La reforma en el Senado permitirá al PP pedir comparecencias sobre la amnistía durante 2 meses

Por lo pronto, de manera preventiva, ha movido ficha en el Senado. Haciendo uso de su mayoría absoluta, ha propuesto reformar el Reglamento para que sea la Mesa, presidida por Pedro Rollán, la que decida si una proposición de ley se tramita por la vía de urgencia o no.

Todo apunta a que el PSOE y sus socios usarán esta figura legislativa en el Congreso para sacar adelante la medida de gracia, con el objetivo de agilizar los plazos al máximo y eludir los informes preceptivos que puedan poner en tela de juicio su legalidad. Pero, en cuanto la norma abandone la Carrera de San Jerónimo en tiempo récord, se topará con un Senado que dilatará su tramitación con comparecencias incluidas. 

Con la reforma del Reglamento anunciada ayer, el PP pretende dos cosas: retrasar la entrada en vigor de la amnistía y, sobre todo, prolongar el debate social para desgastar al PSOE.

Según desvelan fuentes populares a EL ESPAÑOL, llevarán la proposición de ley a la comisión de Justicia para que juristas, expertos, incluso exministros y políticos europeos puedan pronunciarse sobre ella. Todo para evidenciar el amplio rechazo social a esta medida y su "inconstitucionalidad".

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Los populares calificarán la reforma del Reglamento en la próxima Mesa del Senado. La intención es que esté aprobada antes de que la ley de amnistía abandone el Congreso. Al respecto, fuentes de la dirección del grupo popular aseguran a EL ESPAÑOL que hay margen. Porque la proposición primero se tiene que registrar en la Cámara Baja, después el Pleno tiene que votar su toma en consideración y, finalmente, se tramitaría por la vía de urgencia. 

El proceso, como mínimo, "durará diez días". Tiempo suficiente para que el Senado pueda actualizar su Reglamento. Por tanto, la amnistía no será tan ágil como pretendía Carles Puigdemont, que inicialmente hasta llegó a pedir el pago por adelantado y que estuviese publicada en el BOE antes de la investidura de Pedro Sánchez para que Junts pudiese dar sus votos a favor.

Hasta marzo

Con los cambios promovidos por el PP, el borrado de los delitos que cometieron los independentistas en el referéndum ilegal del 1-O, directamente se podría retrasar hasta tres meses. Porque enero es inhabil en las Cortes generales. Es decir, que la aprobación de la ley empezaría en noviembre y seguiría durante diciembre y febrero, hasta completar el ciclo con su vuelta al Congreso para su aprobación definitiva... en marzo. 

Desde el PSOE, consideran que la reforma del Reglamento que va a llevar a cabo la Cámara Alta como consecuencia de la iniciativa del PP es un atropello y una "deriva" para "torpedear el normal funcionamiento de nuestra democracia". Pero el PP niega la mayor y asegura que está actuando acorde a derecho. 

Según argumentan desde la dirección del grupo en el Senado, la Constitución Española regula, en su artículo 90, "la tramitación de los proyectos de ley ordinaria u orgánica aprobados por el Congreso de los Diputados". Incluso reduce a veinte días naturales el plazo que tiene el Senado para vetar o enmendar aquellos proyectos declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso. 

Pero la Carta Magna no dice nada de las proposiciones de ley. "Lo que estamos haciendo con esta iniciativa es introducir un punto para que la Mesa del Senado decida si una proposición de ley es urgente o no", explicitan las citadas fuentes a EL ESPAÑOL. 

En concreto, la reforma afecta al artículo 133 del Reglamento, que, en su segundo punto, quedaría de la siguiente manera: "En las proposiciones de ley, la Mesa del Senado podrá decidir la aplicación del procedimiento de urgencia cuando así lo solicite el Gobierno o el Congreso de los Diputados, o también actuando de oficio o a propuesta de un Grupo parlamentario o de veinticinco Senadores".