, se llegó a reunir en la sede del PSOE con el entonces director adjunto de Gabinete de Pedro Sánchez, Antonio Hernando, para hacerle entrega de unos audios sobre las saunas del padre de Begoña Gómez.
4. Gaspar Zarrías
Exsecretario de Estado de Cooperación Territorial en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es amigo personal de la vicepresidenta María Jesús Montero, con quien coincidió siete años en el Gobierno de Manuel Chaves, y donde fue presidente en funciones en 2009.
Fue de los pocos que apoyaban a Pedro Sánchez cuando aspiraba a convertirse en secretario general del partido.
También mantuvo a sueldo a Leire Díez mientras esta buscaba información comprometedora de agentes de la Guardia Civil, jueces y fiscales, en la sociedad Zaño Sociedad Consultora.
En esa empresa han trabajado varios dirigentes socialistas como Anabel Mateos, actual secretaria de Municipios del Litoral en la Ejecutiva de Pedro Sánchez y esposa del secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando.
La consultora cobró también de otro de los empresarios investigados por el amaño de contratos públicos, Pepe Ruz, a través de Koldo García, con quien mantenía una estrecha relación.
Fue condenado a nueve años de inhabilitación en cargos públicos por un delito de prevaricación en el caso de los ERE, y fue el último de los dirigentes socialistas a los que el Tribunal Constitucional anuló la condena.
5. Fernando Samper
Empresario aragonés, dueño y presidente del grupo Forestalia, es uno de los grandes actores en parques eólicos y fotovoltaicos, con múltiples proyectos polémicos por impacto territorial.
Su holding Fernando Sol y sociedades ligadas han compartido domicilio y operaciones con empresas de la familia Sumelzo conectadas a Antxon Alonso.
En septiembre de 2023 se reunió en el Palacio de Navarra con el vicepresidente navarro Félix Taberna, Santos Cerdán y los directivos de Forestalia Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.
6. Fernando y Juan José Sumelzo
Miembros de la familia de la diputada socialista Susana Sumelzo, muy próxima a Pedro Sánchez, son empresarios del sector de las energías renovables.
A través de sociedades como Sumelzo SA y otras firmas de energía eólica, intercambian participaciones y cargos con Forestalia y empresas del entorno de Samper, configurando una red de sociedades pantalla para proyectos de parques en Aragón.
Su papel en la trama es el de socios empresariales que se benefician de la “lluvia” de megavatios renovables, conectados a la vez al poder político socialista y a la estructura mercantil investigada.
7. SEPI
Es el holding que aglutina a las distintas empresas públicas en las que el Estado participa, y está adscrita al Ministerio de Hacienda. Entre esas empresas están Correos, Navantia, la Agencia EFE, Tragsa, Mercasa o Hunosa, entre otras.
Es con Vicente Fernández al frente de la presidencia cuando la SEPI entra en el capital de Cistec.
8. Enusa
Empresa pública de ciclo nuclear, dependiente de la SEPI, en la que Leire Díez desempeñó un cargo antes de su salto a Cistec y Correos, cumpliendo el patrón de puertas giratorias entre empresas estatales.
De hecho, todo apunta que los agentes han registrado su sede por la conexión con la exmilitante socialista.
De momento, lo que se ha hecho público es la práctica de registros y requerimientos de documentación en la empresa, sin que se haya detallado una imputación específica a la propia Enusa como entidad.
9. Correos
En esta nueva trama, Correos ha sido una de las empresas públicas registradas por la UCO.
Leire Díez fue directora de Filatelia y responsable de relaciones institucionales en Correos. Los investigadores analizan si su posición pudo reforzar su red de contactos y su capacidad de acceso a información o influencia.
10. Forestalia
La vinculación entre Forestalia y la familia Sumelzo se remonta al año 2017. Esta mercantil comparte domicilios y bufetes con sociedades de la familia de la secretaria de Estado, Susana Sumelzo, y con la sociedad Next Generation Caliope Innova, administrada por Ántxon Alonso hasta poco antes de su detención.
La trama apunta a que empresas como Forestalia podrían haber recibido trato preferente vía SEPI y sus participadas (Cistec, Enusa), con Leire Díez y Fernández como posibles facilitadores de fondos y contratos. Aunque Forestalia no figura como detenida ni imputada directa, su inclusión en los registros refuerza la hipótesis de una red donde renovables sirven de vehículo para flujos irregulares, conectados a Servinabar (de Alonso) mediante posibles mordidas.
11. Sumelzo SA
Esta constructora, radicada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), está gestionada por el hermano y el primo de Susana Sumelzo, quien se ha desvinculado completamente de los negocios de su familia.
"Nunca he tenido relación económica ni intervención alguna en estas actividades empresariales", aseguró a EL ESPAÑOL.
La empresa ha recibido decenas de millones en contratos de obra pública desde que Sánchez llegó a Moncloa. La UCO ha hallado un pago de esta mercantil a la constructora Servinabar, de Santos Cerdán y Antxon Alonso.
12. Next Generation Caliope Innova
Es una sociedad instrumental de renovables fundada el 8 de abril de 2022 y administrada por Antxon Alonso desde septiembre de ese año hasta noviembre de 2025, cuando se desvinculó justo antes de su detención. Estuvo domiciliada en la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo.
Tiene un activo de 2.180.918 euros y no ha tenido facturación en los últimos años. El socio de Cerdán inscribió la sede de la empresa en la calle Serrano, 76 de Madrid.
En ese domicilio se encuentra el bufete de abogados GVJ & Associates, que opera en Suiza. Este despacho está especializado en energías renovables.
13. Servinabar
Esta sociedad, propiedad de Antxon Alonso y de Santos Cerdán, según la UCO, es la que, según los investigadores, habría percibido alrededor del 2% de obras adjudicadas irregularmente a Acciona, acumulando cerca de 6,7 millones de euros en comisiones ilícitas.
Acciona tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con una trama que supuestamente lograba contratos por medio de Santos Cerdán, que era el enlace con el Ministerio de Transportes.
Recibió más de 100 millones de euros en contratos públicos del Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite, incluyendo la obra de los túneles de Belate por 76 millones.
Contrató también a la mujer del exsecretario de Organización, Francisca Muñoz, en 2018 por la que recibió una nómina de 1.900 euros netos al mes, y pagó el ático en el que vivía mientras era miembro del PSOE, según la documentación de la Guardia Civil.
Recibió transferencias relevantes desde sociedades vinculadas a Forestalia y la familia Sumelzo.
14. Mercasa
Es una empresa pública de mercados mayoristas y de la que el holding público ostenta el 51% del capital y el Ministerio de Agricultura el 49%, con filiales en logística alimentaria (Mercamadrid, Mercabarna), transporte nuclear (ETSA) y gestión de residuos (EMGRISA).
Pese a que por el momento no hay ninguna imputación de directivos ligados a esta sociedad, los agentes han registrado su sede para requerir documentación sobre posibles irregularidades en contratos y adjudicaciones públicas. Sobre todo, bajo la gestión de Fernández y el período en que la fontanera del PSOE estaba en otras entidades públicas.
15. Cistec Technology SL
Es una empresa tecnológica vasco‑navarra, que se sitúa ahora en el centro de la detención de Leire Díez.
La SEPI se hizo con el 25% de su capital en 2018, año en el que Sánchez llegó a la Moncloa y en que la fontanera del PSOE fue consejera entre 2021 y 2023.
No obstante, Díez no cobró retribución como consejera, pese a que los agentes investigan si la compañía fue utilizada como plataforma para canalizar fondos y desviarlos hacia otras mercantiles.
Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, esta sociedad ha ganado más de 60 adjudicaciones públicas por unos 5,5 millones de euros y ha recibido subvenciones y ayudas públicas cercanas al millón de euros.
