La Inteligencia israelí detecta que fondos de la UE y de España financian los 'sueldos por matar' que la ANP paga a terroristas

Fuentes cercanas al Gobierno de Benjamin Netanyahu denuncian que la ANP estaría utilizando "fondos que provienen de donantes internacionales", incluidos España y la Unión Europea.

La información que obra en poder de este periódico procede de dos informes internos de la Inteligencia israelí. Esta versión ha sido corroborada por fuentes parlamentarias y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, Ejército).

La financiación de los terroristas se produce a través de "donaciones que no están condicionadas ni supervisadas específicamente", lo que permite desviar recursos hacia compensaciones que "contravienen compromisos asumidos públicamente" con los donantes.

Fuentes de Exteriores aclaran que las dos partidas españolas a las que se podrían referir esos informes se han vehiculado "a través del instrumento PEGASE de la Unión Europea".

Este Mecanismo Europeo-Palestino de Gestión de la Ayuda Socioeconómica fue creado en 2008, y cuenta "con altos estándares de control aplicados mediante auditorías ex ante y verificación ex post".

Así, desde el departamento de José Manuel Albares se desmiente cualquier acusación directa: "Usamos Pegase desde 2008, siendo el mecanismo utilizado por todos los gobiernos desde entonces. PEGASE canaliza fondos de la Comisión y de muchos Estados miembros".

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Pero hay tres elementos que las fuentes consultadas refieren: uno, que las exigencias de la UE a la ANP Mahmud Abbas para terminar con los "sueldos por matar" son posteriores al 7-O.

Dos, que la documentación israelí señala directamente a esos fondos de la UE, por su eventual responsabilidad política en la "falta de control", y a los Estados miembros, como España, por la responsabilidad ética.

Y tres, que "los pagos no sólo no se han detenido, sino que continúan, ahora de manera encubierta".

Crisis diplomática

Jerusalén mantiene una crisis diplomática profunda con el Ejecutivo español de Pedro Sánchez.

La relación bilateral ha experimentado un deterioro sin precedentes desde las fechas posteriores al salvaje atentado de Hamás, el 7 de octubre de 2023, y sobre todo, desde que España reconoció el Estado palestino en mayo de 2024.

Aquella decisión provocó la retirada de la embajadora israelí de Madrid.

La posición del Gobierno español se ha definido por declaraciones cada vez más duras contra la respuesta militar israelí en Gaza. En mayo de 2025, Sánchez lideró una declaración internacional condenando el bloqueo de Gaza como "genocidio".

Israel respondió convocando a la embajadora española para una "reunión de reprimenda". Las tensiones escalaron durante octubre de 2025, cuando el Gobierno español impulsó un decreto para el embargo de armas a Israel.

La votación en el Congreso, incluso, se fechó para el 7 de octubre, segundo aniversario de la masacre, y Netanyahu lo calificó públicamente de "cínica y aberrante".

En paralelo, España ha redoblado significativamente su apoyo financiero a la Autoridad Palestina.

Desde los atentados de Hamás, Madrid ha movilizado más de 76 millones de euros en ayuda humanitaria y cooperación.

El Gobierno sostiene que este incremento es necesario porque "Israel retiene los ingresos fiscales que le corresponden a la ANP", asfixiando financieramente a la autoridad palestina.

Fuentes de Exteriores afirman que el Ejecutivo de Netanyahu busca deliberadamente debilitar a Abbas para impedir la viabilidad de una solución negociada de dos Estados.

"La ANP, única interlocutora"

El Gobierno español ha argumentado públicamente que "fortalecer a la ANP es la única vía posible" para garantizar que "Hamás nunca podrá tener poder político" en un futuro Estado palestino.

El ministro Albares ha reiterado esta posición en múltiples ocasiones, insistiendo en que la ANP es "la única interlocutora y la única autoridad representativa" de los palestinos y que su estabilidad institucional es clave para la paz.

Además, la inmensa mayoría de la ayuda española a Palestina, "que sí se ha aumentado", ha sido vehiculada a través de mecanismos multilaterales con supervisión internacional.

De los más de 76 millones de euros entregados desde octubre de 2023, fondos significativos se han canalizado mediante la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos), la OCHA (Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios), el Programa Mundial de Alimentos y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

España autorizó 233 millones de euros para organismos internacionales en 2024, incluyendo 20 millones específicamente para UNRWA.

Pero son las dos excepciones a este patrón de supervisión multilateral las que resaltan las fuentes israelíes. Se trata de dos desembolsos directos: uno de 2 millones de euros en agosto de 2024 para "salarios y pensiones" de funcionarios palestinos; y un segundo de otros 2 millones de euros en octubre de 2025 canalizados a través del mecanismo PEGASE de la Unión Europea, igualmente destinados a "salarios y pensiones".

Los pagos

Según los documentos de Inteligencia israelí que obran en poder de este periódico, estas ayudas "sin etiqueta específica" son precisamente las que preocupan al Gobierno de Netanyahu.

Fuentes del entorno israelí sostienen que "tanto España como la Unión Europea hacen como que no saben que la ANP mantiene en pie estos programas de pagos a terroristas, pero esa es una falacia, como prueban estos documentos".

Uno de los informes explica cómo "desde 2004, la ANP ha mantenido una estructura legal de pagos a terroristas presos y sus familias".

La legislación palestina establece que el importe de la compensación está "directamente vinculado" a la duración de la sentencia de cárcel: "Cuanto más grave sea el ataque terrorista, mayor es la recompensa".

El documento detalla que "los terroristas presos en Israel reciben estipendios mensuales: un preso sin familia recibe 1.800 shekels (unos 515 euros), mientras que un preso casado recibe 2.500 (unos 715 euros)".

El informe recoge que cuando un terrorista cumple "cinco años de cárcel, la recompensa se incrementa en un 50%". Si cumple 30 años o más, la compensación mensual se duplica.

Los familiares de los denominados "mártires" (terroristas asesinados durante operaciones) también reciben pagos mensuales permanentes.

Exigencias

Los donantes internacionales exigieron a la ANP que interrumpiera este programa de pagos como "condición" para mantener la financiación internacional. La Autoridad Palestina anunció públicamente el cese del programa en una fecha específica.

Sin embargo, el programa nunca cesó completamente.

La ANP "simplemente modificó su estructura administrativa", trasladando los pagos a través de oficinas postales en Cisjordania operadas bajo nomenclatura informal y sin registros contables oficiales vinculables directamente a Ramallah.

Un segundo informe de la inteligencia israelí recoge que el 25 de octubre pasado, a las 10:00 horas, las oficinas de correos de la ANP realizaron pagos de salarios y estipendios a terroristas presos y a familias de "mártires".

El documento recoge conversaciones en redes sociales sobre los pagos parciales de la ANP, ante su crisis de financiación, entre receptores de estos pagos.

Un beneficiario preguntó: "Buenas noches, para quienes tienen salarios superiores a 5.000 shekels (1.430 euros), ¿cuánto han recibido hoy en porcentaje?".

Las respuestas indicaban pagos parciales: algunos habían recibido 3.000 shekels (1.230), otros el 50% de sus salarios habituales.

El documento señala que la ANP "deliberadamente, no realizó anuncios públicos oficiales" de estos pagos precisamente porque había comunicado a los donantes internacionales que el programa había finalizado.

El retraso en los pagos estaba calculado para que "todos, incluso las familias de los terroristas", creyeran que el programa realmente había terminado.

El informe de inteligencia documenta que en los días siguientes al 25 de octubre, familiares de presos terroristas y personas heridas en operaciones contra objetivos israelíes se movilizaron públicamente, manifestándose contra la ANP y exigiendo explicaciones sobre el cese del programa.

Amenazaron con "protestas sin precedentes" si no recibían aclaraciones.

Ante estas presiones públicas, la ANP comunicó extraoficialmente a los receptores cuándo y cómo continuarían los pagos, así como en qué oficinas de correos específicas de Cisjordania podría accederse a ellos.

Esta comunicación informal permitía mantener la apariencia oficial de que el programa había sido discontinuado.

El documento destaca que este mecanismo de "oficinas postales" actúa como un colchón administrativo: la ANP puede afirmar públicamente que no realiza estos pagos, mientras que los fondos llegan efectivamente a terroristas y sus familias a través de canales informales que no generan registros contables rastreables hasta Ramallah.