Gloria Elizo.

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Política

La vicepresidenta de la Mesa (Podemos) sobre los diputados presos: "Puede no aplicarse la suspensión"

Gloria Elizo considera que "a lo mejor" no se debe inhabilitarles y dejarles sin "un derecho tan fundamental como el de representación política".

23 mayo, 2019 09:30

Gloria Elizo, vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, ha abierto la puerta este jueves a que la Mesa del Congreso decida no inhabilitar a los diputados catalanes presos de la Cámara Alta. "A lo mejor en este caso no es aplicable la suspensión de un derecho tan fundamental como el de representación política", ha dicho la integrante de Podemos e una conferencia en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum.

"Hay que tomar con cautela y calma un derecho fundamental tan importante como es el de participación política de un representante público". "El derecho fundamental a la participación política está considerado en el artículo 23, con el que se debe ser extremadamente respetuoso". "La suspensión e interpretaciones jurídicas a lo mejor no son aplicables a esta situación", ha dicho a Elizo, una de los dos miembros de la formación morada en el órgano parlamentario junto a Gerardo Pisarello, secretario primero.

Este martes la Mesa del Congreso celebra su primer encuentro de la legislatura para abordar, como asunto principal, el futuro de los cuatro diputados catalanes (Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull) que se encuentran en prisión preventiva y que podrían ser suspendidos por esta razón, pero no se prevé ninguna decisión.

"No vienen bien las prisas, sino la calma para un asunto tan grave como es la suspensión de unos cargos públicos", ha señalado.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó en rueda de prensa sobre la convocatoria, de la que no se prevé salga una resolución firme, ha apuntado, porque antes pretende que los nueve integrantes de la Mesa debatan la cuestión y pidan más informes, llegado el caso. Negó que esté demorando la decisión. 

Batet confirmó que su primera decisión consistió en enviar un escrito al Tribunal Supremo, que juzga a los diputados presos, para solicitar que informe al Congreso sobre "las consecuencias de la aplicación de la ley procesal de los parlamentarios" catalanes, es decir, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal