Fernando Grande-Marlaska vive sus horas más bajas como ministro del Interior. El motivo, la dura sentencia del juez Celestino Salgado que anula su destitución al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. El fallo es tan taxativo que incluso impone al Ministerio del Interior las costas del contencioso.

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La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de la capital habla nada más y nada menos que de "desviación de poder" y atribuye a una motivación "ilegal" de Marlaska el cese de De los Cobos en su cargo, el pasado mes de mayo. También ordena su restitución en el puesto.

El fallo ya ha sido recurrido por el Ministerio del Interior y puede tardar hasta cuatro años en ser firme. Esta es la coartada a la que se aferra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para no cesar a su ministro, pese a la gravedad de los hechos que le imputa la sentencia.

El cese había sido justificado por el ministro en la"pérdida de confianza" en el mando. Pero fue decidido después de que el coronel se negara reiteradamente a la petición de sus superiores políticos de facilitarles información sobre el procedimiento penal que instruía la jueza Carmen Rodríguez-Medel sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando la pandemia del Covid-19 ya estaba extendida.

El coronel, clave en la causa del 'procés' y en la lucha contra ETA, se había negado a entregar datos sobre la investigación que se seguía en su comandancia a propósito de la causa abierta entonces contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una presunta prevaricación administrativa al no prohibir actos multitudinarios el 8 de marzo de 2020, aun sabiendo de su riesgo para la salud pública.

En aquella fecha, a pesar de que ya se habían registrado numerosos casos de Covid en España, se convocaron en la capital marchas multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer e incluso un gran mitin político de Vox.

Sentencia, apelación y casación

Los abogados consultados por EL ESPAÑOL explican por qué, a pesar de que ya se ha dictado una sentencia, el proceso hasta que ésta sea firme podría dilatarse tanto. En primer lugar, lo normal es que el recurso de apelación ante la Audiencia Nacional tarde en resolverse entre nueve meses y un año.

Después de éste, cabría un recurso de casación, que es el último instrumento al que ampararse para reclamar una nueva revisión del enjuiciamiento en el Tribunal Supremo. Éste se debería pronunciarse sobre la corrección o incorrección de la sentencia emitida por la Audiencia Nacional. Y según la cadencia habitual en cuestiones similares, esto supone que si el Gobierno quiere dilatar plazos, podría no haber sentencia firme hasta abril de 2025.

El juez, en su fallo, desestima las alegaciones de la Abogacía del Estado que, en defensa de Marlaska, pretendían que la petición de información sobre la investigación para los mandos políticos de Interior no había tenido motivaciones políticas, sino que era imprescindible para "una asignación eficiente y coordinación de los recursos limitados". Y es que "tal motivo no aparece -ni tan siquiera aludido- en ninguna de las resoluciones [del Ministerio]", señala la sentencia.

Todo esto, unido a la declaración de Laurentino Ceña, ex director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, en la que refirió que "la decisión estaba tomada por Moncloa", llevó al juez a concluir que el cese del coronel se debió, precisamente, al empeño del mando de la Guardia Civil en "cumplir con lo que la ley establece" sobre la debida reserva de las investigaciones judiciales: "Es indiscutible que [...] se cesó al recurrente por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil".

Sostener a Marlaska

Sánchez está empeñado en sostener a Marlaska, consciente de la gravedad del caso. Y de que una destitución de este calado -y por estas motivaciones- podría arrastrar judicialmente a todo el Ejecutivo con él. Por eso lo ha defendido públicamente con vehemencia desde que se destapó el escándalo y De los Cobos recurrió su apartamiento del cargo.

El pasado mes de junio, en el Congreso de los Diputados, el presidente se remitió a una supuesta corrupción policial para eludir que Marlaska había faltado a la verdad cuando negó que el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos hubiera tenido relación alguna con su negativa a darle datos al ministro sobre el contenido del informe que la Benemérita había entregado a la jueza Rodríguez Medel sobre el 8-M y la crisis del coronavirus. 

El presidente del Gobierno acusó a la oposición de atacar al ministro del Interior por estar trabajando en desmontar la "mal llamada Policía patriótica" que, en su argumentario, organizó el Gobierno del Partido Popular al mando de Mariano Rajoy.

Desde entonces, la figura del ministro del Interior se ha ido erosionando conforme se sucedían las polémicas: la gestión de la crisis migratoria en Canarias, el acto de destrucción de armas de ETA con una apisonadora, los traslados semanales de etarras a cárceles próximas al País Vasco o la defensa del método de la 'patada en la puerta' para acabar con las fiestas ilegales en pandemia.

De entre todas las razones que pueden esgrimirse para pedir la dimisión de Marlaska, la más poderosa y la que pone contra las cuerdas al Gobierno es su reciente condena por destituir de manera "ilegal" al coronel Pérez de los Cobos.

Pero Sánchez no cesará a Marlaska hasta que haya una condena en firme. Y para entonces pueden quedar cuatro años.