El nuevo Gobierno de Aragón luchará contra "las mentiras del nacionalismo catalán expansionista"

El pacto que PP y Vox sellaron este viernes para gobernar en Aragón incluye el compromiso de defender "la unidad de España y la igualdad entre españoles" y combatir, desde el Ejecutivo regional, "las mentiras y manipulaciones interesadas del nacionalismo catalán excluyente y expansionista".

En el apartado dedicado a la cultura y el patrimonio histórico, ambos partidos acuerdan suprimir la Dirección General de Políticas Lingüísticas y las subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este campo (como la catalanista Plataforma per la Llengua, que en el último mandado sí ha recibido generosas ayudas del Ejecutivo valenciano presidido por Ximo Puig).

La mención al "nacionalismo catalán expansionista" incluida en el documento firmado este viernes por los portavoces autonómicos del PP y Vox, Ana Alós y Alejandro Nolasco, alude al conflicto histórico sobre la llamada Franja de Aragón.

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Se trata de medio centenar de pequeños municipios situados en las tres provincias (Teruel, Zaragoza y Huesca), lindantes con Cataluña, en los que alrededor de 30.000 habitantes hablan alguna modalidad del catalán. ERC ha planteado de forma cíclica reivindicaciones sobre la llamada Franja de Aragón, a la que presenta como una parte más de Cataluña.

El Gobierno de Aragón presidido por el socialista Marcelino Iglesias impulsó en 2009 la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas propias de Aragón que declaraba "el aragonés y el catalán" como "lenguas propias originales e históricas de nuestra Comunidad Autónoma".

Sin embargo, bajo la presidencia de Luisa Fernanda Rudi, esta norma fue sustituida por la Ley autonómica 3/2013, en la que desapareció por completo cualquier mención al catalán. 

El acuerdo programático con el que el popular Jorge Azcón presidirá el Ejecutivo regional también incluye la intención de "reordenar y planificar el despliegue de las instalaciones de energías renovables en el territorio", desde el respeto a los recursos naturales, económicos, turísticos y paisajísticos.

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PP y Vox quieren poner coto así al desarrollo de instalaciones de energía eólica que durante los últimos años se han implantado en grandes extensiones de terrenos forestales, especialmente en la provincia de Teruel, con un fuerte impacto sobre el paisaje y el entorno natural.

Ambos partidos prometen encargar un informe para derogar aquellas leyes autonómicas "ineficaces que sólo añaden burocracia" y cerrar organismos de la Administración "superfluos que realizan funciones duplicadas o inútiles". Ya adelantan la intención de cerrar los comisionados para la Agenda, Infancia y Despoblación, que actualmente dependen de la Presidencia del Gobierno regional. También se revisará la concesión de subvenciones (el pacto PP-Vox de Castilla y León recortó a la mitad las que reciben las patronales y sindicatos).

Además de derogar por "sectaria" la Ley autonómica de Memoria Democrática impulsada por Javier Lambán en 2022, el nuevo pacto de gobierno se propone reformar la Ley Trans de Aragón (Ley 4/2018 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación). Vox pretendía ir más lejos y derogar por completo esta norma.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el pacto de 80 medidas para el Gobierno de Aragón no menciona en ningún momento la "violencia de género". En su lugar, habla de erradicar la "violencia doméstica o intrafamiliar, en especial la que sufren mujeres, ancianos y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".

Penas para violadores

Pero también exige al Gobierno central que informe al Ejecutivo autonómico sobre la identidad todos los violadores que han salido de prisión, como resultado de la entrada en vigor de la Ley del sólo sí es sí, y que residan o se instalen en Aragón, para poder proteger a sus posibles víctimas. 

El Ejecutivo de Jorge Azcón pedirá al Gobierno español que sustituya esta norma por una Ley que "aumente las penas a todos los violadores, incluyendo la prisión permanente" en los casos más graves.

En el apartado económico, PP y Vox prometen incentivos fiscales que favorezcan la instalación de empresas para luchar contra la despoblación, así como una reducción del 20% de las cotizaciones para las empresas que contraten a parados de larga duración o personas mayores de 50 años.

Según este acuerdo, el partido de Abascal asumirá dos consejerías en el Gobierno regional: una de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia (que dirigirá Alejandro Nolasco como vicepresidente primero del Ejecutivo) y otra de Agricultura y Ganadería. Por su parte, el PP ocupará la vicepresidencia segunda.

Rebajas fiscales

La actual Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales pasará a denominarse Consejería de Bienestar Social y Familia. En principio, será gestionada por el PP e incluirá una Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad. Jorge Azcón sigue negociando ahora para lograr que el PAR se sume al pacto de gobierno.

El Ejecutivo regional establecerá el cheque bebé para fomentar la natalidad, el cheque escolar para que los padres puedan elegir el centro en el que estudian sus hijos y garantizará la gratuidad de la enseñanza en la etapa de cero a tres años (como ha prometido Feijóo a nivel nacional).

En el apartado fiscal, PP y Vox han acordado eliminar los impuestos de Sucesiones y Donaciones (como ya ha hecho el Govern balear de Marga Prohens) y rebajar en medio punto todos los tramos del IRPF para los contribuyentes que ingresan hasta 50.000 euros. También se aplicarán sobre este impuesto deducciones por nacimiento o adopción, para el cuidado de niños de hasta 14 años y por labores del hogar no remuneradas.