Imágenes del interior de las tiendas del Puerto de Ceuta

Imágenes del interior de las tiendas del Puerto de Ceuta EFE

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La Audiencia Nacional investiga la "seguridad" de la instalación del campamento del Puerto de Ceuta para acoger inmigrantes

Previamente a este requerimiento, la propia Sala de lo Contencioso rechazó la solicitud para frenar la ocupación del espacio portuario.

Más información: La Audiencia Nacional rechaza paralizar el campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta

V. Yusty | Agencias
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Las claves
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La Audiencia Nacional investiga la seguridad del campamento de migrantes en el Puerto de Ceuta tras un recurso del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El tribunal ha solicitado al Ministerio de Transportes todos los expedientes administrativos relacionados con la instalación y ha dado un plazo de veinte días para su entrega.

El SUP alerta de riesgos para los agentes y solicita acceso a evaluaciones de riesgos y protocolos en el recinto portuario.

La Audiencia Nacional rechazó suspender cautelarmente el campamento por razones de interés general, permitiendo que continúe su funcionamiento mientras se resuelve el fondo del asunto.

La Audiencia Nacional ha solicitado al Ministerio de Transportes la remisión de los expedientes administrativos sobre el campamento de migrantes ubicado en el Puerto de Ceuta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el que la organización sindical alegaba motivos de seguridad en las instalaciones.

En el decreto de admisión, el tribunal otorga al Gobierno un plazo de veinte días de carácter improrrogable para enviar toda la documentación.

El escrito precisa que los documentos que estén declarados como confidenciales deberán guardarse en depósito en la propia Administración, manteniéndose en todo momento a disposición del tribunal.

La admisión a trámite del recurso no prejuzga la resolución final sobre el fondo del asunto.

Previamente, la Audiencia Nacional había rechazado la petición de medidas cautelarísimas formulada por el SUP, mediante las cuales el sindicato solicitaba la paralización de las obras y de la habilitación del espacio portuario de forma inmediata.

Tras la desestimación de la suspensión cautelar, el Ejecutivo ha mantenido la planificación prevista para la reubicación de las personas llegadas a la ciudad autónoma durante el reciente repunte migratorio.

Como parte de este operativo, se ha llevado a cabo el traslado de 1.700 migrantes desde las ubicaciones provisionales en las playas de Benítez y El Trampolín hasta el nuevo recinto temporal del puerto.

Por su parte, el SUP sostiene que la ubicación del dispositivo entraña riesgos de seguridad para los agentes destinados en la zona.

La organización ha señalado que la Autoridad Portuaria de Ceuta desestimó en un primer momento el emplazamiento por considerar que interfería con el funcionamiento habitual del puerto, decisión que fue modificada posteriormente tras un informe favorable de Puertos del Estado apelando a razones de interés general.

Una vez puesto en marcha el centro, el sindicato ha anunciado que solicitará el acceso a las evaluaciones de riesgos, los protocolos de actuación, la asignación de medios y el número de efectivos previstos para el servicio en las instalaciones portuarias.

Además, la representación sindical ha remarcado que la función de la entidad consiste en prevenir situaciones desfavorables y velar de forma proactiva por la protección del colectivo profesional.

El dictamen judicial definitivo dependerá del análisis minucioso del expediente completo por parte del órgano colegiado.

Tiendas del campamento de acogida de migrantes del Puerto de Ceuta.

Tiendas del campamento de acogida de migrantes del Puerto de Ceuta. Marcos Moreno Europa Press

Durante las próximas semanas, los magistrados examinarán la legalidad de los permisos, las garantías operativas y los informes técnicos recopilados por las autoridades competentes.

Posteriormente, dictarán una sentencia que determine si el recinto reúne las condiciones exigibles según el ordenamiento jurídico vigente.

De este modo, la decisión final aclarará la validez administrativa del centro de acogida.

Rechazo a paralizar el campamento

Previamente a este requerimiento, la propia Sala de lo Contencioso rechazó la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por el SUP para frenar la ocupación de los 16.000 metros cuadrados del espacio portuario.

Aunque los magistrados reconocieron la especial urgencia de la situación y advirtieron de la necesidad de garantizar la seguridad de agentes, personal y migrantes, determinaron que concurrían razones de interés general para no paralizar la autorización.

El tribunal precisó que la resolución de Transportes se limitaba a ceder el suelo, dejando en manos del Ministerio del Interior la articulación de los protocolos y medios de seguridad necesarios.