El fracaso de Vox en los gobiernos autonómicos: anulado por el PP, sólo logra cambios cosméticos

EL ESPAÑOL ha diseccionado cada uno de los Ejecutivos de coalición para conocer las cesiones concretas a Vox, coincidiendo con la reelección de Santiago Abascal al frente del partido. El presidente de la formación ultra ha revalidado su liderazgo este sábado en la Asamblea General extraordinaria de afiliados por un período de cuatro años, lo que le permitirá estar al frente del partido hasta 2028.

Tras la renovación de poderes, el líder de Vox ha aprovechado para llamar a la unidad de sus filas y defenderse ante las informaciones sobre el nacimiento de corrientes internas en el seno del partido. "No hay ni ha habido nunca, son películas de ciencia ficción de los medios de comunicación".

Abascal es elegido de nuevo por los miembros de su formación en un momento comprometido, tras varias salidas de gran relevancia como la de Iván Espinosa de Los Montero, y coincidiendo con el décimo aniversario de su fundación.

Pese a la continuidad del líder, el partido empieza a experimentar un cierto declive, una cierta decadencia. También una progresiva pérdida de influencia. Ateniéndonos a las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos, puede comprobarse que la influencia de la extrema derecha es más aparente que real en las comunidades autónomas donde Vox es clave. Y eso, pese a su notable presencia en algunos gobiernos. Hay cambios cosméticos, pero no puede hablarse de transformaciones relevantes.

Esa visible falta de influencia, de protagonismo efectivo, podría explicar el estancamiento de Vox, cuando no su caída en las encuestas de intención de voto. La prueba es que todos los presidentes autonómicos del PP han aumentado su peso político, incluso en la esfera nacional, mientras la imagen de los vicepresidentes de Vox se ha ido difuminando día tras día.

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En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, Vox controla el 30% de las consejerías... pero sólo un 6% del Presupuesto. Y ese patrón se repite en el resto. De hecho, las similitudes entre estos Ejecutivos de coalición llevan a pensar en la existencia de un patrón, de una coordinación nacional: los presidentes del PP han minimizado la influencia del programa de Vox hasta anularlo en la práctica.

Eso no impide que el partido de Santiago Abascal tenga espacio para plasmar su sello y colocar titulares relacionados con la "batalla cultural": eliminación de subvenciones a sindicatos, supresión de lo que denominan "chiringuitos", fomento de la caza, remodelación (rara vez derogación) de las las Leyes de Memoria y algún recorte poco significativo en las políticas de lucha contra la violencia de género. A partir de ahí, ni se ha instaurado el pin parental ni se ha actuado de forma desaprensiva contra la inmigración irregular, por citar dos ejemplos. 

El último gobierno de coalición PP-Vox que se constituyó tras las elecciones del 28 de mayo fue el de la Región de Murcia, el 7 de septiembre. De los primeros en cuajar, el de la Comunidad Valenciana y Extremadura, hace ya medio año. Ha transcurrido tiempo suficiente para poder extraer conclusiones. 

La experiencia de esta alianza se remonta, además, a marzo de 2022, cuando Alfonso Fernández Mañueco accedió a la Junta de Castilla y León de la mano de Vox. Desde entonces, la presencia de la extrema derecha en los gobiernos autonómicos alimenta buena parte del discurso de la izquierda, que agita el miedo a la extrema derecha en cada campaña electoral.

Vox también está presente en el Ejecutivo de Aragón y condiciona desde fuera las políticas de Marga Prohens en Baleares. 

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana no ha habido grandes cesiones al ideario de Vox. La de mayor impacto llegó con el propio acuerdo de gobierno entre ambas formaciones, cuando los populares accedieron a la denominación "violencia intrafamiliar" en lugar de "machista" o "de género".

En las Cortes Valencianas se ha cambiado la pancarta contra la "violencia machista" que se cuelga cuando se produce un crimen; la nueva habla de "violencia contra las mujeres".

Pero de la determinación del presidente Carlos Mazón de no variar el rumbo en esta materia habla su decisión de nombrar vicepresidenta a Susana Camarero, impulsora del primer pacto de Estado contra la violencia machista en el Gobierno de Mariano Rajoy.

Desde el principio, Mazón se ha esforzado por subrayar que la "acción de gobierno" no coincide con los postulados de sus socios de extrema derecha.

A Vox le cedió la vicepresidencia primera y tres carteras: Justicia, Agricultura y Cultura. Se trata del 30% de las áreas, pero apenas suman el 6% del presupuesto autonómico.

En Cultura, liderada por el vicepresidente Vicente Barrera se ha producido un incremento notable de las ayudas a la tauromaquia y los festejos taurinos.

