Pedro Sánchez ha presidido este jueves la destrucción pública de 1.400 armas incautadas durante décadas por las fuerzas de seguridad a organizaciones terroristas, en su mayoría a ETA. En el acto público, rodeado de miembros de su Gobierno, representantes de las instituciones del Estado, de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y de víctimas y familiares de quienes fueron "asesinados, secuestrados o extorsionados por el terrorismo", el presidente se ha comprometido a "arrojar luz sobre los crímenes de ETA nunca esclarecidos".

Precisamente, ésta era la principal queja aducida por Dignidad y Justicia o Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo) para no participar en la "destrucción simbólica" del armamento, este jueves en el colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid.

Según la organización liderada por Consuelo Ordóñez, hermana del exdirigente del PP Gregorio Ordóñez (asesinado por ETA en 1995), el acto era puramente "propagandístico", y su único objeto era ocultar el "rotundo fracaso" del Estado de derecho con las víctimas del terrorismo, especialmente con las de ETA, a "más de la mitad" de las cuales "se les han negado sus derechos a la verdad y a la justicia".

Sin embargo, el presidente ha comprometido su palabra, "proclamando bien alto" que su Gobierno "seguirá defendiendo la memoria de quienes fueron asesinados, heridos o secuestrados", e incluso de quienes "tuvieron que huir abandonando sus hogares por la extorsión, la violencia y la amenaza" de ETA.

"Memoria democrática"

Según Sánchez, una cosa es que "ETA está acabada, indudablemente" y otra bien distinta es "la reparación pendiente". El Gobierno, que remarcó que entre las pistolas, fusiles y demás elementos destruidos había también armamento intervenido a GRAPO, "hace falta memoria democrática para que las nuevas generaciones recuerden lo que pasó". Porque "no podemos cambiar el pasado, pero sí repararlo".

A la destrucción simbólica de estas armas acudieron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la titular de Defensa, Margarita Robles; y representantes de los gobiernos vasco y navarro, así como del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal. Además, agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y otras policías autonómicas, funcionarios de Instituciones Penitenciarias y Fuerzas Armadas.

Ausencias

El acto estaba organizado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, una organización pública presidida por el propio jefe del Ejecutivo, y en cuyo patronato participan hasta 10 ministerios, el Gobierno vasco y el navarro, además del alcalde de Vitoria, las Cortes Generales y sólo dos representantes de las víctimas, ambos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT).

Hubo grandes ausencias, como las de los cuatro expresidentes del Gobierno vivos, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), José María Aznar y Mariano Rajoy (PP), además de líderes políticos de la oposición, como Pablo Casado, Inés Arrimadas o Isabel Díaz Ayuso, invotada al acto en su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid.

De ahí, la polémica del acto, del que también se desmarcó Dignidad y Justicia. Su presidente Daniel Portero, consideró que se trataba de "una maniobra publicitaria" del Ejecutivo de Sánchez para tratar de "tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo".