El Gobierno reúne de urgencia a la comisión de secretos oficiales del Congreso para que Aagesen informe sobre el apagón

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios han recibido esta misma tarde una comunicación de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, convocándoles para este jueves "al acabar el pleno". La comisión, cuyo nombre oficial es de "gastos reservados" se celebra a puerta cerrada y obliga al secreto a todos los asistentes.

Fuentes parlamentarias se preguntan, alarmadas, cuál es la información que el Ejecutivo tiene que revelar bajo secreto. "Si este martes desvelaban, sorprendentemente, un informe que iba a tardar tres meses más en estar preparado, ¿por qué dos días después hay que completar la información bajo llave?".

La comparecencia de la titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se convoca "para explicar los resultados del Informe del Comité para el Análisis de las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025", según la comunicación oficial.

Otras fuentes del Congreso critican la "inquietud" que siembra el Gobierno con esta decisión. En su opinión, hay dos opciones.

Una, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya decidido entrar en "guerra total" con las empresas eléctricas, dado que el informe elaborado por el Ministerio de Aagesen estaba lleno de tachones, que ocultan "posibles responsabilidades".

Y la otra, que la vicepresidenta vaya a desvelar las "múltiples vulnerabilidades detectadas" en el sistema eléctrico español, y a pedir fondos para subsanarlas.

¿Investigación concluida?

El Gobierno dio por concluida, repentinamente, la investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril, tratando de diluir las responsabilidades directas y anonimizando los nombres de los operadores implicados.

Sin embargo, el enfoque de Aagesen, el pasado martes, sugería que las grandes compañías eléctricas, propietarias de las centrales térmicas programadas para controlar la tensión, tuvieron mayor responsabilidad que el operador del sistema (Redeia), al no actuar como estaba previsto a pesar de haber sido retribuidas para ello.

La ministra de Transición Ecológica insistió en que el objetivo no era hacer un examen judicial, sino "extraer lecciones" para evitar futuros incidentes. Y ése puede ser el objetivo de la reunión de la comisión parlamentaria de este jueves.

Ahora, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) evaluará responsabilidades y podrá imponer sanciones de hasta 60 millones de euros, recurribles ante la Audiencia Nacional.

La elusión de responsabilidades y la anonimización del informe se pueden explicar por la oleada de demandas judiciales por parte de afectados, lo que podría derivar en indemnizaciones millonarias para los responsables, en un proceso que se extenderá durante años.

El sector eléctrico reaccionó con descontento ante la publicación del informe oficial sobre el apagón, acusando a Red Eléctrica de España (REE) de haber tenido acceso privilegiado a la información y de influir en las conclusiones de la comisión de investigación liderada por el Gobierno.

Las grandes eléctricas critican que el informe no reparte equitativamente las responsabilidades y que se carga la culpa sobre ellas, mientras que se minimiza el papel de REE en la gestión del incidente.

El sector reclama mayor objetividad y que se tengan en cuenta todos los factores técnicos y operativos que contribuyeron al apagón, advirtiendo que la falta de claridad en las conclusiones puede afectar a la confianza en el sistema eléctrico y a la seguridad jurídica de las empresas implicadas.