Puigdemont y Torra, en la sede de la 'embajada' catalana en Bruselas.

Puigdemont y Torra, en la sede de la 'embajada' catalana en Bruselas.

Política EL ROMPECABEZAS CATALÁN

Torra insiste en su desafío a Sánchez y reabre la tercera de las embajadas clausuradas por el 155

Ya son tres las embajadas de la Generalidad reabiertas por el Gobierno de Quim Torra desde su clausura en octubre de 2017 tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La de Italia, reinaugurada este lunes en Roma, sigue a las de Alemania y el Reino Unido/Irlanda, y precede a las de Francia, Estados Unidos y Suiza, que se prevé sean reabiertas en breve.

El decreto de reapertura de las embajadas ha sido recurrido por la vía contencioso-administrativa por el Gobierno central frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ello no ha sido óbice para que el consejero de Asuntos Exteriores y candidato a la alcaldía de Barcelona Ernest Maragall, junto a Luca Bellizzi (delegado de la Generalidad en Italia) y Mireia Borrell (directora general de Relaciones Exteriores de la Generalidad), hayan reabierto ahora la de Italia.

La apertura de las embajadas de la Generalidad, bautizadas como "delegaciones" por el Gobierno autonómico catalán, ya había sido recurrida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Con la aplicación del 155 y el posterior cierre de las embajadas, el recurso decayó. De ahí que el Gobierno de Pedro Sánchez se haya visto obligado a iniciar un nuevo proceso contra ellas.

El motivo del recurso es la vulneración de la ley de Acción y Servicio Exterior, que exige que las comunidades comuniquen al Gobierno su intención de abrir una nueva delegación para que el Ministerio de Exteriores pueda emitir un informe sobre su adecuación al principio de unidad de acción exterior del Estado. El objetivo es evitar que la actividad de esas embajadas contradiga, obstaculice o torpedee la política exterior del Gobierno. Un riesgo evidente en el caso de la Generalidad de Torra, instalada en el gota a gota del desafío frontal al Estado

Según el recurso presentado por el Gobierno, la Generalidad habría obviado el requisito exigido por la ley de Acción y Servicio Exterior del Estado al comunicar la reapertura de sus embajadas con sólo 24 horas de antelación, lo que imposibilita la realización del informe preceptivo. La excusa dada por la Generalidad es que, tratándose de una reapertura y no de una apertura, ese informe no es necesario. El recurso, según explicó el ministro Josep Borrell en septiembre, "está en marcha y ahora sólo queda esperar a que los jueces actúen".

Altavoces para la internacionalización del 'conflicto'

Las embajadas de la Generalidad son un elemento esencial de la estrategia de internacionalización del conflicto. En teoría, las oficinas de la Generalidad en el exterior realizan, según Maragall, "las funciones normales de cualquier delegación de cualquier región o país europeo. Se trata de defender el interés general de Cataluña y sus ciudadanos, estar en contacto con representaciones económicas y estar presentes, como sujeto político, en los debates que nos afectan". 

En la práctica, y además de esas funciones, las embajadas funcionan como altavoces internacionales del relato de la Generalidad: el que habla de la existencia de "presos políticos" en el Estado español y del enquistamiento de un hipotético conflicto entre el Gobierno central y un pueblo catalán monolítico en sus aspiraciones de independencia: "No es una obsesión contra el Estado, sino explicar con claridad que hay una situación inadmisible y una actuación de la Justicia que ya ha sido negada desde otras instancias judiciales europeas". 

El 13 de junio de este año, el ministro Borrell avanzó durante un encuentro con periodistas que el Gobierno no pondría "en principio" obstáculos a la apertura de las delegaciones catalanas. "Constitucionalmente hablando, no hay objeción. Habrá que estudiar cuál es la línea que separa la actividad jurídicamente reprobable de la que no lo es". El Gobierno de la Generalidad había paralizado sólo 24 horas antes, el 12 de junio, el proceso de liquidación del Diplocat, el organismo diplomático del Gobierno catalán cerrado durante la aplicación del 155