Felipe González en el Congreso de los Diputados en 1989 y Mariano Rajoy en 2017.

Felipe González en el Congreso de los Diputados en 1989 y Mariano Rajoy en 2017.

Política

De la Fiscalía Anticorrupción al "pacto por la regeneración": ni a González ni a Rajoy les salvó de los escándalos un lavado de cara

Los dos expresidentes más asediados por los escándalos también recurrieron de forma estéril a defender sus reformas cuando se vieron acorralados.

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Los escándalos de corrupción suelen dejar libretos ya escuchados. Negarlo todo, identificar las manzanas podridas, descargar toda culpa en esas personas y, después, pasar al ataque.

Son los pasos habituales en el manual de respuesta ante la corrupción, los que ya siguieron otros. Y, como ellos, Pedro Sánchez ha ido transitando todas esas fases hasta llegar a la última, la actual.

El 19 de abril de 1994, José María Aznar subió a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y le espetó a Felipe González que durante "demasiado tiempo" había "negado la realidad" o la había "simplificado, alegando que se trataba de casos aislados".

El entonces presidente del Gobierno reaccionaba, en un intenso Debate sobre el estado de la Nación, retando a su oponente a presentar una moción de censura contra él.

Las salidas para un líder acorralado son tan estrechas que incluso las palabras se repiten, como un viejo ritornelo desgastado por el uso.

Y si Sánchez invita ahora también a Alberto Núñez Feijóo a censurarlo en el Congreso, sus palabras no difieren mucho de las de Mariano Rajoy, cuando tuvo que afrontar un periodo de siete años en Moncloa asediado por la corrupción.

El mismo tiempo, por cierto, que lleva Pedro Sánchez en el Gobierno.

Reformas antes que reproches

Rajoy ya defendía hace una década que las cuentas de su partido estaban "limpias", que los casos de corrupción afectaban sólo a elementos aislados del PP y que su gabinete había hecho más que ningún otro por combatir la corrupción.

El 30 de agosto de 2017, en un pleno extraordinario en el Congreso por el caso Gürtel, Rajoy defendía que "contra la corrupción son más efectivas las reformas que los reproches".

Casualmente, también ese día el líder del PP desafió a Sánchez a presentar una moción de censura, que finalmente se produjo un año después y llevó al dirigente socialista a la Moncloa.

En aquel pleno, Rajoy se dedicó a repasar todas las reformas que su Ejecutivo había aprobado para combatir la corrupción.

La ley de financiación de los partidos que acotaba las donaciones, una ley de transparencia para sacar a la luz contratos públicos y subvenciones, otra norma que debía imponer los criterios idóneos para designar altos cargos o una reforma del Código Penal que endurecía las penas para los delitos de corrupción.

Pero los escándalos de la Gürtel, que se sumaban ya a los de la Púnica o la Operación Lezo, se sucedían a un ritmo más rápido e impactaban más en la opinión pública que lo redactado en el BOE.

La frustrada regeneración

En 2016, en una repetición electoral ante la imposibilidad de alcanzar una mayoría parlamentaria en los comicios celebrados el año anterior, el PP firmó un acuerdo de investidura con Ciudadanos que se bautizó como "pacto por la regeneración democrática".

El partido de Albert Rivera le impuso seis condiciones para prestarle su apoyo en el Congreso, entre las que destacaban eliminar los aforamientos, acabar con los indultos por corrupción, cambiar la ley electoral o limitar el mandato presidencial.

Unas medidas que nunca vieron la luz y que de cuando en cuando vuelven a aparecer entre las propuestas de los partidos.

Tampoco las reformas que sí aprobó Rajoy consiguieron salvarlo de la quema cuando la corrupción ya le abrasaba. Y el 1 de junio de 2018 se consumó esa moción de censura, días después de que la Audiencia Nacional diera por acreditada la financiación ilegal y la existencia de una caja B en el PP.

