La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1d), y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio (2i), se reúnen en la Real Casa de Correos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (1d), y la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio (2i), se reúnen en la Real Casa de Correos. E.P.

Política COMUNIDAD DE MADRID

Ayuso se niega a poner banderas españolas y el himno en los colegios madrileños como pide Vox

La formación que dirige Rocío Monasterio también pide a la presidenta la gratuidad en todas las etapas educativas para apoyar su ley 'anti-Celaá'.

7 octubre, 2021 18:17

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No habrá banderas de España ni se pondrá el himno nacional en las aulas de la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves ambas exigencias de Vox para apoyar su ley maestra de libertad educativa por entender que los símbolos "no se pueden imponer de manera política".

La formación que lidera Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid ha expuesto en la Asamblea de Vallecas las 44 enmiendas que ha presentado a la norma que pretende ser un "cortafuegos" a la Ley Celaá del Gobierno de España, pero se ha encontrado con la negativa de la presidenta a incorporar varias de ellas.

Por ejemplo, no habrá gratuidad en todas las etapas educativas, como reivindicaba la formación a la derecha del PP, que pedía "garantizar que ningún niño se quede atrás" dejando de cobrar por Infantil, Bachillerato y Formación Profesional. Díaz Ayuso ha asegurado este jueves que eso es "insostenible" porque costaría 760 millones de euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el Pleno de la Asamblea de Madrid. E.P.

Tampoco se blindará por ley la "transparencia" en los centros para que los padren sepan "qué y quién imparte contenidos en escolares y extraescolares" publicando el contenido de éstas en las páginas webs de los colegios. Una alternativa al pin parental -ya abandonado por la formación- que ya se produce de facto en la región.

La ley educativa

Díaz Ayuso ha asegurado que si Vox "tiene algo más aportar", serán "bienvenidas" todas las enmiendas, pero ha recalcado que no se puede utilizar la ley maestra "contra el sentido común". Y en este sentido ha criticado la propuesta de los de Monasterio de eliminar el bilingüismo: "Está siendo una de las herramientas que más está igualando en oportunidades a todos los alumnos para que puedan salir al mercado en igualdad".

Rocío Monasterio ha pedido a la presidente regional que utilice la ley maestra "para poner fin a las políticas de la izquierda" reprochándole que "de nada sirve hablar de indigenismo en Estados Unidos si a los niños en los libros de texto les hablan de que los españoles exterminamos a los indios".

Monasterio ha exigido también "coherencia" para poner en práctica políticas "que quiten las manos de la izquierda de la educación y de nuestros hijos": "Cuando gobernaron les pasó en Cataluña, despreciaron la importancia que tenía la educación".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, interviene en el pleno de este jueves.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, interviene en el pleno de este jueves. Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid necesita de nuevo el apoyo de Vox, aunque sea en forma de abstención, para sacar adelante una de sus normas más importantes del curso político. A priori no habrá problemas, pues ya se han puesto de acuerdo el último mes para modificar las leyes LGTB en la región o para recortar el presupuesto de Telemadrid.

El Partido Popular no necesitará entonces los votos de la izquierda, que en su conjunto suma menos escaños (58) que el partido del Gobierno regional (65).

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no han presentado un texto alternativo, sino que directamente han exigido que el proyecto de ley sea devuelto al Gobierno autonómico para que elabore una nueva redacción. Una enmienda a la totalidad ante una norma que, en su opinión, forma parte de la estrategia de "confrontación" del Gobierno autonómico con el de la nación.