Ribera rechaza intervenir los alquileres como pide Moncloa: "La Comisión no tiene intención de regular los precios"

En una carta remitida al Grupo Popular Europeo, conocida por este periódico, la exvicepresidenta de Pedro Sánchez admite que el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible no incluirá topes a los precios.

La aclaración de Ribera llega después de que el PP Europeo le exigiera explicaciones formales tras su intervención en la comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo.

Cinco europarlamentarios del PPE, encabezados por los españoles Borja Giménez Larraz y Maravillas Abadía, reclamaron a la Comisión, en otra carta a la que tuvo acceso este diario, que se desmarcara de cualquier vía de control político de los alquileres y de los precios de venta.

En su escrito a Teresa Ribera y a Dan Jorgensen, el también socialdemócrata comisario de Energía y Vivienda, los populares recuerdan que "el diagnóstico de la crisis de vivienda es compartido", pero advierten de que "las recetas ya probadas de control de rentas han fracasado".

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Los eurodiputados españoles, junto a Nikolina Brnjac, Dirk Gotink y Regina Doherty, aportan datos de capitales europeas, como Berlín y Barcelona, donde los topes al alquiler "han reducido drásticamente la oferta", han disparado la inseguridad y no han logrado "contener los precios".

Intervencionismo en España

La respuesta de la Comisión supone una victoria política para el PP europeo, que desde hace meses intenta blindar el plan comunitario frente a las tesis intervencionistas que se aplican en España bajo el mandato de Sánchez y de la ministra Isabel Rodríguez.

Los populares quieren que Bruselas marque una línea nítida: "Más vivienda y seguridad jurídica", y no repetir el modelo de límites generalizados promovido por la Ley de Vivienda.

El origen del choque está en una intervención reciente de Ribera en la comisión de Vivienda de la Eurocámara, donde se interpretó que abría la puerta a "establecer topes" de precios en alquileres y compras dentro del Plan de Vivienda Asequible de la UE.

Los eurodiputados del PPE alertaron de que ese mensaje abría "un camino regulatorio que ya ha fracasado" y reclamaron una rectificación por escrito.

En su carta a Jorgensen, Giménez Larraz y el resto de firmantes recuerdan que "los controles directos de precios crean una ilusión de alivio inmediato para unos pocos, a costa de empeorar permanentemente el acceso a la vivienda para el público en general".

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Insisten en que la experiencia europea demuestra que los controles "desincentivan la inversión, reducen el parque disponible y alimentan mercados paralelos más caros y opacos".

Berlín, Barcelona y Estocolmo

En Berlín, explican, el Mietendeckel "redujo la oferta de viviendas de alquiler hasta en un 60%", desplazó pisos al mercado de venta o al alquiler turístico y así, lejos de abaratar, empujó los precios al alza.

Barcelona se menciona como otro caso de laboratorio: la Ley 11/2020 recortó la oferta de alquiler de larga duración en un 13% y no consiguió contener los precios. Esta dinámica, subrayan, se ha visto después replicada por la Ley estatal por el derecho a la Vivienda.

Un tercer ejemplo es Estocolmo, donde un sistema de control estricto ha generado listas de espera con más de 810.000 demandantes y demoras medias de nueve años en 2023.

"La Comisión no puede adoptar una estrategia de distribución de la escasez", advierten los eurodiputados. "Una política social eficaz no consiste en gestionar la escasez, sino en generar abundancia", remachan en su misiva.

La carta de respuesta firmada por Ribera y Jorgensen asume gran parte de ese diagnóstico y despeja el temor a una directiva de topes generalizados. "Ambos deseamos subrayar que la Comisión no tiene intención de regular los precios de la vivienda como parte del próximo Plan de Vivienda Asequible", escriben los miembros de la Comisión.

"No más de lo necesario"

Ribera matiza además el alcance de sus palabras en la comisión parlamentaria. Asegura que se refería a salvaguardas y "condicionalidades para los esquemas nacionales de apoyo público" bajo la decisión sobre ayudas de Estado a servicios de interés económico general (SGEI), y "no a regulaciones de precios en general".

Bruselas sí cree necesario que esas condiciones a la vivienda protegida que recibe apoyo público "se fijen de forma transparente" y sitúen sus precios "por debajo del mercado", pero que éstos "no se reduzcan más de lo necesario".

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Es decir, se trata de evitar abusos con dinero público, no de imponer un techo político a todo el mercado inmobiliario europeo.

La Comisión descarta una regulación directa de precios y apuesta por aumentar la oferta. Sin embargo, Moncloa reivindica el modelo de control de rentas, la empresa pública Casa 47 y la extensión de los topes de precios en "zonas tensionadas".

El eurodiputado Giménez Larraz resume la diferencia asegurando que Ribera "descarta implementar en Europa lo que Sánchez hace en España" y confía en que el plan final recoja las propuestas del PPE: "Más y más vivienda, menos burocracia y seguridad jurídica frente a la ocupación ilegal".

Maravillas Abadía, por su parte, reclama centrar el futuro plan europeo "en los jóvenes y las familias", para quienes el acceso a la vivienda se ha convertido en el "principal freno a su proyecto vital".