En las Islas Canarias se advirtieron muy pronto las primeras señales. Mucho antes de que el virus supusiera una amenaza para toda Europa. No bien terminaba el mes de de enero que daba inicio al funesto 2020 y el archipiélago ya había recibido la llegada de 708 inmigrantes, en patera o en cayuco. Era una cifra que superaba con mucha diferencia las 40 personas que habían arribado ese mismo mes del año anterior.

Este jueves, once meses después de aquellos augurios invernales, agentes de la Policía Nacional trasladaron a la segunda remesa de 200 inmigrantes a las tiendas de campaña improvisadas en Barranco Seco, Gran Canaria. Mientras tanto, 1.800 personas que han ido llegando de forma imparable a través del mar permanecen hacinadas en el muelle del puerto de Arguineguín, en la localidad de Mogán.

El caos vivido en estas últimas semanas ha erosionado el prestigio de Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior. Hasta Podemos, socio de Gobierno, ha pedido su dimisión. Todas las fuentes consultadas se refieren a unos meses en los que ha primado la improvisación, en los que los recursos han sido realmente escasos y en los que la bola de nieve ha ido aumentando hasta que ha alcanzado un tamaño que ya resulta incontrolable. 

A inicios de semana, en Arguineguín se amontonaban 2.700 personas, en unas carpas pensadas para un máximo de 400. Desde entonces, han salido unas 900, entre traslados al nuevo campamento y dos centenares de los liberados sin control ni asistencia alguna el pasado martes, oficialmente, porque se habían cumplido las 72 horas de retención policial.

Las islas Canarias viven la peor crisis migratoria de la última década. Si no se remedia, se convertirá en la más grave de lo que va de siglo antes de que acabe el año. La anterior crisis, en 2006, cuando llegaron a sus costas más de 31.000 inmigrantes, se quedará pequeña a poco que continúe la actual tendencia.  

11.409 personas llegaron a alguna de las islas hasta el 31 de octubre de 2020. 5.328 lo hicieron durante ese último mes. La media al día fue de 171. En noviembre, esa cifra va al alza y ronda los 400 seres humanos cada jornada.

El sindicato SUP de Policía Nacional y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya han dado la voz de alarma en un comunicado conjunto denunciando la "descoordinación ministerial" vivida estas semanas. También Jupol, sindicato mayoritario de la policía, e Independientes por la Guardia Civil (IGC) han denunciado lo sobrepasados que están sus asociados.

Ha habido tiempo para tomar medidas, pero al final todo ha desembocado en una emergencia humanitaria en la que más de 17.000 personas han alcanzado costas canarias en lo que va de año. Todas las fuentes coinciden en que las decisiones se podían haber tomado mucho antes. 

Tiempos de pandemia

Según datos del Ministerio del Interior, 23 pateras o cayucos con inmigrantes alcanzaron Canarias o fueron rescatadas en su entorno entre el 1 y el 31 de enero. Solo tres embarcaciones se detectaron en enero del año anterior. 

Se venía de un año en el que, en conjunto, la presión migratoria había sido menor. 2019 se cerró en el conjunto de España con la mitad de afluencia de inmigrantes por mar que en 2018. Con las rutas por el Mediterráneo clausuradas, las ONG comenzaron a advertir de que los movimientos de las mafias iban a conducir a que la ruta del Atlántico, una de las más peligrosas debido a las corrientes marítimas, se reabriese 14 años después de la llamada "crisis de los cayucos".

Embarcación rescatada por Salvamento Marítimo esta semana en la costa canaria. EL ESPAÑOL

Lo peor estaba por llegar. Ni siquiera la declaración del Estado de Alarma ni el decreto del cierre de fronteras nacionales frenó el ímpetu de muchas de las personas desesperadas que, procedentes del continente más pobre del mundo, siguieron embarcándose en cayucos y pateras a las aguas del Atlántico para jugarse la vida y escapar de las complicadas situaciones de sus respectivos países de origen.

Un total de 2.203 migrantes accedieron a España durante la vigencia del Estado de Alarma decretado por la pandemia del coronavirus el pasado 14 de marzo. Un millar lo hicieron en la segunda quincena del mes de mayo, según las fuentes consultadas. 362 de ellas arribaron a Canarias.

Seguía siendo la única ruta marítima que incrementaba su afluencia respecto a 2019. En concreto, se había quintuplicado. Desde el 16 de marzo hasta el 31 de mayo llegaron a las costas isleñas un total de 1.245 personas en patera. Un 446% más que el año anterior.

