Cuando el juez Celestino Salgado anuló el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y ordenó a Fernando Grande-Marlaska reponerlo en ese cargo, la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid avivó el fuego entre el Ministerio del Interior y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Al tiempo que el Gobierno cerraba filas oficialmente en torno a su ministro, los sindicatos policiales se sintieron reivindicados.

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Es más, representantes de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se sintieron reivindicados por el fallo judicial. No en vano la sentencia condenatoria contra la decisión de Marlaska se argumenta esencialmente en dos hechos.

El primero, que la propuesta de destitución que firmó María Gámez, directora de la Guardia Civil admitía la intrusión política en una investigación judicial -"por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial"-. Y el segundo, que la propia Gámez reconoció de palabra al exDAO Laurentino Ceña que ni aun queriendo habría podido evitar la caída de Pérez de los Cobos, "porque la decisión estaba tomada por Moncloa y se le iba a cesar".

El coronel Diego Pérez de los Cobos, en un acto de la Guardia Civil. E.E.

Y es que de eso mismo acusan tanto Jusapol como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) al ministro Marlaska, de no ser más que un juguete en manos de Pedro Sánchez.

"Su política la dictan en Moncloa", asegura Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, entidad que representa a policías y guardias civiles. "Se han debido de creer que en la Guardia Civil podían actuar como hacen con nosotros en la Policía Nacional", Carlos Morales portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). "Y el juez les ha parado los pies, bien está".

Unos y otros ven motivaciones políticas en toda la política del Ministerio. El presidente de Jusapol acusa directamente a Marlaska de "no pintar nada" y plegarse a las exigencias que marca Presidencia del Gobierno: "Nos abandonaron con la Covid, sin mascarillas, EPIs ni gel", coinciden ambos representantes sindicales. "Y ahora no se atreve a dar un puñetazo en la mesa para defendernos", lamenta Gómez.

El presidente de Jusapol pone dos ejemplos. "Por un lado, lo de la patada en la puerta. Desde arriba del Gobierno dicen que podemos entrar en los pisos turísticos para desmantelar las fiestas ilegales... pero por otro, el ministro no redacta una orden que nos ampare ante los jueces, de modo que no sabemos si es legal o no".

Por otro, añade otra queja grave, sobre la que sugiere motivaciones relacionadas con las alianzas políticas del Gobierno: "Los traslados de etarras de cada viernes... el exjuez Marlaska no está teniendo arrojo para pararlos, se los dictan desde arriba". En este punto, Gómez coincide con Morales: "No podemos estar de acuerdo con esa política", aunque el portavoz del SUP prefiere no atribuir razones de conveniencia de Moncloa con sus socios parlamentarios.

¿De los Cobos mintió?

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el equipo de Grande-Marlaska, que rechaza toda injerencia del presidente del Gobierno: "Cuando el ministro ha querido tomar decisiones, desde arriba nunca han preguntado siquiera", explica un portavoz de Interior. ¿Ni siquiera en los traslados de etarras? "Ni siquiera. Cuando acusan al ministro de estar desmantelando la política penitenciaria con ETA, lo admite, claro... porque ya no hay terrorismo".

Documento de la Guardia Civil pidiendo el cese de Pérez de los Cobos.

¿Y tampoco hubo órdenes "de arriba" en la destitución del coronel Pérez de los Cobos, como dice la sentencia? "No, tajantemente no. Aquel cese fue fulminante, el ministro perdió toda su confianza en él por su actitud".

Lo cierto es que el pasado mes de mayo, cuando el coronel de la Guardia Civil fue destituido como jefe de la Comandancia de Madrid, Marlaska se había sentido engañado. Este periódico pudo recabar la versión de los hechos que aún hoy se mantiene de lo ocurrido aquellos días entre Pérez de los Cobos, el exDAO Laurentino Ceña, fulminado pocos días después, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.

Según ese relato, De los Cobos comunicó a la directora, a través de Ceña, que la jueza Carmen Rodríguez-Medel les había "comisionado para investigar" por qué se permitió a celebración del 8-M pese a que la epidemia de coronavirus ya se estaba expandiendo. Pero que pasadas un par de semanas, la magistrada les ordenó parar las pesquisas, y así se le comunicó al Ministerio. "Y a los pocos días, filtraron a los medios el informe", tal como publicó este diario.

Simón, al banquillo

Marlaska está convencido de que De los Cobos se confabuló con la juez y con el PP "para sentar en el banquillo a Fernando Simón". Y que la operación se frustró porque el informe era de muy baja calidad, "con recortes de prensa y lleno de graves errores". De ahí que el ministro se sintiera engañado y lo destituyera de inmediato. 

Hasta ahí el relato que circula en el Ministerio. "Y Moncloa no tuvo nada que ver", aportan las fuentes oficiales. "Al contrario, hay confianza absoluta en la autonomía política del ministro".

Pero ateniéndose a las múltiples explicaciones distintas del ministro, los sindicatos lo niegan. "Puede que en Interior crean que pueden seguir actuando como en épocas anteriores, poniendo y quitando a su antojo", apunta el portavoz de Jusapol. "Están acostumbrados al sindicato vertical de otras épocas", asegura, "pero seguiremos llevándoles a la Justicia, al contencioso cuando no estemos de acuerdo, y a la vía penal cada vez que creamos que hay delito, se llame Marlaska el ministro o como sea".

"Desamparo y chulería"

Tanto el SUP como Jusapol (formado por los policías de Jupol y los guardias de Jucil) denuncian "desamparo institucional" y "desatención absoluta" del ministro. Sobre todo, desde que hace 14 meses el Ejecutivo en funciones del PSOE pasó a ser el Gobierno de coalición con Unidas Podemos. "Curiosamente, en ese momento, Marlaska dejó de recibirnos... y los de Pablo Iglesias nos dieron la espalda". Lo que atribuyen a la geometría variable de alianzas del Gobierno.

El agente Villota, 43 años al servicio de la Guardia Civil, manifestándose con Jusapol ante el Congreso de los Diputados. ADP

De hecho, la formación morada se dio la vuelta como un calcetín y pasó de tramitar como enmiendas propias en el Congreso las reivindicaciones policiales a bloquear conjuntamente con los socialistas la ley llevada al Parlamento por Iniciativa Legislativa Popular (ILP): "Nos mintieron a la cara, al mismo tiempo que nos decían que la tramitarían, sus compañeros estaban votando en la Mesa contra nuestra ILP", denuncia Miguel Ángel Gómez.

Carlos Morales, fundador de Jusapol y ahora en el SUP, coincide con ese relato -"fui testigo directo", explica- y añade que "por mucho que digan, la equiparación salarial real no se ha logrado". Los sindicatos recuerdan que lo firmado con el Ministerio incluía fijar por ley la garantía de que no haya en el futuro, "nunca más, agravios comparativos" con las policías autonómicas. Y recuerdan que aún quedan partidas por completar.

Desde el Ministerio atribuyen todas esta quejas a una pelea entre sindicatos, por la representatividad en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y recuerdan "el enorme esfuerzo, con la que está cayendo, que ha hecho este Gobierno para cumplir lo acordado", con un alza media del 20% en las retribuciones de los agentes, "la mayor a cualquier funcionario en la historia de la democracia".

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