El crédito de Fernando Grande-Marlaska se ha agotado. Tal es el desgaste del ministro en sus dos años y medio como titular de la cartera de Interior que ya figura como primero en la lista de Moncloa para abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez en la próxima crisis, según ha podido saber este periódico en fuentes del Ejecutivo.

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La situación es ya insostenible y Marlaska se ha quedado sin valedores dentro del Gobierno de coalición. El último y más decisivo escándalo fue la sentencia del juez Celestino Salgado que le obligó a restituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, cesado de manera "ilegal" como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El ministro del Interior cometió una "desviación de poder" -así dice la sentencia- al decretar el cese en su cargo del coronel después de que éste se negara reiteradamente a la petición de sus superiores políticos. Éstos le reclamaron insistentemente información sobre sus investigaciones como policía judicial en el procedimiento penal que instruía la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de la marcha del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2020, cuando la pandemia del Covid-19 ya estaba extendida.

Esa sentencia podría suponer, valga la redundancia, su sentencia política. Y es que según ha podido saber EL ESPAÑOL, Marlaska ya no tiene quién lo defienda en Moncloa. Su gestión frente de Interior no gusta, apenas se habla con el presidente y su relación con algunos ministros, como Margarita Robles, titular de Defensa, está rota. Entre otras cosas, Robles era partidaria de la promoción de Pérez de los Cobos.

Hay que tener en cuenta que el diálogo constante entre Interior y Defensa es imprescindible para el correcto funcionamiento de un Gobierno, por cuanto algunas de sus labores -véase, la designación de mandos de la Guardia Civil- son concomitantes.

Por ello, en caso de una hipotética remodelación del Gobierno provocada por una crisis, Marlaska tendría, en estos momentos, todas las papeletas para abandonar el Ministerio del Interior.

Descrédito político

Hace apenas tres años, Fernando Grande-Marlaska era un magistrado que gozaba de una buena consideración en el mundo político, judicial y policial, así como por parte de las asociaciones de víctimas de ETA. Desde el 18 de junio de 2018, cuando aceptó el encargo de Pedro Sánchez para ser ministro del Interior, ha dilapidado esa buena reputación.

Fuentes del Gobierno confirman su "cambio de bando", ya que el entonces juez flirteó con el Partido Popular cuando ésta era la formación que ocupaba el Gobierno de España. Fue, de hecho, el PP quien propuso al actual ministro como vocal en el CGPJ tras 10 años como instructor en la Audiencia Nacional. Además, el propio Marlaska maniobró para ocupar algún cargo de responsabilidad designado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy: bien como Defensor del Pueblo o bien como Fiscal General del Estado.

Ahora, sin embargo, se reivindica "progresista". Algunas de las personas que han trabajado cerca del actual ministro del Interior destacan de él rasgos de "frivolidad" y de falta de principios férreos. "Él sólo pertenece al club Marlaska", sostienen fuentes consultadas por este medio.

En su última aparición en la campaña madrileña llegó a acusar al PP de ser una "organización criminal", apoyándose en la sentencia de la Gürtel -la misma que inspiró la moción de censura que, finalmente, lo llevó a él al Ejecutivo-. Una atribución delictiva que luego aseguró que había sido "malinterpretada", pero que fue muy criticada por la oposición por considerarla impropia de un ministro y, sobre todo, de un exjuez.

Marlaska se ha convertido en uno de los miembros del actual Gobierno más atacados por PP, Vox y Ciudadanos, que han exigido su dimisión en numerosas ocasiones y han llegado a pedir su reprobación en las Cortes. La última, con motivo de la dura sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid por el cese de Pérez de los Cobos.

"¿Pero usted no se da cuenta de que ya está cesado y ni se ha enterado? Está muerto políticamente, solo falta que rubriquen la firma", le espetó el popular Fernando Martínez-Maíllo en el Senado.

Jueces y policías

Marlaska ingresó en la carrera judicial en 1987 y durante sus más de 30 años de actividad destacó su intensa lucha contra el terrorismo de ETA. No en vano, ordenó la detención de Arnaldo Otegi y de los miembros de la plataforma Gazte Independentistak. Todo un cursus honorum contra el mundo etarra.

Por eso, resulta llamativo que en 2021 sea una figura con tan baja consideración en el mundo judicial, policial y especialmente, entre las víctimas de ETA. Pero lo cierto es que la reputación de Marlaska comenzó a caer precisamente en el entorno de los socios del Gobierno, a cuenta de las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español por no investigar correctamente las denuncias por supuestas torturas a proetarras.

Esas omisiones serían atribuibles al propio Marlaska, por cuanto él era entonces juez central de instrucción en la Audiencia Nacional.

La primera condena, en 2016, se produjo cuando Estrasburgo determinó que España no había llevado a cabo una "rigurosa y efectiva" investigación de una denuncia por supuestas torturas presentada por Javier Beortegui, detenido en enero de 2011 bajo la imputación de pertenecer a Ekin, una de las organizaciones vinculadas a ETA. La última, data del pasado mes de enero.

Pero la estocada definitiva a su reputación en el mundo de la judicatura ha venido de la mano de la orden interna del Ministerio del Interior avalando la patada en la puerta como método policial para intervenir fiestas ilegales durante la pandemia. Una medida calificada como "desproporcionada" por las asociaciones de jueces y criticada por los sindicatos policiales.

Para más inri, también los representantes laborales de la Policía se dicen hartos de su gestión del Ministerio del Interior. Tal y como confesaron a EL ESPAÑOL el mes pasado, consideran que Marlaska es "un juguete" en las manos de Pedro Sánchez y que todas sus decisiones tienen una marcada motivación política y/o ideológica.

Víctimas de ETA

Pero si es criticado como juez y por los policías, nada más paradigmático de su caída en desgracia que el nulo predicamento del que goza actualmente entre las asociaciones de víctimas del terrorismo. Llamativo, cuando menos, tratándose de un magistrado que luchó con vehemencia contra el terrorismo etarra.

Muchos son los factores que han propiciado esta ruptura. La más decisiva, sus semanales acercamientos de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. Condenados por terrorismo que, en algunos casos, jamás han mostrado arrepentimiento y que no han colaborado con la Justicia para resolver los casos pendientes de resolver y que pronto prescribirán.

Por esto, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha acusado al ministro de mostrar más "empatía" por los terroristas que por las víctimas.

Su último desencuentro tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando el Gobierno de España organizó un acto en el que una apisonadora aplastó 1.400 armas incautadas a organizaciones terroristas. Esto, ante un despliegue de cámaras y decenas de medios de comunicación.

Aquel día, Maite Araluce -presidenta de la AVT- se acercó, junto a su consejero Miguel Folguera, al presidente del Gobierno y a Marlaska para pedirles "una explicación por los acercamientos" de etarras "que cada viernes generan tanto dolor en nuestro colectivo". No obtuvo respuesta del ministro.

Araluce y Folguera, de la AVT, junto al presidente del Gobierno y el ministro del Interior. AVT

Por todo lo expuesto, el descrédito de Marlaska es absoluto y se extiende ya a todos los ámbitos que competen a su desempeño como ministro del Interior. Varios de sus compañeros del Consejo de Ministros lo consideran quemado ante la opinión pública y por eso ya prevén su salida ante una eventual crisis de Gobierno.

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