El PP, partidario de que Reynders sea el mediador en su cita con el Gobierno para renovar el CGPJ

Ante la visita que el comisario de Justicia de la Comisión Europea tiene prevista a Madrid este jueves y viernes, los populares transmiten su interés por celebrar un encuentro a tres bandas en el que se puedan acercar las posturas. 

A día de hoy, hay previstas reuniones bilaterales de Reynders con hasta cinco miembros del Ejecutivo: Nadia Calviño, José Manuel Albares, Pilar Llop, Félix Bolaños y Alberto Garzón. También con el vicesecretario de Institucional de los populares, Esteban González Pons, y con el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Desde Génova aseguran a EL ESPAÑOL que no les consta que, de manera oficial, se haya cursado una petición por parte del comisario europeo para celebrar una reunión conjunta con Bolaños y Pons que facilite el ansiado acuerdo entre PP y PSOE, como persigue Europa con esta acción.

Sin embargo, también subrayan fuentes populares que si hay una convocatoria bajo la batuta del liberal belga y el encuentro no llega a celebrarse será sólo "porque el comisario cambia de opinión o porque el Gobierno la veta". Ya que ellos confirman su asistencia antes incluso de que llegue la invitación. 

"Serenidad" en el PP

Esta tranquilidad que exhibe el partido que preside Alberto Núñez-Feijóo ante la llegada de Reynders sólo se explica en su convicción de que si a alguien va a apremiar al mandatario europeo por la situación de interinidad de la justicia en España será al Gobierno. 

"Afrontamos esta visita con la serenidad de haber mostrado pasos en aras de renovar el Consejo General del Poder Judicial", sostienen en la dirección del PP. En cuanto a la postura concreta de Feijóo, en su entorno insisten en que su vocación para lograr un pacto con el Gobierno es "absoluta". 

Prueba de ello, recuerdan, fue su consigna nada más tomar los mandos de la formación en abril de que "no hubiera negociación mediática con el PSOE para que se pudiera entablar una conversación tranquila". 

Por el contrario, rechazan que Moncloa "no se ha movido un sólo ápice" en sus planteamientos. La negativa del Ejecutivo a ceder en algún punto, remarcan en la oposición, contrasta con la del PP, que a cada decisión que ha ido tomando el Gobierno, ha terminado modulando sus ideas para favorecer el entendimiento.

[El comisario de Justicia pretende forzar un diálogo entre Gobierno y PP sobre la renovación del CGPJ]

"Nos hemos movido. Primero pedimos que se modificara la ley para la elección de los jueces, dijeron que no. Luego, que no se modificaran las competencias del CGPJ para cambiar el TC, siguieron adelante. Ahora hemos dicho que estamos dispuestos a sentarnos con una sola condición: elijamos vocales con idoneidad", afirma el PP.

A la carta que remitió vía mail Esteban González Pons a Félix Bolaños, Génova denuncia que "el Gobierno ni siquiera ha contestado" con un acuse de recibo. 

Apoyo de la Comisión

La actitud de Moncloa, argumentan los populares, responde a dos cuestiones. La primera, la vocación del Gobierno de "no tratar nada con el Partido Popular porque sólo les interesa el Tribunal Constitucional". La segunda, porque no consideran al segundo partido del país como "un interlocutor de Estado". 

El equipo de Feijóo se pregunta "qué criterios" no terminan de convencer al Gobierno en la última comunicación remitida a Bolaños y advierten de que a su favor juegan no sólo la comprensión de "la opinión pública", sino también "el apoyo de la Comisión Europea". 

Dando respuesta a ese interrogante, el PP recurre a la situación que atraviesa el Consejo de Administración de RTVE para ejemplificar su teoría: "El Gobierno no quiere los criterios del PP porque plantean una renovación opuesta a la de RTVE, donde ya han nombrado a una nueva presidenta sanchista". 

Los populares lamentan que los socialistas no quieran "perfiles asépticos" para el máximo órgano de los jueces y dan por ganada la partida al Gobierno antes incluso de que se haya producido la visita de Reynders. Sus reivindicaciones, exponen, son las mismas que las del Ejecutivo comunitario.