Sánchez también ha anunciado una propuesta de regeneración democrática y tras el último informe de la UCO, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le ha instado a impulsar reformas en este sentido para mantener con vida la coalición de Gobierno.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y experto en asuntos de corrupción, señala que "hacen falta al menos dos o tres años para que las leyes empiecen a funcionar, no tienen un efecto inmediato".

"Y tampoco pueden ser efectivas, como ha ocurrido ahora -añade- si no se acaba con el clientelismo político. Es decir, la información privilegiada ante algunos contratos, la existencia de empresas públicas capturadas políticamente y la capacidad de influencia en esas decisiones".

La improvisación de González

El experto en cuestiones de gobernanza considera que el caso de Felipe González fue distinto, pues "en aquel momento no se habían desarrollado las estrategias globales contra la corrupción, que son más tardías".

Aun así, la táctica del histórico líder socialista funcionó más por omisión que por reacción, ya que rehusó siempre el cuerpo a cuerpo y cuando Aznar le cuestionaba por la corrupción, él respondía por otros asuntos.

"No se puede generalizar el fenómeno. Desde esta tribuna quiero reiterar a la opinión pública que la inmensa mayoría de los responsables políticos de este país son honorables", decía González en aquel debate de 1994. De nuevo las palabras repetidas.

Pero, por más que eludiera transitar por estos temas frente al líder de la oposición, el político sevillano también trató de contrarrestar los escándalos con leyes.

Lo suyo fue más un recurso al Consejo de Ministros que al debate parlamentario.

En 1993, meses antes de que se celebraran unas elecciones generales que muchos socialistas daban por perdidas, González presentó un paquete de medidas que incluía la aprobación de una ley para evitar el blanqueo de capitales y prometía la presentación de otra norma para modificar la financiación de los partidos políticos.

El candidato del PSOE se impuso en aquella cita contra todo pronóstico y en 1995 puso en pie su mayor legado en este aspecto: la creación de la Fiscalía Anticorrupción.

Por primera vez España contaba con una fiscalía específica para investigar delitos económicos y relacionados con la criminalidad organizada. Su primer fiscal jefe fue Carlos Jiménez Villarejo, que después fue eurodiputado por Podemos.

La Fiscalía Anticorrupción recibió un largo número de atribuciones y, aunque una década después de su creación estuvo a punto de desaparecer, sigue vigente hasta hoy como uno de los principales organismos en la lucha contra este tipo de delitos.

Pero ninguna fiscalía ni cualquier otra medida aprobada por el Ejecutivo podían contrarrestar a Roldán, el caso Filesa o los escándalos de los GAL. Y en 1996, con el agua al cuello, González terminó cayendo tras unas elecciones anticipadas.

El Gobierno y el partido

En su libro España en Democracia, 1975-2000 (Plaza & Janés, 2001), el historiador hispanobritánico Charles Powell señaló la crisis económica de principios de los noventa y la necesidad de mantener el Estado de bienestar sin tocar los impuestos, como una de las razones de la derrota del PSOE.

Pero la clave de bóveda estaba en otro asunto. "González nada pudo hacer por paliar el malestar generado por los abusos de poder y la corrupción", escribió Charles Powell.

Y ante estos hechos, el historiador identificó dos aspectos que le impidieron a González afrontarlos con mayor éxito: su "hiperliderazgo" y la "total subordinación del PSOE respecto del Gobierno".

"González siempre entendió el partido como un vehículo necesario para acceder al poder, pero una vez en el Gobierno se desentendió casi por completo de él, sin disimular apenas la irritación y el aburrimiento que le producían sus cuitas internas", relató Powell.

Los dos hombres que han tenido el control del PSOE durante la etapa de Sánchez en Moncloa, Ábalos y Cerdán, son quienes han protagonizado hasta ahora las actuales corruptelas. Y aquí algunos observadores encontrarán elementos duplicados en ese clásico libreto con el que trazar un análisis comparado.