Junts también enmienda la malversación: pide que no sea delito si responde a una promesa electoral

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha presentado enmiendas a la reforma del Código Penal, para que la malversación no sea delito, si responde a un compromiso del programa electoral y no implica lucro personal.

Junts pretende eximir así que cualquier responsabilidad penal a los cargos de la Generalitat que desviaron fondos públicos de forma ilegal, para organizar el referéndum de independencia del 1-O. No se lucraron personalmente y además cumplían una promesa electoral de su partido, según la tesis defendida por Nogueras.

ERC se ha adelantado al anunciar su propia enmienda a la reforma del Código Penal (aunque no la registrará hasta este viernes), con la que propone rebajar a 4 años de cárcel la pena por malversación, cuando este delito no implique lucro personal. 

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La fórmula expuesta por ERC reduciría drásticamente la pena de inhabitación impuesta por el Tribunal Supremo al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, quien así podría volver a ser candidato en las convocatorias electorales que se celebren el próximo año.

Pero queda por ver cómo esta reforma del Código Penal afectaría, de modo retroactivo, a los condenados por grandes casos de corrupción como los ERE de Andalucía —el expresidente de la Junta José Antonio Griñán está a la espera del indulto para evitar su entrada en prisión— y el caso Gürtel.

Miriam Nogueras ha explicado este jueves, en una entrevista a EFE, que Junts quiere ir más allá de una simple "rebaja de penas" a los condenados por el golpe del 1-O. Su formación pretende revertir la reforma del Código Penal de 2015 impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Aunque la reforma fue mucho más amplia, Nogueras sostiene que el Ejecutivo de Rajoy perseguía condenar a los responsables de la consulta independentista del 9-N, que respondía a una "programa electoral" del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

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Junts pretende ahora dar marcha atrás a dicha reforma, para que los jueces no dispongan de la "herramienta" que les permite "tipificar como corrupción" el cumplimiento de un programa electoral que implique llevar a cabo la independencia de Cataluña, ha indicado Nogueras.

La enmienda planteada por esta formación propone derogar el artículo 219 de la Ley Orgánica de 2015, porque a su juicio "la malversación no puede equipararse a la administración desleal".

"La corrupción se combate con el Código Penal en la mano, pero la acción política se combate en las urnas. Son los ciudadanos los que deben decidir quién quieren que gestione sus recursos", ha argumentado Miriam Nogueras, que ha insistido en que "no puede ser que por ejecutar un programa electoral legal, haya políticos que acaben en la cárcel".

En cambio, la portavoz de Junts per Cataluña rechaza la enmienda presentada por ERC, porque "suavizar la redacción actual [de la malversación] añadiendo el requisito de ánimo de lucro para mantener la pena, o rebajar la pena manteniendo el resto de los elementos del tipo, es continuar incluyendo entre los delitos de corrupción conductas que no son corruptas, sino que se enmarcan en el ejercicio de las facultades que legítimamente corresponden a las autoridades o funcionarios públicos", sostiene.

Rebajas de penas

En cambio, la enmienda registrada por Junts propone modificar el artículo 432 del Código Penal para establecer penas de prisión "de tres a seis años" e inhabilitación "de seis a diez años" cuando una autoridad o funcionario público sustraiga o permita sustraer "con ánimo de lucro" fondos públicos que tengan a su cargo.

También plantea penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación de diez a veinte años si "la malversación reviste especial gravedad" por el volumen de dinero sustraído o el daño al servicio público.