Sin plan estival

En julio comenzaba a escalar, sigilosamente, la segunda ola que padecemos ahora en España. Se notaba también en el archipiélago canario. En concreto, 100 de los 135 casos de coronavirus de las islas correspondían a personas llegadas en patera a Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote durante el mes y medio anterior. No se tiene constancia de que hubieran contagiado a nadie. Fue en esos siguientes días cuando la afluencia comenzó a repuntar. 

Casi a diario, desde mediados de julio hasta casi finales de mes, llegaron 307 personas sin solución de continuidad, que provocó que los centros de acogida se empezasen a saturar. Aquella semana, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, avisó de que se esperaba un repunte importante en la migración a través de la ruta del Atlántico durante la segunda mitad del año. En el último cuatrimestre del año, dijo, "suelen llegar más embarcaciones por el periodo de calma del mar". Tuvo razón. Era la misma opinión que hace un mes manifestaban a EL ESPAÑOL guardias civiles y policías destinados en la zona.

Por aquel entonces, en un pleno del Senado, Coalición Canaria exigió al Gobierno central que cumpliera con las exigencias en política migratoria. Realizaban esa exigencia después de recibir por escrito una sorprendente respuesta de parte del Ministerio de Marlaska.

Vista aérea del muelle de Arguineguín. Marcos Moreno

El Ejecutivo les respondía que no se tenía constancia "de la existencia de acuerdos o convenios de colaboración que haya cerrado el Ministerio del Interior en la comunidad autónoma de Canarias durante los años 2019 y 2020 a la atención a inmigrantes". Fue entonces cuando solicitaron compromiso y acción al gobierno central. 

Para el 4 de agosto, según los datos globales del Informe "Inmigración Irregular 2020" del Ministerio del Interior, ya habían arribado a las costas de Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria 3.269 personas. Se sobrepasaba la cifra de las 3.000 llegadas por primera vez desde el año 2008. El día 8 se hundieron dos embarcaciones que se dirigían a las islas. 50 personas fallecieron ahogadas y sus cuerpos se los tragó para siempre el Atlántico. 

Desbordados en otoño

En septiembre, con 68 personas alcanzando cada día la costa, la situación continuó imparable ante la impasividad de Interior. Para entonces los sindicatos y asociaciones representantes de los agentes que se fajaban en el terreno advertían de que la situación solo iba a ir a mayores. En octubre, la media diaria fue ya de 200.

La consecuencia más inmediata:  la capacidad de acogida prevista por las instituciones quedó absolutamente rebasada. Y ello pese a que el Ministerio de Migraciones tomó la decisión de contratar complejos turísticos vacíos como albergues de emergencia que logró convertirse en 3.000 plazas humanitarias de alojamiento.

De entre las 22 carteras con las que cuenta el Gobierno de Sánchez, hay cinco con competencias implicadas en esta crisis. Unos se señalan las responsabilidades a los otros. Varios de ellos ya han visitado el archipiélago.

Así es la ruta de la inmigración hacia las Canarias. E.E.

Mientras tratan de resolver una situación que les ha estallado en las manos, la guerra interna entre los socios de la coalición se recrudece, como el intercambio de mensajes cruzados que se ha visto este viernes entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, e Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, cartera que depende directamente de la vicepresidencia de Pablo Iglesias.

El incremento de llegada de pateras y ciudadanos magrebíes supera ya el 1.000% respecto a las cifras del mismo periodo durante el año anterior. "Esta ausencia de liderazgo en la utilización eficaz de los recursos de los departamentos implicados está provocando graves perjuicios en el servicio policial sin que, además, Interior ejerza su competencia exclusiva como órgano coordinador del trabajo de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de seguridad", dicen desde la AUGC y el SUP.

Desde hace una semana, en ese muelle de la vergüenza hay más de dos millares de inmigrantes. La ONG Médicos del Mundo ya ha alertado de la situación de "hacinamiento" que se está produciendo. Carpas para 30 personas en las que malviven apretujados hasta 75. El Gobierno ya ha anunciado que habilitará 7.000 plazas nuevas en carpas, pero esta ONG lo ve insuficiente. "No parece que esa opción vaya a mejorar sustancialmente sus condiciones de vida". 

Todo ello, mientras la amenaza del virus sobrevuela el panorama nacional.

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