La Eurocámara acusa a Sánchez de 'impedir' que entre en vigor la ley electoral europea por 'su pacto de investidura con el PNV'

Según el documento, de 14 páginas, "únicamente España incumplió el mandato" del Consejo y la Eurocámara, tras la aprobación, en 2018, de la Decisión 2018/994 del Consejo, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y hasta en el BOE.

La norma establece un "umbral mínimo" del 2% del voto para obtener representación en las elecciones europeas. Y el informe advierte que "establecer un umbral electoral implica la posibilidad de que algunos partidos políticos más pequeños (especialmente los regionales) no puedan elegir diputados al Parlamento Europeo".

Así, aunque esa barrera "beneficiará a los principales partidos políticos", se puede argumentar que "los potenciales impactos del umbral para los socios menores de la coalición, así como la relativa inestabilidad política", son los motivos de este incumplimiento, añade el documento.

España es el único Estado miembro de la UE que no ha llevado a su legislación la reforma electoral europea, a pesar de que Sánchez se estrenó como presidente español y miembro del Consejo Europeo, en junio de 2018, aprobando esta medida, por unanimidad, con el resto de jefes de Estado y de Gobierno.

Por esta razón, el Parlamento Europeo decidió el envío de una misión de examen a España, el pasado mes de mayo.

Negativa sólo de España

Esta reforma del Acta Electoral Europea, de 1976, fue respaldada por mayoría abrumadora en el Parlamento Europeo y por unanimidad en el Consejo Europeo, es un "mandato" para los Veintisiete y "obliga" a todos sus gobiernos, tal como remarca el informe.

De hecho, la reforma tenía un plazo de ratificación "hasta tres semanas antes" de las elecciones europeas de junio de 2024.

Pero la negativa del Ejecutivo español a impulsar la reforma de la LOREG impidió que entrara en vigor, facilitando la "fragmentación" de la Eurocámara y la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas", como el PNV, "y separatistas", como ERC, Bildu y Junts, que quedaron cerca de ese umbral mínimo.

La norma europea no es técnicamente un reglamento ni una directiva. Se trata de una modificación del Acta Electoral Europea de 1976, que funciona como una ley de bases. Por eso, requiere la ratificación por todos los Estados miembros para su entrada en vigor.

El texto exige a los países con más de 35 eurodiputados, como España, establecer un umbral mínimo del 2% al 5% de votos para acceder al reparto de escaños en las elecciones europeas.

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Por eso, el informe de la comisión AFCO del Europarlamento "lamenta profundamente el acuerdo político entre el Gobierno español y los partidos nacionalistas que obstaculiza cualquier modificación de la Ley Electoral española (LOREG) y, en última instancia, impide la ratificación de la Decisión 2018/994 del Consejo".

Así, aprobado el documento, se "insta a España a que inicie cuanto antes los procedimientos legislativos formales para aprobar" la reforma, "ya que ello ayudaría a mitigar la fragmentación en el Parlamento Europeo y contribuiría a garantizar una institución más estable y funcional, mejor capacitada para representar eficazmente a los ciudadanos".

"Desprecio institucional"

La citada misión de la comisión AFCO visitó Madrid en mayo para investigar los motivos de este bloqueo. La delegación, compuesta por eurodiputados de diferentes países y partidos, se declaró "alucinada" por la negativa del Gobierno español "siquiera" a recibirles. Ningún ministro accedió a reunirse con ellos, lo que fue calificado como un "desprecio institucional total" por parte de los europarlamentarios.

Los países afectados por este aspecto de la norma, la primera ley electoral de la UE en toda su historia, fueron Alemania, Francia, Italia, España y Polonia, al repartir más de 35 escaños.

En realidad, Roma y Varsovia quedaban exentos, dado que utilizan un sistema electoral por circunscripciones regionales en las europeas. Y París no hubo de hacer reforma alguna, ya que su ley electoral ya contempla un umbral mínimo del 5% del voto para obtener representación.

Sin embargo, el caso de Berlín es paradigmático de los efectos del bloqueo español. Hasta en dos ocasiones, la Corte Constitucional germana rechazó en el pasado la imposición de este tipo de barreras en sus leyes nacionales.

