El rifle de la empresa china vetada por EEUU.

El rifle de la empresa china vetada por EEUU. Policía Nacional

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Interior compró también un rifle antidrones a la empresa china vetada por EEUU como amenaza para la seguridad

La Policía Nacional adquirió fusiles anti-dron UAV-D04JAI a esta compañía para la final de la Champions de 2019.

Más información: La valla de Ceuta y Melilla está vigilada también por cámaras chinas que "amenazan" a la seguridad nacional según EEUU

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La Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, compró también un rifle anti drones a la empresa china Hikvision, vetada por algunas de las primeras potencias del mundo como una amenaza para la seguridad nacional por sus vínculos con el régimen de Pekín.

Hace 6 años, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL. La empresa, uno de los fabricantes más grandes del mundo en productos de videovigilancia, acababa de patentar un fusil anti-dron UAV-D04JAI Jammer, un inhibidor de vehículos aéreos no tripulados (UAV).

La Policía Nacional adquirió uno de estos rifles especiales para que un policía especializado del Grupo de Protección Electrónica RPAS de la Policía Nacional se dedicase a interceptar posibles drones en la final de la Champions que en 2019 se celebró en el Wanda Metropolitano.

No son armas de fuego. Este rifle de Hikvision actuaba lanzando un rayo invisible capaz de interceptar las comunicaciones de los drones, en un rango comprendido entre este y su piloto de entre 80 y 100 metros.

Una vez interrumpida la conexión, el arma podía capturar o desviar los drones enemigos hacia el lugar de su lanzamiento. De hecho, una vez eran anulados sus sensores, quedaban inutilizados hasta que el usuario resetease el dron. El agente únicamente tiene que apuntar, y disparar.

Estos dispositivos tienen un alcance de un kilómetro. Funcionan como un cañón que emite impulsos radioeléctricos en dirección al dron para interferir sus comunicaciones e interrumpir el enlace con el piloto.

Cámaras vetadas

Como ha revelado EL ESPAÑOL, Interior y otras entidades de la Administración General del Estado llevan años comprando cámaras de videovigilancia para distintos organismos gubernamentales a esta compañía china, Hikvision, vetada en Estados Unidos, Reino Unido o el Parlamento Europeo por constituir una amenaza para la seguridad nacional.

Una de esas adquisiciones fueron las cámaras que Interior colocó en el vallado fronterizo de Ceuta y Melilla, una de las infraestructuras más sensibles del Estado.

El documento que lo acreditaba era el pliego de la "contratación del servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del perímetro fronterizo de España con Marruecos en las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta".

"Debido a la obsolescencia del equipo citado, se están sustituyendo por cámaras DOMO exterior, marca Hikvision", señalaba.

Distintas fuentes en los servicios de inteligencia han manifestado a EL ESPAÑOL el malestar y "profunda desconfianza" hacia esta y otras empresas tecnológicas chinas, señaladas por sus vínculos con el Partido Comunista Chino.

Esta compañía es uno de los fabricantes y proveedor que lideran a nivel mundial la producción de productos de videovigilancia, tanto para fines civiles como militares. Sin embargo, en los últimos años algunas de las principales potencias occidentales han roto lazos con esta firma. 

Uno de esos países es Canadá, cuyo gobierno ha ordenado este mismo año al proveedor chino que cese sus operaciones locales. Hace apenas unas semanas, su ministra de Industria señaló que, tras diversos análisis internos, las operaciones con esta compañía "serían perjudiciales para la seguridad nacional" del país. 

Ya en el año 2019, la Casa Blanca incluyó a esta firma en su lista negra de empresas vetadas y bloqueadas en EEUU.  Tres años después, en noviembre de 2022, Washington vetaría la importación de equipo de vigilancia de Hikvision y Dahua por presentar "un riesgo inaceptable de seguridad nacional".

En 2021, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar las cámaras de Hikvision un año después de instalarlas. Así se decidió debido a "los abusos contra los derechos humanos". Esto se logró a través de una enmienda aprobada con el voto a favor del 89,4% de los 701 eurodiputados.

Al año siguiente, el gobierno del Reino Unido ordenaba a los distintos departamentos ministeriales que dejasen de instalar cámaras de vigilancia fabricadas por esta y otras empresas empresas chinas en lugares "sensibles" por motivos de seguridad, por temor a que estas firmas se vieran obligadas a compartir información con los servicios de inteligencia de Pekín. Lo mismo anunció Australia en febrero de 2023.