Las CCAA del PP copiarán la Oficina Antiokupas de Albiol en Badalona mientras el Congreso para su ley para echarlos en 24h

Una de esas iniciativas será la implantación de la llamada Oficina Antokupas para "facilitar el desalojo" de los usurpadores de la propiedad privada "en 24 horas", según fuentes de la dirección del PP, o en un máximo de 48 horas, según el modelo que van a "copiar".

Se trata de una de las medidas estrella con las que Xavier García Albiol ganó las elecciones municipales en Badalona hace algo más de año y medio. Y es uno de los pilares de la Ley Antiokupas que aprobó el Senado hace ya casi un año, en febrero de 2024.

Leyes bloqueadas

Desde entonces, la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando indefinidamente sus periodos de enmienda "para mantenerla guardada en un cajón", tal como denuncia la dirección del Grupo popular en el Congreso.

Cuca Gamarra, que visitó al alcalde de Badalona el pasado viernes, lo sentenció así: "Al okupa no se le protege, se le desaloja".

Según la número dos de Alberto Núñez Feijóo, desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, "la okupación ilegal ha aumentado en un 40%". Los populares afirman que "cada año se producen 17.000 okupaciones ilegales, lo que ha llevado ya a más de 80.000 viviendas okupadas en España y a otras 25.000 inquiokupaciones", razón por la que "es necesario impulsar medidas".

Albiol recuperó en las municipales de mayo de 2023 el gobierno de Badalona, una de las ciudades de Cataluña con mayor incidencia de okupaciones. 

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En este tiempo ha conseguido implantar un Protocolo antiokupas por el que la Policía Municipal de la ciudad, "con órdenes precisas y el apoyo garantizado de los servicios jurídicos del Ayuntamiento", atiende las alertas vecinales "en el momento del allanamiento" y logra, casi "siempre sin necesidad de intervención judicial", echar a los ocupantes ilegales de una propiedad inmobiliaria.

A la espera, "sin esperanza" de que Francina Armengol "saque del congelador" el sinnúmero de iniciativas aprobadas en el Senado gracias a la mayoría absoluta, el presidente del PP firmó con sus 11 presidentes autonómicos la llamada Declaración de Asturias.

Fuentes de Génova denuncian que, en estos 13 meses de legislatura, hay ya cinco proposiciones de ley del PP tomadas en consideración en el Congreso "y bloqueadas por la prórroga de enmiendas". Por ejemplo, leyes contra la multirreincidencia o para declarar agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones.

Además, otras cinco "vetadas por el Gobierno con la excusa del gasto presupuestario". Entre ellas, la Ley del Sistema Alimentario, la Ley de Conciliación "que prevé la gratuidad en toda España de la educación infantil de 0 a 3 años" o leyes "tan de justicia" como la que establece "las ayudas a pacientes de talidomida".

Protocolo 'antiokupas'

Y finalmente, otras 14 proposiciones de ley del PP aprobadas en el Senado y bloqueadas en el Congreso. Entre ellas, la rebaja del IVA a las peluquerías, otra para la equiparación del tratamiento legal entre la Dependencia y la Discapacidad y, la Ley de Lucha contra la Ocupación Ilegal. "El Gobierno ha aprobado menos leyes de las que le ha bloqueado al PP", denuncia la dirección de Génova.

Esa Declaración de Asturias de las CCAA populares se centra en tres aspectos. Primero, nuevas leyes del suelo y de vivienda, para generar más oferta de pisos a medio y largo plazo. Segundo, en avales bancarios y medidas fiscales de todo tipo para facilitar el acceso a la hipoteca y el alquiler, a corto plazo. Y finalmente, en otras iniciativas administrativas, "para dar mayor seguridad jurídica" a los propietarios, "y corregir la salida de viviendas del mercado que ha provocado el Gobierno de Sánchez desde 2018".

La Oficina Antiokupación se puso en marcha en Badalona como una de las primeras medidas del gobierno municipal de Albiol, ya en el verano de 2023. Cataluña es la autonomía con mayor incidencia de este fenómeno, un 40% de todas las casas okupadas de España. "Porque los sucesivos gobiernos independentistas en la Generalitat y del PSOE y los Comunes en ayuntamientos", como el de Barcelona, "han dado más derechos a los okupas que a los dueños a los que se les usurpa su propiedad".

