.
El Gobierno ve inviable devolver a los menas como pide Rabat y el PP exige identificarlos antes de distribuirlos a las CCAA
"Si el Ejecutivo no tiene ni idea de cuántos menores hay en Ceuta, ¿cómo va a tramitar 2.000 procedimientos garantistas?", critica el PP.
Más información: Moncloa cifra en 80.000 los migrantes llegados a Ceuta y en 1.400 los menores que quedan allí: Vivas lo ve "inasumible".
El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha reclamado este lunes a España el retorno de todos los menores no acompañados marroquíes que permanecen en el país y ha pedido alcanzar una solución inmediata que permita su regreso.
"El entorno más adecuado para garantizar un futuro mejor a estos menores es el de sus familias y su país", ha señalado Ouahbi, quien ha asegurado que Rabat reclamará su retorno por las vías legal y política.
El ministro ha extendido la petición tanto a los jóvenes llegados durante la última avalancha de Ceuta como a los que ya se encontraban anteriormente en centros de acogida españoles.
"A Sánchez se le cae la estrategia de desviar el foco en el reparto de los menores. Todo gracias a su 'socio fiable' Marruecos", critican desde el PP.
Sin embargo, que Marruecos reclame ahora a sus menores no permite a España devolverlos automáticamente. De hecho, el Gobierno ve inviable retornarlos.
Ni siquiera un acuerdo entre Madrid y Rabat bastaría para ejecutar una repatriación colectiva, porque la legislación española obliga a estudiar individualmente la situación de cada niño y a resolver su expediente siempre conforme a su interés superior.
Se da la circunstancia de que España y Marruecos ya tienen un acuerdo específico para hacerlo. Fue firmado en Rabat en 2007 y está en vigor desde 2012.
El pacto establece como objetivo favorecer el retorno de los menores a sus familias o a una institución de tutela marroquí, pero también obliga a que cada repatriación respete estrictamente la legislación española, el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Hay un precedente en esta última línea. El Tribunal Supremo confirmó en 2024 que las devoluciones de menores realizadas desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fueron ilegales precisamente porque no se siguió el procedimiento administrativo individual establecido en la Ley de Extranjería.
Un migrante reza y otros descansan mientras esperan en la playa tras la entrada de migrantes desde Marruecos hacia territorio español, en Ceuta, España. Reuters
El TS subrayó además que el acuerdo bilateral con Rabat no permite prescindir de esas garantías.
Por eso, "aunque España y Marruecos llegaran a un acuerdo, si cualquier organización lo recurriera, lo perderíamos, porque los tratados internacionales en materia de menores son muy garantistas", señalan fuentes de la Ejecutiva nacional del PP.
"La legislación europea exige procesos individualizados y con participación judicial".
Desde Génova coinciden en que una decisión política entre ambos países no podría sortear por sí sola ese procedimiento, aunque abren la puerta a introducir reformas legales que permitan agilizar las repatriaciones cuando existan garantías suficientes para devolver al menor.
![Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11332191.jpg?p=w:320\/h:240&h=qoeWx3uB"])
Pero los populares insisten en que una modificación de la Ley de Extranjería no es condición obligatoria para comenzar ahora los retornos.
El procedimiento ya existe y, a su juicio, el problema inmediato reside en la capacidad del Estado para identificar a los menores, conocer sus circunstancias y tramitar individualmente cada expediente con rapidez, ya que Ceuta, por el momento, está desbordada con más de 1.400 menores.
"En Ceuta hacen falta medios, fiscales y abogados de oficio. Lo ha pedido Vivas. Hace falta filiar, identificar, informar y escuchar, si corresponde, a los chicos, para poder retornarlos", señala la fuente.
Para el PP, por tanto, el cuello de botella inmediato no está en la ley sino en su ejecución. "En el corto plazo sólo se necesita voluntad política".
Procesos garantistas
La repatriación de un menor extranjero no acompañado está sometida a un procedimiento especialmente garantista guiado por el principio del interés superior del menor.
La ley, de hecho, sí permite su retorno, pero exige analizar cada caso individualmente antes de decidir si procede la repatriación o su permanencia en España. No puede haber devoluciones en bloque.
Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad localizan a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no puede establecerse con seguridad, deben comunicarlo inmediatamente a los servicios de protección y al Ministerio Fiscal.
Es la Fiscalía la que ordena la determinación de la edad y las instituciones sanitarias colaboran realizando las pruebas que resulten necesarias.