Vox pretende la introducción del llamado pin parental en los colegios valencianos, pero el PP, que conrola las competencias de Educación, ha subrayado al respecto que "no está sobre la mesa". (Informa Dani Valero).

Aragón

Vox tiene dos consejerías en el gobierno de Aragón, una de ellas con rango de vicepresidencia: Desarrollo territorial, despoblación y Justicia, y Agricultura y ganadería.

Desde sus áreas ha impulsado la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Es algo que está en trámite, que aún no se ha producido pero que llegará. Queda por ver cómo se regulará definitivamente y su coordinación con la ley nacional.

Pero hay que tener en cuenta que en el debate nacional, el PP apuesta por sustituir las políticas de Memoria del PSOE por las "políticas de concordia". 

Vox también ha logrado la supresión de la Dirección General de Política Lingüística. El PP dice haberlo asumido con "convencimiento", pues la veía como un instrumento que permitía las injerencias del nacionalismo catalán en la cultura aragonesa. 

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En el acuerdo de legislatura había un compromiso de eliminar organismos públicos. Se han eliminado dos comisionados adscritos a la Presidencia, pero uno de los objetivos de Vox era la tele pública, Aragón TV, que no se ha tocado.

No ha habido tampoco una reforma de la Ley de identidad y expresión de género e igualdad. 

Tampoco se ha instaurado la libertad de elección del centro para los padres –aunque en esto el presidente, Jorge Azcón, sí quiere avanzar– ni se ha puesto en marcha el pin parental. Y las leyes antiokupación que prometía Vox siguen sin ver la luz.

En el plano económico, el PP ha deflactado el IRPF, tal y como llevaba en su programa, pero no ha decretado, como le pedía Vox, "deducciones por el nacimiento o adopción de hijos" ni "deducciones por realización por uno de los cónyuges de la unidad familiar de labores no remuneradas en el hogar".

Está en el aire también la "reordenación y planificación de las energías renovables", asunto del que Vox hizo bandera. (Informa Daniel Ramírez)

Castilla y León

El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León, rubricado en marzo de 2022, fue pionero en España y la formación de Santiago Abascal dejó clara desde un inicio su intención de convertir a la Comunidad en el laboratorio de experimentación de sus principales postulados políticos. 

En su discurso de investidura el 11 de abril de 2022, Alfonso Fernández Mañueco se refirió a la violencia intrafamiliar, a la concordia -en contraposición a la memoria histórica-, a la "inmigración ordenada" y aseguró que el sistema educativo autonómico estaría "libre de adoctrinamiento ideológico". Ahora, en el ecuador de la legislatura, es más fácil determinar hasta dónde se ha llegado.

Dos de las medidas estrella anunciadas por ambos partidos no se han aprobado: la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y el Decreto de Concordia, que sustituiría al de Memoria Histórica de 2018. Vox ha llegado a acusar al PP de encontrarse condicionado por Génova.

Sí se ha admitido, en cambio, una pequeña cesión relacionada con la memoria histórica para declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) un total de 190 vestigios franquistas de Castilla y León.

En enero de 2023, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), presentó un polémico protocolo antiaborto que contemplaba la atención psicológica para la madre, ofrecer la escucha del latido fetal y la realización de ecografías en 4D, además de "proteger" la objeción de conciencia de los médicos. Nunca llegó a término tras el veto del PP nacional.

El ámbito en el que el PP ha dado carta blanca a Vox para actuar es el del Diálogo Social. Tras el reparto de carteras, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo quedó en manos de Mariano Veganzones y pocos meses después llegó el anuncio de la eliminación del 50% de las subvenciones a sindicatos y patronal, un total de 20 millones.

Ha habido polémica también con los inmigrantes tras la llegada de más de 200 irregulares a la Comunidad, el pasado mes de octubre, en virtud del reparto organizado por el Gobierno. Vox aseguró que se trataba de una "invasión migratoria" de "varones en edad militar" y un hecho que ponía en riesgo a las mujeres... pero tampoco se tomaron medidas. (Informan Silvia García y Óscar Estaire).

Murcia

La primera cesión del PP a Vox en la Región de Murcia se ha plasmado con algunas pinceladas en los primeros presupuestos autonómicos de la legislatura.

Fernando López Miras ha dado su beneplácito a recortar 300.000 euros en ayudas a los sindicatos y a la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales. El recorte será gradual: este año, un 25% de lo que percibían; de cara a 2026 se prevé otra rebaja del 25%.

Además, las cuentas autonómicas incluyen una partida de 100.000 euros para Actuaciones en defensa de la unidad de España. Como contrapunto, el montante previsto para el Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género es de 4.500 euros.

