Los policías se querellan contra Ione Belarra por acusarles de tener neonazis en sus filas en el dispositivo de Torre Pacheco

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado este miércoles una querella contra la diputada Ione Belarra ante el Tribunal Supremo tras señalar a los agentes del dispositivo de Torre Pacheco por tener "neonazis" entre sus filas y compadrear con los ultras.

Así, los policías buscan defenderse de los "ataques a los hombres y mujeres del colectivo de las FFCCSE, poniendo en riesgo el principio de autoridad y la propia integridad de los agentes".

Considera el SUP que las gravísimas acusaciones de Ione Belarra "no deben quedar impunes, ya que suponen una acusación generalizada y difamatoria contra las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sugiriendo la existencia de vínculos ideológicos entre los funcionarios públicos y grupos radicales neonazis".

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"Dichas declaraciones implican una seria descalificación pública de la conducta profesional del conjunto de seguridad del Estado" señala el SUP.

Lejos de limitarse a un mero pronunciamiento político, la querella del SUP describe que "constituyen una acusación genérica, falaz y gravemente ofensiva contra el colectivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Se señala en la querella que el efecto de las afirmaciones de Belarra "no es neutro ni abstracto, pues habiendo sido emitidas por una representante parlamentaria ante medios de comunicación nacionales, dichas manifestaciones tienen una influencia social, que puede derivar en la generación de sentimientos de hostilidad, y rechazo hacia los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

La querella alude respecto del delito de injurias graves, que el bien jurídico protegido por este precepto penal es el prestigio de las instituciones y así lo recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia n.º 252/2023, de 11 de abril.

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"Las expresiones vertidas públicamente por Belarra tienen como finalidad el descrédito y desprestigio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, atentando directamente contra el bien jurídico protegido pues se pretende menoscabar el prestigio al vincularlas con grupos neonazis y de ideología neofascista e incluso con una actuación racista, con temerario desprecio hacia la verdad, constituyendo la conducta tipificada por el artículo 504.2 CP".

La masiva difusión que han tenido estas afirmaciones "agrava notablemente las injurias, debido al alcance y repercusión que dichas expresiones pueden generar en la sociedad y en la imagen pública que esta tenga sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado".

El SUP sostiene que no sólo por el hecho de ser funcionarios públicos de la Policía Nacional "implica que deban soportar todo tipo de ataques contra su honor personal ni el de la Institución a la que pertenecen, sino que, por el contrario, también deben gozar de la debida protección".

Por otra parte se recuerda en la querella al Tribunal que los hechos anteriormente relatados son igualmente constitutivos de un delito de odio previsto y penado en el artículo 510.1.a) del Código Penal, al haberse emitido públicamente declaraciones que incitan de forma indirecta al descrédito, desprecio y rechazo social contra el colectivo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estigmatizando globalmente a todos los agentes de los distintos Cuerpos.

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En este caso, la exclusión ideológica se produce al atribuir de forma generalizada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una ideología antidemocrática, concretamente de corte neonazi o neofascista.

Esta imputación colectiva transmite la idea al conjunto de la sociedad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están contaminadas por valores de este corte, lo que tiene como efecto directo el descrédito institucional, la pérdida de legitimidad pública y la generación de hostilidad social.