El juez devuelve a Alfonso Rus (PP) un Mercedes, siete años después de serle incautado por corrupción

Alfonso Rus ha recuperado uno de los vehículos de alta gama que le fue incautado en enero de 2016 tras ser detenido por el escándalo de corrupción del caso Imelsa. Siete años después de la operación policial, el magistrado-instructor ha acordado devolverle el vehículo, un Mercedes Benz, mientras está siendo juzgado por primera vez desde el pasado lunes en la Audiencia de Valencia.

El abogado del expresidente del PP de Valencia y de la Diputación entregó un escrito al juez el pasado mes de diciembre en el que interesaba la devolución de su vehículo "en las mismas condiciones tanto de uso, como de estado de conservación, que en su día les fue entregado", según consta en el documento al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El juzgado no ha puesto ningún impedimento pese a que el primer juicio contra Rus se está celebrando esta semana. El vehículo está a nombre de una de las empresas de Rus, Albeba SL, una sociedad que el político usó para administrar el patrimonio familiar y cuya actividad se centra en la promoción y construcción para su venta de viviendas y a la transformación de planes parciales.

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Albeba dejó de presentar sus cuentas ante el Registro Mercantil en 1995, año en el que irrumpió en la política valenciana como alcalde de Xàtiva, y desde 1997 figuró a nombre de su mujer. El capital social de la compañía se eleva al medio millón de euros y hasta 2016 tenía inscritas a su nombre alrededor de 20 propiedades repartidas por varios puntos de España.

Hasta ahora, el vehículo lo ha utilizado la Guardia Civil para trasladar a los juzgados a mujeres víctimas de la violencia de género y en la lucha contra el crimen organizado por todo el territorio nacional. Se trata de una medida amparada por los tribunales y los agentes recurren a los vehículos decomisados para circular y camuflarse en nuevas operaciones policiales.

En 2016, el magistrado del caos Imelsa aceptó la petición de la Fiscalía Anticorrupción y entregó los coches de la familia Rus a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "misión de investigación y represión de la delincuencia organizada".

Dos vehículos

Los vehículos que han servido para perseguir la delincuencia estos últimos siete años son el Mercedes Benz que acaba de recuperar, en el que la Guardia Civil encontró cerca de 1.500 euros escondidos en un lateral, y un Range Rover. 

El juez justificó la medida argumentando que "la utilización provisional puede acordarse sin perjuicio de lo que se resuelva en su caso, cuando se alce el secreto, y el interesado pueda ejercitar con pleno conocimiento los recursos pertinentes contra dicha resolución".

Además, recodó a los agentes de la Guardia Civil que el uso de los dos coches realizaría "bajo su responsabilidad, con las debidas garantías de conservación, en la función legalmente encomendada de investigación y represión de la delincuencia organizada".

El juez adoptó esta decisión porque "se considera de modo especial la utilidad pública que cabe atribuir a la función y cometido de la unidad policial solicitante en su labor investigadora de la delincuencia económica y organizada". Igualmente, tuvo en cuenta "la utilidad compensadora que la facilitación provisional de medios a la unidad supone, atendiendo al efecto y consecuencias lesivas del delito de malversación investigado, consecuencias que implican detracción de potencialidades económicas del Estado y perjuicio al erario público".

"Tengo ganas de hablar"

La Audiencia de Valencia dio comienzo este lunes al primer juicio contra Alfonso Rus y el exdirigente del PP se enfrenta a una petición de 12 años de prisión. La Fiscalía le acusa de contratar en empresas públicas a una veintena de personas que no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.

Antes de arrancar el juicio, Rus atendió a los medios de comunicación y aseguró estar "muy tranquilo" e insistió en su inocencia: "Ya tengo ganas de hablar. Llevo siete años esperando". Deentro de la sala y ante el tribunal, negó los hechos y que contratara a personas que en realidad trabajaban para PP o PSOE.

Los acusados en la pieza seprada de los zombies de Imelsa. EFE

Una decena de acusados han devuelto el dinero cobrado indebidamente al juzgado para lograr una rebaja de la pena en la sentencia. Además, uno de los acusados, Francisco Javier Cañizares, pidió cambiar de abogado después de denunciar que su letrada le pidió que no aceptara los hechos.

"Mi abogada quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista en mantenimiento", alegó. No obstante, la Audiencia rechazó suspender el juicio por este motivo.

Mientras, el abogado del expresidente de la Diputación de Valencia ha presentado un informe pericial que concluye que los documentos almacenados con las grabaciones que dieron origen al caso fueron manipuladas. El juicio se extenderá hasta el próximo mes de marzo.