El Mar Menor es uno de los caballos de batalla del gobierno de coalición en el que el PP  mantiene su defensa férrea de la ley de protección de este espacio, a la que se opone Vox argumentando que frena la actividad agrícola y ganadera en el Campo de Cartagena, caladero de votos de Abascal. 

La mayor renuncia de los populares no hay que buscarla, sin embargo, en el Ejecutivo autonómico, porque es una cesión de poder territorial, y es que han necesitado a la extrema derecha para alcanzar los gobiernos de municipios importantes como Cartagena, Lorca o Molina de Segura. (Informa Jorge García Badía).

Extremadura

En junio de 2023, PP y Vox firmaron un acuerdo de 60 puntos, que puso fin a la negativia inicial de la entonces candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, a pactar con Vox.

Entre las promesas que Vox consiguió arrancar a los populares destacan un acuerdo de responsabilidad política por la caza, la "revisión de las políticas verdes y la Política Agraria Común", medidas antiokupación, la "seguridad en los barrios y zonas rurales", detener el desmantelamiento de la central nuclear de Almarazy el fin del "despilfarro político e ideológico", sin concretar.

También el control educativo dependiente de los padres, el fomento de la natalidad, la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada en 2018, y su sustitución por una nueva norma "de concordia", que "no trate de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada".

Pese a las críticas hacia "quienes niegan violencia machista" que verbalizó Guardiola para oponerse a pactar con Vox, este término no aparece en el acuerdo firmado finalmente por ambos partidos. Sí se promete, no obstante, "trabajar para erradicar los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer".

Tras firmar el acuerdo, el PP subrayó que lo pactado "no implica cesiones ideológicas", a diferencia de un PSOE que sí lo hace, "a cambio de conseguir el poder".

Por el momento, la Junta de Extremadura prosigue en su empeño de evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz y ultima una nueva Ley de Memoria que sí "ampare a todas las víctimas, no como la actual". Así se pronunció recientemente la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga (PP), en respuesta al PSOE, que le acusa de que, "quizás la verdadera pretensión" de la coalición PP-Vox es la de "blanquear el golpe de Estado y la dictadura". 

Fruto del pacto PP-Vox, Extremadura creó dos nuevas direcciones generales, a petición de la formación de Santiago Abascal. Una, para proteger la tauromaquia y la otra, la caza. Y, de hecho, la Junta de Extremadura ha autorizado "el control poblacional de especies" a través de la caza (sin perros y sin fines comerciales) en Monfragüe.

El Patronato de dicho Parque Nacional lo acordó por mayoría el pasado octubre y determinó que los animales abatidos se destinen a bancos de alimentos, como determina la ley.

Por otro lado, Vox presiona al Gobierno de Guardiola para implementar las medidas que garanticen más control de los padres sobre determinadas cuestiones académicas, como los contenidos afectivo-sexuales. Ahora bien, la presidenta extremeña respondió que la Junta rechaza "de plano" el llamado pin parental y recalcó que el acuerdo con Vox no alude, específicamente, a este instrumento. (Informa Javier Corbacho).

Islas Baleares

La popular Marga Prohens fue investida presidenta del Govern balear mediante un pacto programático de 110 medidas pactado con Vox, que renunció a entrar en su Ejecutivo. Pero la relación entre ambas formaciones está resultando más tormentosa de lo esperado.

En la tramitación de los Presupuestos para 2024, Vox impuso su exigencia de destinar 20 millones para garantizar la "libre elección de lengua" en las escuelas. La fórmula que baraja el Ejecutivo pasa por colocar un segundo profesor en las aulas en las que los padres reclamen la enseñanza personalizada en castellano para sus hijos.

A instancias de Vox, Prohens también ha accedido a eliminar de los Presupuestos una partida de 400.000 euros en subvenciones que estaba destinada a las patronales (CAEB y PIME) y los sindicatos (UGT y CCOO) para impulsar planes de igualdad en las empresas. También ha confirmado la intención de derogar la Ley de Memoria Histórica de Baleares.

En cambio, nada ha cambiado en las políticas del Govern en materia de violencia de género. La presidenta ha anunciado la apertura de tres oficinas para atender durante las 24 horas del día a las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia o agresión sexual.

La tensión entre PP y Vox se debe, en buena medida, al proceso de descomposición que atraviesa el partido de Abascal en Baleares. El hasta hace poco presidente de Vox en Menorca, Xisco Cardona (exsacerdote y marido de la juez del caso Urdangarin, Samantha Romero) abandonó el partido por discrepancias con la dirección nacional, aunque ha conservado su escaño en el Parlament como diputado no adscrito. (Informa Miguel Ruiz Coll).