Sánchez elude aplicar en España la directiva que dejaría a los nacionalistas sin ningún eurodiputado

El artículo 3.2 de la Decisión 2018/994 del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo [consúltelo aquí en PDF] dice textualmente:

"Los Estados miembros [...] establecerán un umbral mínimo para la atribución de escaños en las circunscripciones que cuenten con más de 35 escaños". España reparte 61 puestos de eurodiputado en estas elecciones europeas.

"Dicho umbral no será inferior al 2% ni superior al 5% de los votos válidos emitidos en la circunscripción de que se trate, incluido un Estado miembro de circunscripción única", concluye.

Así, aplicando la barrera que le correspondería a España, según los resultados que prevén las últimas encuestas, hasta siete de los partidos que dieron la investidura a Sánchez se podrían quedar fuera de la Eurocámara.

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El sondeo recién publicado de SocioMétrica para EL ESPAÑOL es esclarecedor. Según sus datos, Junts (3,5%); la alianza de PNV y Coalición Canaria (1,5%); la suma de ERC, Bildu y BNG (3,2%) y Podemos (1%) no lograrían representación en el Parlamento Europeo, si el Gobierno hubiera hecho sus deberes atendiendo al espíritu de la directiva.

Así se desprende de otra iniciativa que ya se discute en las instituciones europeas. 

Fue el Ejecutivo de Alemania, liderado entonces por la democristiana Angela Merkel, el que impulsó esta reforma de la normativa electoral comunitaria. Y es ahora el de su heredero, el socialdemócrata Olaf Scholz, el que ha propuesto a la presidencia belga del Consejo una vuelta de tuerca más al texto para que los países que reparten más de 60 diputados, por ejemplo España, deban imponer la barrera más alta, la del 5%.

Fuentes del Partido Popular consultadas por este periódico evitan criticar la "indolencia" del Gobierno de Sánchez. Pero sí aseguran que "hoy estaríamos de acuerdo en que se aplicara", no sólo porque es derecho europeo a partir de un acuerdo de los Veintisiete, sino porque "ahora que repartimos más de 60 escaños, el límite natural del sistema D'Hondt acaba siendo muy similar, y así, al menos habría transparencia".

España, incumplidora

La reforma de 2018, en todo caso, no ha podido entrar en vigor a nivel europeo. Y eso que lleva ya más de cinco años aprobada por los gobiernos de los Veintisiete. Y es que este texto legal no es firme hasta que se traspone en las legislaciones de todos los Estados miembros de la Unión.

Y se puede decir que España es la culpable de un incumplimiento del derecho europeo vigente porque la directiva exigía en su propio articulado que, para las europeas de 2024, ya estuviese vigente.

Concretamente, el texto establece, más adelante, que "los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cumplir la obligación contemplada en el apartado 2 a más tardar para las elecciones al Parlamento Europeo que sigan a las primeras elecciones que se celebren después de la entrada en vigor de la Decisión". Es decir, que Sánchez ha tenido tiempo, desde los comicios europeos de mayo de 2019 hasta ahora, y no lo ha hecho.

Hay que recordar que las elecciones al Parlamento Europeo se rigen, esencialmente, por la normativa de cada país de la Unión. Y esta Acta -cuyo texto original de 1976 tiene apenas cinco folios y 16 artículos- es, simplemente, lo que en España se llamaría una ley de bases.

El último país que traspuso la directiva fue Chipre, el pasado mes de octubre. Y fuentes del Parlamento Europeo señalan el "incumplimiento" del Gobierno español como "una nueva muestra de sus maniobras para favorecer a partidos que, como Bildu, ERC, Junts o el BNG, no trabajan por lo común, sino por sus intereses particulares, aliándose con otras formaciones nacionalistas en Europa que reman en sentido contrario a la integración".

Denuncias a España por nuevos casos de infracción del derecho europeo 2018-2022. Fuente: Comisión Europea

Se da la circunstancia de que, además, España es el Estado miembro con el mayor número de procedimientos de infracción abiertos por no trasponer las directivas europeas. De las 153 infracciones acumuladas desde la llegada del PSOE al Gobierno hasta 2022 (el último del que se tienen datos), 11 se deben a la tardanza en aplicar legislación sobre derechos fundamentales y de ciudadanía, como éste de la participación electoral.

Una de las prioridades de la presidencia de turno que ejerce Bélgica, la última antes del fin de la legislatura europea, es impulsar medidas para la defensa del Estado de derecho y las elecciones justas, con especial atención a la injerencia rusa. Ya lo debatió el Parlamento Europeo hace poco más de una semana, y se volvió al asunto, este miércoles en comisión, hablando de la nueva iniciativa alemana para subir aún más el umbral de entrada.

En el debate con la ministra belga, salió la infracción española por la falta de trasposición de la reforma del Acta electoral.

"Los llamados a las urnas en España seremos los únicos que lo hagan sin las normas electorales comunes de la UE... mientras ya estamos hablando de una nueva norma", recordó la eurodiputada popular Ana Collado. "Esta negativa expresa del Ejecutivo español, a quien beneficia es a los nacionalistas minoritarios, tanto a los que se beneficiaron del terrorismo como a los que parece que llevan años al servicio de Putin".