![Ceutíes de distintas comunidades religiosas se manifiestan contra el Gobierno.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11332172.jpg?p=w:320\/h:240&h=xQnCJw2l"])
Una vez confirmada su minoría de edad, la Fiscalía lo pone a disposición de los servicios autonómicos de protección de menores. Si la Administración asume su tutela, su residencia en España pasa a considerarse regular a todos los efectos legales.
La repatriación sigue otro camino.
Antes incluso de iniciar el expediente, la Delegación o Subdelegación del Gobierno debe solicitar, a través de la Policía, un informe a la representación diplomática del país de origen sobre las circunstancias familiares del menor.
También debe recabar información de la entidad que tenga atribuida su tutela, custodia, protección provisional o guarda.
![n grupo de inmigrantes en la playa junto al paso fronterizo del Tarajal en Ceuta el pasado viernes 31 de julio.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11332857.jpg?p=w:320\/h:240&h=il4vyAYy"])
Sólo cuando esa información permita considerar que el interés superior del menor puede satisfacerse mediante su regreso con la familia o su entrega a los servicios de protección del país de origen se inicia formalmente el procedimiento.
El menor debe ser informado de sus derechos en una lengua que comprenda, puede formular alegaciones y debe ser escuchado si tiene juicio suficiente.
Los mayores de 16 años pueden intervenir directamente o mediante el representante que designen. Si un menor de 16 años con juicio suficiente se opone a la posición de quien lo representa, el procedimiento se suspende hasta que se le nombre un defensor judicial.
Si se autoriza el retorno, éste sólo puede hacerse mediante reagrupación familiar efectiva o poniendo al menor a disposición de unos servicios de protección de su país de origen que ofrezcan condiciones adecuadas para hacerse cargo de él.
![El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a 30 de junio de 2026, en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11330262.jpg?p=w:320\/h:240&h=uyBjz7RK"])
La normativa europea exige igualmente que, antes de ejecutar la devolución de un menor no acompañado, las autoridades se aseguren de que será entregado a un familiar, un tutor o un centro de acogida adecuado.
El propio ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reconocido este lunes que el Gobierno ha trasladado a las autoridades competentes "la importancia de priorizar el reagrupamiento familiar de los menores" y ha admitido que "no es sencillo", porque depende también de Marruecos.
Ese reconocimiento alimenta precisamente las críticas del PP. "¿Cuál es el problema? Que el Gobierno no tiene la situación controlada. ¿Cómo va a poder tramitar procedimientos garantistas y escuchar a los menores si no sabe ni siquiera dónde están?".
Torres ha reconocido este lunes que todavía no puede ofrecer una cifra definitiva, aunque ha situado en torno a 1.400 el número de jóvenes ya filiados.
Niños y niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta (España). Centenares de menores de edad hacen cola a la espera de cumplir con los trámites burocráticos que les permitan quedar a la tutela de la Administración local.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha solicitado que se "agilice" la acogida de los menores.
Este jueves 13 de agosto se celebrará la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas.
Las comunidades gobernadas por el PP acudirán a la cita: "Iremos a la reunión a escuchar. Siempre hay que sentarse a escuchar".
Reforma en la Ley
La crítica a la gestión inmediata convive, no obstante, con una segunda reivindicación del PP: reformar determinados aspectos de la Ley de Extranjería para modificar el sistema a medio plazo.
La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en 2025 permite que una persona extranjera no acompañada sea trasladada a otra comunidad autónoma antes de concluir el expediente de determinación de edad.
La ley ordena que el traslado se produzca en un máximo de 15 días desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados y establece expresamente que, si existen dudas sobre su edad, será la comunidad de destino donde se practiquen después las actuaciones necesarias para determinarla.
Es uno de los puntos que el PP quiere modificar.
![Un menor migrante escoltado por el Ejército, en Ceuta, a 5 de agosto de 2025.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11330415.jpg?p=w:320\/h:240&h=ci_sQbOY"])
"Supone un peligro público. Cuando tú metes en un centro de menores a un tipo que al final acaba teniendo 20, ¿qué pasa con los que tienen 10 o 12 años? Hay que preservar el interés superior de esos niños", sostienen las fuentes.
Los populares aseguran que en Madrid se han encontrado con casos de personas trasladadas como posibles menores que posteriormente resultaron ser adultas —"hasta un 50% de los llegados", aseguran— y reclaman que el Gobierno complete la identificación y filiación con carácter previo al traslado.
"El iter temporal que va desde que el menor llega hasta que es filiado debe ser responsabilidad de la Administración General del Estado", concluyen.
Por tanto, reclaman que el Gobierno complete la identificación y filiación antes de ordenar el traslado y que, cuando existan dudas, se determine previamente la edad.
