La mayoritaria AUGC y otras 5 asociaciones de guardias civiles, contra la regularización masiva "sin exigir antecedentes"

Junto a la AUGC, firman el comunicado JUCIL, la Unión de Oficiales, la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), ASES-GC y la Asociación Profesional de Cabos. Todas ellas han enviado su carta al Ministerio del Interior para que se oponga a la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros.

Las asociaciones denuncian la incorporación de un apartado que permitiría a los inmigrantes eludir la presentación de certificados oficiales de antecedentes penales.

El proyecto de Real Decreto contempla que, si tras solicitar el certificado de antecedentes a su país de origen no se recibe respuesta en un mes, el solicitante podrá presentar una "declaración responsable" de inexistencia de antecedentes penales.

Para los firmantes del comunicado, este mecanismo debe suprimirse del texto final, ya que supone admitir la regularización de personas sin ofrecer garantías reales sobre su pasado delictivo.

Las asociaciones advierten de que esta medida "deja sin efecto la garantía para la seguridad de la ciudadanía y genera un riesgo para los agentes de la autoridad".

Asimismo, señalan que es una "puerta abierta" para incorporar a la sociedad española a individuos que podrían haber cometido "delitos muy graves" en otros países.

La regularización de Sánchez será un coladero: el inmigrante quedará 'limpio' si en un mes no recibe los antecedentes penales

En el documento remitido, las asociaciones solicitan formalmente que el Ministro del Interior, como máximo responsable de la seguridad, se oponga a la inclusión de este apartado en el Consejo de Ministros. Los colectivos de la Benemérita defienden que no se debe regularizar a ningún inmigrante que no acredite oficialmente, y no mediante una simple firma personal, la carencia de antecedentes penales en sus países de residencia anteriores.

Debate en Europa

El Pleno del Parlamento Europeo dedicará precisamente este martes un debate a la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Comisión Europea sostiene, al ser la cuestión migratoria un fenómeno que afecta a toda la UE, que cualquier regularización de extranjeros es competencia nacional, pero advierte contra procesos masivos que no evalúen sus efectos sobre Schengen, la seguridad interior y el nuevo marco común de asilo y migración.

Concretamente, advierte contra regularizaciones masivas que no "atienden las implicaciones de seguridad" en toda la UE

El anuncio del Gobierno de Sánchez de regularizar de forma extraordinaria a unos 500.000 migrantes en situación irregular ha provocado una reacción inmediata en las instituciones europeas, donde se subraya que cualquier decisión de este calado trasciende las fronteras nacionales y afecta directamente al funcionamiento del espacio Schengen.

Aunque Bruselas recuerda que la regularización es una prerrogativa de los Estados miembros, insiste en que esos procesos deben analizar cuidadosamente sus consecuencias en materia de seguridad, gestión de fronteras y movimientos secundarios dentro de la Unión.