Miles de pakistanís y magrebís, "con antecedentes en muchos casos", denuncian la pérdida del pasaporte para regularizarse

El oficio al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL tiene fecha de este 10 de febrero, dos semanas después del anuncio de Pedro Sánchez de la intención del Gobierno de proceder a una regularización extraordinaria de medio millón de personas inmigrantes. 

Los agentes han detectado un aumento del 866,67% de pakistaníes que aseguran haber perdido su pasaporte en el arranque de este año. En el caso de los argelinos, el incremento es del 356,25%; en marroquíes, del 114%; y en colombianos, del 35%.

El documento, emitido desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, va firmado por el jefe Central de Operaciones, Alfredo García Miravete, y se dirige a las Jefaturas Superiores de Policía/Unidades de Coordinación Operativa Territoriales, así como a las Brigadas Provinciales y Locales de Extranjería y Fronteras.

Según la información con la que se cuenta en las unidades de Extranjería, dice el informe, miles de individuos podrían "estar buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria". 

El oficio emitido este martes 10 de febrero. EL ESPAÑOL

"Se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados", reza el documento policial.

Según el oficio, cuando las plantillas policiales han procedido a identificar a esos extranjeros con la documentación supuestamente extraviada, han comprobado que "en muchos casos" tenían "antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países".

Además, han descubierto que muchos de ellos no eran quienes decían ser, al constarles "otras identidades diferentes de la denunciada", o incluso que les constaban "resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor".

60% más

Los especialistas de Extranjería y Fronteras han comparado los datos que tienen desde el 15 de enero al 6 de febrero con los de esas mismas semanas de 2025.

Así, han descubierto que este tipo de denuncias de pasaportes extraviados ha experimentado un elevado incremento, aproximadamente un 60% más con respecto al mismo período del año anterior.

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Atendido lo expuesto, el jefe Central de Operaciones recomienda en su circular interna que, "cuando un ciudadano extranjero indocumentado" se persone en una comisaría para "denunciar el extravío, pérdida o sustracción de su pasaporte se proceda a una identificación plena del mismo y a la comprobación de su situación administrativa en España".

Todo ello "sin perjuicio de recibir la oportuna denuncia, y mediante la oportuna integración de los diferentes servicios de la dependencia implicados en el trámite".

El documento revelado por EL ESPAÑOL evidencia, como ya revelaban fuentes policiales del máximo nivel en las últimas semanas, que el Gobierno ha diseñado una regularización extraordinaria que en la práctica abre un enorme coladero de seguridad.

Estas fuentes ya describían que este fenómeno sucedería, y que esta regularización puede ser una tabla rasa para todo tipo de perfiles.

"Conviene decirlo alto y claro: no tener antecedentes penales no significa no tener antecedentes policiales. Hay personas investigadas, identificadas o vinculadas a hechos delictivos que no han sido condenadas, y regularizar de forma masiva sin un análisis individualizado es una temeridad desde el punto de vista de la seguridad pública".

Hasta ahora, el reglamento de extranjería exigía que el extranjero acreditara la ausencia de antecedentes penales en los países donde hubiera residido en los últimos cinco años. Sólo cabía "excepción" en casos muy tasados y acreditando siempre de forma sólida la imposibilidad de obtener el certificado por parte del solicitante.

La carga de la prueba recaía en el interesado y la excepción estaba pensada para contextos extremos: Estados fallidos, guerras, persecuciones.

Con el nuevo reglamento, esa cautela salta por los aires. Ahora, el texto establece que, si en el plazo de un mes el país de origen no responde, la Administración española avisará al interesado.

A partir de ahí, el propio inmigrante "podrá presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales".

Y esa sola firma bastará para que se entienda que "carece de antecedentes penales" en esos países. No se pide acreditación, ni se menciona un análisis caso por caso, como exige la UE. Tan solo pruebas (tickets, facturas) que puedan acreditar que esa persona vivía en España antes del 31 de diciembre de 2025. 

Sin embargo, las informaciones de Extranjería describen que numerosos criminales están acogiéndose a esa medida utilizando, incluso, una identidad falsa para identificarse ante la Policía Nacional.