Este proceso "no atajado e incluso alentado por esos gobernantes", tal como denuncia el propio Albiol, "es el responsable del cada vez más extendido fenómeno del inquiokupa". Es decir, de las personas o familias que dejan de pagar la renta, sabiendo que la normativa vigente les permite pasar "entre un año y dos años" residiendo en esa vivienda "si alegan una situación de vulnerabilidad". 

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El PP, de hecho, denuncia que esos umbrales de vulnerabilidad que marca la Ley de Vivienda del Gobierno, de mayo de 2023, "son tan altos" para que el juez valore esa condición, "que incluyen a personas que no son vulnerables".

La vicesecretaria de Desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, lo denunció con datos en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL. Según aseguraba, fijar ese umbral de vulnerabilidad "en tres veces el IPREM, que son 1.800 euros al mes, cuando el salario mínimo y el salario medio en España están muy por debajo, en torno a los 1.400 euros", es una desprotección del propietario y "una invitación a la usurpación". 

Las oficinas que se han comprometido a implantar las CCAA del PP "lo antes posible" servirán para atender "a las víctimas de la okupación". Se tratará de un servicio de atención preferente a los propietarios, con un teléfono de denuncias por okupaciones en curso, un portal institucional con servicio de información, y la prestación de asesoría jurídica de los gobiernos autonómico y municipal, entre otras medidas.

La iniciativa se acompaña de una serie de medidas concretas, contenidas en la ley del Grupo Popular en el Senado y que también contiene el citado Plan Integral de Vivienda de impulsado por Feijóo: echar a los okupas en 24 horas, endurecer las penas a la okupación, declarar nulos los empadronamientos de los usurpadores de propiedad inmobiliaria y dar instrumentos jurídicos a las comunidades de propietarios para actuar contra ellos.

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Concretamente, el protocolo aplicado en Badalona es un documento de 16 páginas al que tuvo acceso este periódico. En él se describe la habilitación del citado teléfono de atención 24 horas, que a nivel local está siendo gestionado vía 112.

Además, se incluyen instrucciones para el propietario -comunicar formalmente a los okupantes que deben irse-, a las policías -hacer constar a sospecha de usurpación en el atestado- y al resto de inquilinos para ejercer de testigos.

Se explican los "sencillos trámites" que puede seguir una comunidad de vecinos para "adoptar el acuerdo de no dejar entrar" a los okupas a las zonas comunitarias si, en algún momento, abandonan el edificio, aunque sea para un simple recado.

"Estas zonas comunes incluyen, por supuesto, entrar por la portería de la comunidad", apunta el protocolo. "La clave está", explicaban el propio Albiol y Cuca Gamarra el pasado viernes, "en identificar bien los derechos que se deben defender, y darle instrumentos a las autoridades para hacerlo". 

"Sánchez protege al okupa"

También explica este manual cómo incomodar la vida a los usurpadores, con instrucciones para lograr que se les corten los suministros. Sobre todo, en caso de que se hayan enganchado ilegalmente a la luz.

La secretaria general del PP visitó al alcalde en Badalona el pasado viernes, precisamente el día en el que un juez lo absolvía, trece años después, de un delito de prevaricación urbanística por la instalación de antenas de telefonía móvil sin licencia en una comisaría de la Guardia Urbana durante su primera etapa al frente del consistorio. 

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En una visita a un antiguo colegio de Badalona, que acaba de ser desokupado, hace apenas dos semanas, Gamarra exigió al Gobierno de Pedro Sánchez "que deje de bloquear en el Congreso la ley antiokupación del PP" aprobada por el Senado. "Con esta ley, en España se acabaría con la ocupación en ocho meses".

Felicitando a Albiol por el fin de su larguísimo "calvario judicial", la número dos del PP recordó "la política de tolerancia cero con la okupación ilegal" y de "ninguna broma con el patrimonio que los españoles han conseguido construir con su esfuerzo y trabajo".

Gamarra critica que con el Gobierno de Sánchez "el okupa campa a sus anchas" porque las leyes "le protegen" en lugar de proteger a los
propietarios, "que son trabajadores que han invertido su esfuerzo y su trabajo en adquirir una segunda vivienda".

Para el PP, esa falta de seguridad jurídica es una de las causas principales de "consecuencias perniciosas" de las "políticas equivocadas" de Sánchez. Así lo describen: "El problema de acceso a la vivienda que sufren los españoles, provocado por la precariedad laboral, los bajos sueldos y la intervención del mercado" se agrava "de la mano de leyes que están generando miedo" entre los propietarios.