El PSOE se saltó su protocolo antiacoso en el 'caso Salazar' al no poner asesoramiento legal y ayuda psicológica a las víctimas

Estas medidas y otros mecanismos de protección a la víctima se tienen que adoptar una vez admitida a trámite la denuncia y como parte de una evaluación preliminar.

Sin embargo, fuentes del PSOE consultadas por este periódico, eluden responder si la formación ha adoptado o no estas medidas de protección a las víctimas en el caso Salazar, a pesar de que forman parte de las obligaciones que se exponen en el protocolo antiacoso. "Tenemos que esperar a que el informe diga qué pasos se han dado", explican.

El PP cita en la 'comisión Koldo' a Salazar: "Al Peugeot, Sánchez subió a conseguidores, puteros, comisionistas y acosadores"

Pero lo cierto es que, según el propio protocolo, el informe se elabora en una fase posterior por un órgano independiente que luego remite a la secretaría de la Organización, mientras que las actuaciones de protección deben de activarse desde el momento en que se conocen los hechos.

El documento -negociado desde 2021 con los representantes de los trabajadores y validado por la Comisión Ejecutiva Federal- establece que el PSOE "se compromete a adoptar las medidas necesarias y mecanismos de protección [...] que eviten que la situación de acoso perdure y genere un mayor daño a la víctima".

Entre esas medidas obligatorias también se incluye la puesta a disposición de información sobre todos los recursos públicos disponibles en materia de protección judicial, administrativa o laboral. Todo ello debe comunicarse por escrito a la denunciante.

El protocolo también recoge que cuando los hechos pudieran constituir delito, deben ser trasladados al Ministerio Fiscal. No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegó hace escasos días que la vía judicial no podía activarla el partido, sino que tenía que ejecutarlo la propia víctima.

Fuentes del PSOE se han limitado a subrayar que "el procedimiento se está siguiendo", sin concretar qué medidas concretas han sido activadas. Tampoco se ha confirmado si la denunciante ha recibido notificación oficial de las medidas disponibles para ella, tal y como exige el documento interno.

Núcleo de protección

Estas medidas no son accesorias: forman parte del núcleo del sistema de protección que el PSOE dice ofrecer para garantizar que las personas denunciantes puedan afrontar el proceso sin represalias y con el apoyo institucional suficiente.

A ello se suma que, en respuesta a este periódico, el propio partido ha reconocido una "falta de diligencia en una parte del proceso". "No hay que esperar al informe para ofrecer esas medidas. El PSOE ha pedido disculpas por ello, pero el protocolo funciona y se ha puesto en marcha", sostienen.

El hermetismo de Ferraz contrasta con el nivel de detalle procedimental del protocolo, que describe plazos, fases y obligaciones, incluido el compromiso de contactar individualmente con las partes y acompañarlas durante todo el proceso.

Hasta hace escasas semanas, el partido había rechazado pronunciarse sobre el caso, asegurando que no tenía conocimiento de las denuncias que había en contra de Francisco Salazar.

La polémica se originó a principios del mes de julio, cuando el exasesor de Sánchez iba a ser nombrado como adjunto a la secretaría de Organización del PSOE por el Comité Federal tras el estallido del caso Cerdán.

Pero durante esa misma mañana, se publicaron varias denuncias que motivaron que el propio Salazar renunciara a su nombramiento y dimitiese como miembro de la Ejecutiva.

Pedro Sánchez ha asumido "en primera persona responsabilidades" públicamente por los escándalos que afectan al Gobierno, aunque sin que ello se haya traducido en consecuencias reales para él.

El presidente tildó de "error" el hecho de que el partido no haya tramitado hasta pasados cinco meses las denuncias presentadas por dos mujeres contra su exasesor en los canales internos de la formación.

La respuesta orgánica se ha limitado a replicar el patrón observado en otros casos recientes —como los que afectaron al exsecretario de Organización Santos Cerdán o al exministro José Luis Ábalos—: el cese de la persona implicada y de su número dos, Antonio Hernández.

En el Senado, PP y Vox han acusado al Gobierno y al PSOE de inacción y de intentar encubrir los presuntos acosos sexuales atribuidos a Salazar, señalando que las denuncias se habrían "cortocircuitado" en los canales internos del partido.

El PP ha vinculado este caso con otros episodios que, a su juicio, desmienten el discurso feminista que el Ejecutivo abandera, mencionando también la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí.