Última hora política, en directo | El PP pide que Robles y Bolaños informen al Congreso de la rescisión del contrato con Israel

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha contestado al regidor, José Luis Martínez-Almeida, que esta noche "se brinda contra el fascismo" en la Taberna Garibaldi aunque "le moleste al alcalde".

El Ayuntamiento de Madrid ha sancionado a Pablo Iglesias por exceso de aforo en la Garibaldi, el negocio del que es socio en Lavapiés, ha confirmado el primer edil.

"Esta noche en la Garibaldi se brinda por la libertad y contra el fascismo, mirando a Italia (aniversario del final de la ocupación nazi) y a Portugal (Revolución de los Claveles), por mucho que le moleste al alcalde ¡Viva el 25 de abril!", ha contestado Iglesias en su cuenta de X.

El PP ha pedido este viernes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acudan al Congreso a explicar la decisión del Gobierno, "por razones de conveniencia política", de rescindir el contrato para la compra de munición con una empresa israelí.

Los de Feijóo ha registrado la comparecencia de ambos ministros para que den explicaciones en sede parlamentaria en las respectivas comisiones, una iniciativa que se suma a la solicitada ayer para que también acuda al Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Quiere el PP que Robles dé explicaciones en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y en la de Defensa sobre "cómo va afectar a la gestión y tramitación de los expedientes de adquisición de los sistemas y equipos necesarios para las Fuerzas Armadas" dicha decisión del Gobierno "teniendo en cuenta que España ha realizado contratos con la industria de este país por mas de 1.000 millones de euros en los últimos dos años".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la anulación del contrato del Ministerio del Interior con una empresa israelí para comprar munición era "una rectificación necesaria" y ha advertido de que serán "inflexibles" para que no vuelva a haber ninguna operación de compraventa de armas con el Estado de Israel.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por los medios sobre si su homólogo de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería dimitir tras la cancelación del contrato para la compra de balas.

Cuando se le volvió a repreguntar si su compañero de gabinete debe asumir responsabilidades, Bustinduy ha dicho que la cancelación del contrato era "una rectificación que era necesaria" y ha enfatizado que cualquier otra operación que esté "en marcha" con Israel "debe ser auditada, estudiada y suspendida".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado este viernes que el Gobierno ha dado el "paso correcto" al rescindir de forma unilateral el contrato de Interior con la compañía israelí IMI Systems para la compra de munición, aunque ha insistido en la puesta en marcha de una auditoría que acredite que el acuerdo del seno del Ejecutivo para prohibir la compraventa de armas a Israel se cumple y se resuelva posibles "anomalías".

Así las cosas, la ministra encuadrada en Sumar ha recalcado que hay que "supervisar y hay que acreditar" que se mantiene el pacto de no comprar ni vender armamento a Israel y "mantener los canales" para resolver "cualquier anomalía".

En este sentido, ha indicado que "de manera particular" ha pedido "una auditoría de los contratos que estén suscritos o en curso por parte del Ministerio de Interior y el de Defensa" a efectos de "avalar y garantizar que todo esto queda cancelado y no se da otra situación similar".

El Gobierno está seguro de que no tendrá que sufragar los más de 6 millones de euros del contrato de munición balística que tenía suscrito con una empresa israelí y que ha decidido rescindir de forma unilateral ante la presión de Izquierda Unida de romper la coalición de gobierno.

Según han trasladado fuentes gubernamentales, en Moncloa consideran que hay argumentos legales que les dan la razón y que están "cubiertos" ante un previsible litigio con la empresa israelí, aunque no descartan tener que hacer frente a una penalización, aunque por un valor muy inferior.

Rechazan además las críticas lanzadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que defiende que la rescisión de este contrato tendrá "un alto coste económico". Además, preguntó al Ejecutivo "quién va a pagar" la decisión del presidente Pedro Sánchez de rescindirlo "por interés personal", según afeó. En el Gobierno despejan los reproches de Feijóo y consideran que los 'populares' están instalados en "la postverdad".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho este viernes que Fernando Grande-Marlaska "es uno de los mejores ministros de Interior que ha tenido el Gobierno de España y además es una persona extraordinaria". López ha afirmado que "tan importante como la buena gestión es ser buena persona" y Grande-Marlaska "es una persona extraordinaria".

Preguntado por la rescisión de ese contrato de munición, el responsable de Transformación Digital y Función Pública ha explicado que "el Gobierno detectó un problema y lo ha resuelto".

"Se va a resolver", ha apuntado enseguida López, que ha añadido que "lo importante es el final de la cuestión y el final es que el Gobierno de España, desde luego, es contrario a lo que está pasando en Gaza".

Ha insistido además en que el Gobierno de coalición "va a agotar la legislatura".

La comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia ha aplazado la comparecencia, prevista para el lunes 28 de abril, del exministro y diputado José Luis Ábalos, que ha presentado una baja médica.

La Mesa de la Comisión ha aceptado este aplazamiento aunque no ha determinado una nueva fecha para la comparecencia ni si la podrá hacer telemáticamente, tal y como ha solicitado José Luis Ábalos, han informado fuentes parlamentarias.

En principio la comparecencia de Ábalos estaba prevista para el 21 de abril, igual que la del expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que fue aplazada por motivos médicos.

La presidencia de esta comisión ha remitido a la Fiscalía la incomparecencia reiterada ante la misma de su exasesor, Koldo García, por si pudiera ser constitutiva de un delito de desobediencia.

El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista en el 'caso Koldo', sí compareció en la comisión de investigación del Parlamento de Canarias el 30 de enero, pero se acogió a su derecho a no declarar.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "cacicada" el caso que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ya que, según ha dicho, se está "confirmando" que se fue a vivir a Badajoz antes de que se le adjudicara la plaza y, una vez adjudicada, no sabía dónde estaba su puesto de trabajo y ni siquiera iba. A su entender, esto es de "aurora boreal".

"No nos acostumbremos a esto. Esto no es normal. No pensemos que lo que está ocurriendo en España es normal", ha declarado Feijóo a los periodistas tras participar en la XXIX Lectura Continuada de El Quijote en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.

El presidente del PP se ha pronunciado en estos términos el mismo día que David Sánchez Pérez-Castejón ha acudido a los Juzgados de Badajoz para declarar por segunda vez ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en calidad de investigado, por el caso que se sigue por su contratación en la Diputación de Badajoz.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes saber quién tomó la decisión de rescindir el contrato de compra de munición con una empresa israelí y quién va a pagar las indemnizaciones por ello.

"¿Quién va a pagar? Pues es evidente que los responsables que asumieron la contratación y posteriormente hicieron la rescisión, no sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar", ha subrayado Feijóo.

En declaraciones a los medios tras participar en la en la XXIX Lectura Continuada del Quijote, se ha referido a la denuncia que presentará su partido ante el Tribunal de Cuentas por la rescisión del citado contrato, un "aviso a navegantes" porque quien firme ese expediente, ha asegurado, tendrá que dar cuenta ante el mismo.

Preguntado por si después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rectificara al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, imponiendo la rescisión del contrato éste debería dimitir, ha señalado que si tiene "un poco de amor propio y viendo esta desautorización" desde luego es una causa "clarísima" para presentar su cese.

El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado este viernes la suspensión del contrato de adquisición de munición con Israel, asegurando que "es de interés general contribuir como país a que acabe lo que está pasando en Palestina". Para el mandatario regional, la decisión de rescindir el acuerdo es "coherente" con haberse "comprometido formalmente no contratar armamento con Israel en estado de guerra".

"Quizás es más difícil de explicar por qué ese compromiso no se había materializado en algún cambio normativo a una disposición legal que amparara ese veto a las empresas armamentísticas israelíes", ha añadido García-Page en declaraciones a medios previas al acto de lanzamiento del Plan Conceptual de Participación Pública de la red de hidrógeno, en el Centro Nacional del Hidrógeno de Puertollano.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha señalado este viernes que la causa judicial que investiga a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, es "otro de los casos chungos" que rodean a Pedro Sánchez y que "todo se va a terminar por saber". Así lo ha expresado en declaraciones a los periodistas coincidiendo con la segunda declaración de David Sánchez ante la jueza de Badajoz que lleva el caso de su contratación en la Diputación Provincial.

Sémper ha añadido que la causa judicial aclarará si "el hecho de apedillarse Sánchez Pérez-Castejón supone en España un plus a la hora de acceder a un puesto de trabajo". Para el portavoz de los populares, "todo se va a terminar por saber" y "lo tendrán que dirimir los jueces", con cuya decisión el PP estará "encantado" digan "lo que digan, con una cosa y con la contraria".

"Mostraremos respeto a la Justicia. Lo que me cabe afirmar es máxima confianza en el proceso judicial, máxima confianza en los derechos que asisten también a los investigados o a los acusados, en este caso, al señor Sánchez, y máxima confianza en que los tribunales dirimirán este asunto con profesionalidad, ajustados a derecho", ha concluido.

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear "una vez más" un "conflicto global" tras la rescisión del contrato de compra de munición a Israel y le ha emplazado a ofrecer explicaciones en el Congreso para dar cuenta de "las sanciones derivadas del incumplimiento" de ése y otros posibles contratos.

"El presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar qué sucede con estos contratos y para explicar cuáles son las sanciones económicas que vamos a tener que sufragar derivadas de la rescisión de estos contratos", ha declarado Sémper a los medios junto a la sede del PP.

El dirigente 'popular' ha criticado que los "enfrentamientos" dentro del Gobierno provoquen "un perjuicio" para los ciudadanos y para España, para añadir que acudirán al Tribunal de Cuentas para denunciar la rescisión del contrato porque quieren saber "todas las cuestiones de carácter técnico y contable que hay en torno a esta decisión", que afecta a una "materia muy sensible".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha acusado al PP de "hacer de abogado de un Estado genocida" ante sus críticas a la anulación del contrato de munición de una empresa israelí y tras la denuncia que ha interpuesto ante el Tribunal de Cuentas por esa rescisión.

"El PP decide hacer de abogado de un Estado genocida. Nosotras seguimos firmes desde el principio. Vamos a seguir defendiendo el fin de la masacre y la defensa de los derechos humanos sea en Palestina o en Ucrania", ha escrito Díaz en la red social 'Bluesky'.

Mientras, el PP presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa de Israel, esgrimiendo que es una resolución "arbitraria" y que responde a "motivos únicamente políticos" contra una adjudicación ya publicada "hasta" en el BOE.

El Ayuntamiento de Madrid sanciona al exlíder de Podemos Pablo Iglesias por exceso de aforo en la Taberna Garibaldi, el negocio que regenta en Lavapiés, ha confirmado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el estadio Vallehermoso.

"Pablo Iglesias no está al margen de la ley, Pablo Iglesias tiene que cumplir las normas como todo hijo de vecino y, por tanto, si la Taberna Garibaldi tenía 55 personas cuando tiene un aforo permitido de 45 pues, como a cualquier establecimiento que incumpla la normativa, pues también va a ser sancionado", ha contestado el alcalde a los periodistas.

Almeida ha arremetido en sus declaraciones contra "el crowdfunding este ridículo que está haciendo" Pablo Iglesias "a ver si tiene 15 segunditos de gloria que no tiene últimamente". "Pues nada, que con ese crowdfunding pague la multa al Ayuntamiento, que además tendrá pronto pago", le ha instado.

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha reivindicado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha liderado la negociación en el Gobierno para rescindir la compra de munición a Israel y da por zanjada la polémica tras la rectificación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En declaraciones a TVE, Hernández ha puesto en valor el "gran trabajo" de Díaz para conseguir que el Ejecutivo revirtiera el contrato para adquirir 15 millones de balas a una empresa israelí, dado que ha "liderado en todo momento esta negociación".

"Estuvo a golpe de teléfono con el presidente del Gobierno y con el propio ministro del Interior", ha agregado para enfatizar, luego, que era crucial cancelar esta adjudicación que no se podía permitir un Gobierno progresista, puesto que su deber es cesar la colaboración con un "Estado genocida como es Israel".

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado el archivo del caso Malinche, en el que estaba investigado Nacho Cano, por, supuestamente, introducir en España a los becarios mexicanos de su musical homónimo de forma ilegal.

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, ha salido este viernes a pie de los Juzgados de Badajoz tras declarar por segunda vez y durante media ahora aproximadamente, en calidad de investigado, ante la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que lleva el caso de su contratación en la Diputación de Badajoz.

David Sánchez ha salido por la puerta de los Juzgados de Badajoz, a diferencia de su primera declaración, cuando salió en un coche por el garaje, solo, rodeado de policías que intentaban protegerlo ante la nube de periodistas, cámaras y fotógrafos que le preguntaban sobre el contenido de su declaración ante la jueza, y sobre la plaza que ocupó en la Diputación de Badajoz, y a los que no ha respondido.

La directora de orquesta Cristina de Frutos, una de las 11 personas aspirantes a la plaza que ocupó finalmente David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ha afirmado este viernes, tras prestar declaración como testigo, que "no hubo igualdad de oportunidades" en el proceso de selección.

A su salida de los juzgados, y a preguntas de los periodistas, De Frutos ha expuesto que en la fase de entrevistas a los aspirantes a ella no le preguntaron nada. Sin embargo, en la resolución del proceso se recoge, según ha detallado, que la persona finalmente seleccionada (David Sánchez) contestó "muy bien a las preguntas”.

"A mí me felicitaron por mi trayectoria, currículum y proyecto, pero nunca me hicieron una pregunta”, ha insistido.

Además, ha manifestado que le dijeron -no ha querido apuntar quién o quienes- que la plaza “estaba dada", comentario al que no le dio peso. "Si así lo hubiera creído, no me hubiera presentado”, ha agregado.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se manifiesta este sábado en Madrid, frente al Ministerio de Defensa, para exigir que el aumento del gasto en defensa, que este 2025 alcanzará el 2% del PIB en virtud de una inyección de 10.471 millones de euros, se destine a mejorar sus condiciones laborales.

El Consejo de Ministros aprobó el plan de inversión en el ámbito de la defensa y la seguridad esta semana. Según detalló el presidente, Pedro Sánchez, uno de los cinco pilares del plan está destinado a mejorar las condiciones de la tropa y la marinería, mejorar su preparación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Este punto conllevará el 35% de la inversión total del plan, más de 3.700 millones de euros.

La asociación militar convocó la manifestación a principios de marzo, después de que el Gobierno anunciara una partida de 400 millones de euros para subir los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas 200 euros, que ATME considera "insuficiente". Tras la declaración del presidente, ATME expresó su "malestar" tras conocer el plan porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo "daba por concluido el aumento de las retribuciones" a los militares, y le acusó de "ignorar la necesaria mejora del modelo de carrera profesional de los militares".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se conforma con la rescisión del contrato de compra de más de 15 millones de balas a Israel anunciado ayer por el Gobierno y exige ahora anular otros nueve contratos de armamento con dicho país, al que ha acusado de estar cometiendo un "genocidio" en la Franja de Gaza.

"No se puede comerciar con un país que masacra a los palestinos. (...) El acuerdo del Gobierno está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento con Israel, no puedo ser más clara", ha afirmado Díaz este viernes en RNE.

De esta forma, la dirigente de Sumar, que se atribuye haber conseguido la revocación del contrato, pide al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministerios implicados, en este caso Defensa e Interior, cancelar los otros nueve contratos de compra de armamento ya adjudicados a Israel y que están pendientes de ser formalizados en las próximas semanas.

Para ello, Yolanda Díaz ha apelado a los "tratados internacionales que regulan estas materias", como el Tratado sobre el Comercio de Armas, y a la "defensa de los derechos humanos" ante un país, Israel, que "está masacrando a los palestinos, matan a niños y niñas a diario y está asfixiándoles en la Franja". "No podemos olvidar que se está cometiendo un genocidio en Gaza", ha insistido.

En este sentido, ha lamentado que España no tenga una regulación para el embargo de armas que cumpla con la doctrina de las Naciones Unidas y ha recordado que Sumar ya ha presentado una ley en el Congreso de los Diputados sobre esta cuestión porque "no se puede comprar armas a países que violentan el derecho internacional".