Mónica Oltra, en una imagen de archivo. EE

Mónica Oltra, en una imagen de archivo. EE

Comunitat Valenciana TRIBUNALES

Los jueces creen que Oltra maniobró para "aminorar" su responsabilidad ante el abuso de su ex a una niña

El TSJCV coincide en sus consideraciones con la Audiencia Provincial, que ya cuestionó el modo en el que reaccionó su departamento ante el delito.

18 septiembre, 2021 01:07
Valencia

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La vicepresidenta valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha vuelto a ser señalada por los jueces por cómo procedió su departamento (Igualdad) ante los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) contra Luis Eduardo Ramírez Icardi hace suya las acusaciones que ya realizó la Audiencia Provincial. Ambos tribunales consideran que los dos informes que restaron credibilidad a la víctima -ambos encargados por su conselleria- "podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat".

Así consta textualmente en la nueva sentencia, con la que el TSJCV ha confirmado la pena de 5 años de cárcel impuesta al educador por los abusos a la chica en el centro de menores donde este trabajaba. Tal y como ha subrayado la propia Oltra en varias ocasiones, el tribunal ha juzgado, única y exclusivamente, los hechos cometidos por su exmarido, sobre quien considera probado que "una vez creía que se hallaba dormida, cogía la mano de la niña y se masturbaba con ella". No obstante, en los 'fundamentos jurídicos' de ambas sentencias los magistrados cuestionan con detalle el proceder de su departamento.

Los dos informes que ponían en duda el testimonio de la víctima fueron elaborados a petición de la Conselleria de Igualdad que dirige Oltra, la máxima responsable de los menores tutelados en la autonomía. Uno lo hizo el Centro Espill, y el otro, su propio departamento, que denominó al documento "informe reservado". La defensa de Ramírez Icardi se acogía a estos informes para defender su inocencia, pero ambos juzgados se han decantado por la tesis del Instituto de Medicina Legal -asumida por la Fiscalía- que sí creía a la menor. Y es en la comparación entre los diferentes informes cuando la sentencia del TSJCV carga contra el departamento de Oltra.

La sentencia subraya "lo anómalo que resulta la elaboración de este informe (el de Espill) cuando eran plenamente conscientes de que el asunto ya estaba en manos de la Fiscalía, así como que había llegado a judicializarse la cuestión". El texto del TSJCV, como ya hizo el de la Audiencia Provincial, llega a denominar esta circunstancia "instrucción paralela llevada cabo por la conselleria". El encargo tardío de ambos documentos, que restan credibilidad a la víctima, llevan al TSJCV a coincidir "plenamente" con "las conclusiones a las que llega la sentencia recurrida", las cuales reproduce de nuevo textualmente.

"El 'informe reservado' y el informe pericial del Centro Espill podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos en un centro dependiente de la conselleria por un educador, habiéndose hecho patente como consecuencia de la prueba esa relación de dependencia entre las autoras del informe y la administración que les hace la encomienda", manifiestan. "Tanto es así que el Ministerio Fiscal interesó que se hiciera expresa reserva de acciones civiles frente a la Generalitat", agrega.

Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra, durante el juicio.

Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Mónica Oltra, durante el juicio. EFE / Biel Aliño

En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia hace suyas las críticas a los dos informes por desamparar a la menor y proteger al abusador. "Abundando en lo anterior, frente a esa hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla, llama la atención cómo se ocultan los apellidos del acusado en la información reservada, o cómo se permite a este confeccionar un 'protocolo' ad hoc y con una finalidad claramente defensiva que incluso remite a la directora del centro para que le sugiera cómo mejorarlo", desglosa la nueva sentencia.

Los jueces destacan que le otorgan "una mayor credibilidad al informe elaborado por la Sra. Rey, adscrita a la clínica médico-forense, por las mayores garantías de imparcialidad que nos ofrece y haber sido elaborado en el seno del procedimiento". "Tampoco dudamos de su preparación y capacidad profesional, como ha tenido ocasión de comprobarse en el ingente número de informes en los que ha participado a lo largo de los muchos años que lleva al servicio de la referida clínica médico-forense, y que los miembros de este tribunal han tenido ocasión de valorar por razón del ejercicio de su jurisdicción", manifiestan.

"Conjeturas" y "quimeras"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana se pronunció largo y tendido sobre las consideraciones vertidas en la anterior sentencia sobre su gestión. Lo hizo en una comparecencia monográfica en el parlamento valenciano el pasado 21 de abril. Ante la premisa de que solo el personal ajeno a su departamento creyó a la menor, la dirigente afirmó que tales consideraciones "no forman parte de los hechos probados, son una conjetura".

"Las personas que atienden a la joven son profesionales. Cada una de ellas elabora informes en función de su responsabilidad propia. Hablar de la "conselleria" no tiene mucho sentido. Sorprende enormemente una cosa tan básica. Los funcionarios son independientes y lo son de toda la administración", respondió a este punto.

Sobre la supuesta "instrucción parajudicial" o "paralela" a la que llevaba a cabo la Justicia, Oltra replicó que los informes redactados por Espill y la propia conselleria fueron el resultado de "la atención a la menor". "¿Qué habría pasado si no hubiera movido un dedo? ¿Qué me habrían dicho ustedes?", preguntó Oltra a la oposición, e insistió en que "sorprende enormemente que se considere un informe paralelo o parajudicial". "La insinuación es una quimera", afirmó.

La vicepresidenta de la Generalitat reveló en su intervención la fecha en la que conoció los hechos. Según afirmó, se enteró la noche del 4 de agosto de 2017, un día que Oltra "no olvidará nunca". Ese día llegó a su casa una notificación judicial a nombre de su exmarido -entonces estaban separados, pero no divorciados todavía, según explicó-. "Me entero seis meses después de producirse, y me entero porque llega una citación a mi casa y me informan telefónicamente, yo estaba fuera. Yo conocí este asunto por mi circunstancia personal, no por mi cargo. Y en el momento conocí la existencia me puse en contacto con mi jefe de gabinete", aseguró.

En consecuencia, Oltra defiende que la dirección política de la Conselleria de Igualdad no puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía entre febrero (cuando denunció la menor) y junio (cuando dio traslado la Policía) porque no los conoció hasta el mencionado 4 de agosto. Insistió en que no le informó "la subsecretaría" -quien sí lo supo, pero no informó a Fiscalía- ni que tampoco tuvo conocimiento "en ningún otro momento". Aunque los hubiera conocido, agregó, no habría tratado de ocultar los hechos. "Nunca se me pasaría por la cabeza dar ninguna consigna", afirmó.

Mónica Oltra, en dicha comparecencia, condenó los hechos con voz compungida dirigiéndose a la oposición. "No hay nadie en este hemiciclo a quien provoquen más repugnancia que a mí. Nadie ha lamentado más la infancia y la vida de esta niña, ni dentro ni fuera de esta sala. Es el triste colofón a la vida de una niña a la que todo falló desde el principio", aseveró. Sí reconoció "errores", en particular el de no avisar antes a la Fiscalía. Pero lo achacó a la herencia recibida del PP. "El error era el propio protocolo. El error fue la inercia de una forma de actuar durante décadas", aseveró.