El PP denuncia ante Bruselas el silencio del Gobierno de Sánchez sobre la agresión al periodista José Ismael Martínez

El Partido Popular ha denunciado este miércoles ante la Comisión Europea el "silencio" del Gobierno de Pedro Sánchez tras la agresión sufrida por el periodista de El ESPAÑOL José Ismael Martínez, a manos de un grupo de radicales abertzales la semana pasada mientras ejercía su labor informativa en la Universidad de Navarra.

En una carta, la vicepresidenta del Grupo del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha advertido al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y a la vicepresidenta de Democracia, Henna Virkkunen, del "constante hostigamiento y ataques públicos" contra periodistas en España.

Sobre la agresión a José Ismael Martínez, Montserrat recuerda que fue "atacado violentamente por un grupo de radicales mientras ejercía su labor informativa" y que, durante el ataque, "el redactor perdió temporalmente la visión de su ojo derecho y solo la rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó consecuencias aún más graves".

"Resulta especialmente alarmante", añade, "que, pese a la gravedad de los hechos y al profundo impacto que este suceso ha generado entre los profesionales de la información, el Gobierno no haya condenado públicamente esta agresión ni expresado su apoyo al periodista atacado".

Y concluye: "Este silencio institucional no solo ampara implícitamente la violencia contra los medios, sino que además envía un mensaje desalentador a quienes informan desde el terreno sobre cuestiones de interés público".

EL ESPAÑOL denuncia ante la ONU al Gobierno por retirar publicidad institucional para "castigarle por su línea editorial"

La eurodiputada del PP atribuye el deterioro de la libertad de prensa en España a que el Gobierno de Sánchez, "acorralado por los escándalos de corrupción", quiere "amordazarla".

En este sentido, reclama acciones inmediatas a Bruselas para que no espere hasta el próximo informe sobre el Estado de Derecho y "haga un seguimiento estrecho de la situación de la libertad de prensa en España y de los ataques a periodistas que informan sobre casos judiciales vinculados al Gobierno o sobre asuntos que no son de su interés".

Según Montserrat, durante los últimos meses "múltiples periodistas han sido señalados y descalificados públicamente" por miembros del Gobierno, incluyendo algunos ministros, entre los que cita a Óscar Puente.

A este respecto, la carta habla de ataques contra periodistas como David Alandete, Ketty Garat o Elisa Beni.

"Estos ataques generan un clima de intimidación que amenaza la independencia de los medios y pone en riesgo la seguridad y la integridad de los periodistas, repercutiendo negativamente en el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y plural", ha avisado a la Comisión Europea.

Publicidad institucional

Por otro lado, Montserrat ha denunciado que el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó en 2024 como "un instrumento para combatir la desinformación y mejorar la calidad democrática" ha servido, sin embargo, para "centralizar la asignación de publicidad institucional bajo criterios discrecionales".

En este sentido, ha censurado que con este Plan el Gobierno de Sánchez crea un registro obligatorio de medios permitiendo que la Administración beneficie a medios afines y perjudique a los críticos, algo ha recordado, que ha denunciado EL ESPAÑOL.

"El Gobierno no divulga públicamente los montos adjudicados ni responde a solicitudes formales de información, pese a existir leyes de transparencia", añade.

Una situación que se "agrava" con la inminente tramitación del anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación, cuya redacción permitiría a los jueces identificar las fuentes de información en supuestos excepcionales, incluso mediante medidas de vigilancia intrusiva.

Una propuesta que ha sido criticada de manera unánime por periodistas de investigación y de tribunales de medios como EL ESPAÑOL y otros como El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Diario.es, El Periódico o The Objective.

"Los profesionales advierten que esta ley podría amordazar al periodismo de investigación, impedir la publicación de informaciones de interés público y otorgar a jueces competencias ambiguas sobre la interpretación de seguridad nacional o elementos esenciales del sistema constitucional, lo que afecta directamente a la libertad de prensa y a la transparencia democrática", subraya.