Sin embargo, en este caso, al ser una norma de la UE, cuyo derecho prevalece sobre el nacional, se pudo impulsar, después de mucho debate, y logrando el apoyo de dos tercios en las dos cámaras de su Parlamento, a pocas semanas de la campaña del 9-J de 2024. "La misma mayoría cualificada que es necesaria para una reforma constitucional", remarca el informe de la Eurocámara.

Madrid, en cambio, "no ha dado ningún paso legislativo para adaptarse" a la nueva exigencia europea.

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Y por eso, el Parlamento Europeo "considera necesario", si el Gobierno de Sánchez se sigue negando a cumplir sus obligaciones "lo antes posible", que el pleno de la Cámara invoque la "urgente necesidad" de aprobar la reforma, "enviando una carta formal al Consejo, sobre la base del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE [Tratado de la UE]".

Las pruebas

Durante la misión, los eurodiputados se reunieron con representantes del Congreso, el Senado, profesores de Derecho Constitucional y miembros del Tribunal Supremo. Todos coincidieron en que "el obstáculo no es jurídico, sino político", como recoge el informe.

Por ello, la Eurocámara concluye que la principal razón del bloqueo "es política". Según destaca textualmente el informe, "la situación se complica por el hecho de que el PSOE y EAJ-PNV, el mayor partido nacionalista vasco, firmaron un acuerdo para formar gobierno el 10 de noviembre de 2023".

Y que en ese documento se establece "explícitamente" que una de las condiciones de los nacionalistas vascos para investir a Sánchez era "que el PSOE no promoviera ninguna modificación de la LOREG".

Es más, el documento que se presenta este miércoles en la Eurocámara demuestra sus acusaciones: "De cara a las elecciones europeas de junio de 2024, es evidente hasta qué punto se distorsiona la representación democrática: la coalición CEUS, de la que EAJ-PNV era miembro, obtuvo un escaño con tan solo el 1,63 % de los votos emitidos en España".

Es decir, claramente por debajo del umbral mínimo que, al haber sido bloqueada su entrada en vigor por la "falta de iniciativa del Gobierno de España", sí permitió que Oihane Agirregoitia lograra un escaño en el Parlamento Europeo.

"No es serio"

El documento ha sido redactado por el eurodiputado Borja Giménez Larraz, ponente designado por AFCO y perteneciente al EPP.

Para elaborarlo, no sólo formó parte de la misión a Madrid, sino que se desplazó a Berlín, ya en junio. Allí se entrevistó con miembros del Bundestag, con funcionarios y académicos, para comparar las "dificultades" de implementar la reforma en Alemania con el bloqueo de España.

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El pasado 24 de junio, el ponente dio cuenta de sus conclusiones de palabra, ante la comisión AFCO. Ante los testimonios y pruebas recabados, en su intervención señaló que "por contentar a sus socios, Sánchez ha ejercido un bloqueo político a una reforma europea que afecta a los Veintisiete".

Y responsabilizó al presidente español de que "la reforma en Alemania sigue en suspenso", tras haber afrontado un duro debate constitucional para cumplir con el resto de Estados miembros. "Es decir, que por una decisión política del Gobierno español, otros Estados miembros no pueden aplicar algo que ya han aprobado. Esto no es serio".

En consonancia con estas palabras, el informe es "demoledor" para España, según fuentes comunitarias. El dictamen exige la ratificación inmediata de la reforma y deja en evidencia al Gobierno por incumplir un mandato expreso del Parlamento Europeo y del Consejo.

Estas mismas fuentes revelan a EL ESPAÑOL que el grupo socialista en la Eurocámara trató de introducir excepciones a la norma, que salvaran a "los partidos de ámbito territorial limitado", pero los servicios jurídicos lo rechazaron por inviable.

Es más, esa maniobra terminó por demostrar, según estas fuentes consultadas, que el bloqueo español a la norma europea "responde a la necesidad del Gobierno de mantener el apoyo de los nacionalistas y separatistas para su propia supervivencia parlamentaria" en las Cortes españolas.