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Política

Puigdemont y los 71 diputados independentistas firman la ley del referéndum

Han aprovechado la celebración este viernes del último pleno del Parlament antes de las vacaciones para firmar la norma.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los diputados independentistas del Parlament, los de JxSí y la CUP, han firmado este viernes de forma conjunta la ley con la que quieren convocar el referéndum del 1 de octubre.

Los diputados de JxSí, entre ellos el propio presidente, y los de la CUP han aprovechado la celebración del último pleno del Parlament antes de las vacaciones para firmar la norma de forma colegiada. No es habitual ni necesario que una ley pendiente de entrar al registro lleve la firma de tantos diputados, pero con este gesto quieren exhibir unidad y compromiso con el referéndum que quieren celebrar tras el verano.

Según el reglamento del Parlament, un grupo parlamentario puede presentar una ley con la única firma del portavoz o también la puede presentar un diputado con la firma de otros cuatro parlamentarios, de ahí el simbolismo de que lo hayan firmado tantos diputados. Más allá de firmarla, los dos partidos tienen previsto llevar la ley al registro del Parlament el lunes, el último día en que la Cámara abrirá antes de finalizar el periodo de vacaciones y cerrar sus puertas hasta el 15 de agosto.

Una vez registrada la ley no entrará en trámite parlamentario hasta que la Mesa del Parlament, el órgano rector de la Cámara, lo decida en una reunión -tradicionalmente se reúne los martes por la mañana-.

La primera reunión tras las vacaciones está fijada para el 16 de agosto -esta vez será un miércoles porque el martes es festivo-, pero no es seguro que se admita a trámite aquel día. Este órgano de la Cámara está presidido por Carme Forcadell y controlado por JxSí, ya que tiene cuatro de los siete miembros totales, por lo que está en sus manos decidir cuándo inicia esta tramitación parlamentaria.

Los tiempos en los que se haga la tramitación no es un tema menor, ya que también marcará el ritmo de las impugnaciones por parte del Gobierno central; además, con la nueva reforma del reglamento, podrían forzar un pleno extraordinario y aprobar la ley en un solo día -si el Constitucional no lo tumba-.