Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, sin relación con los hechos narrados en esta noticia.
Expulsado de la Guardia Civil por exigir 130.000€ a la novia de un rico empresario para no revelar intimidades sexuales
La mujer, no obstante, le otorgó su perdón y renunció a acusarle. La causa judicial sobre estos hechos, además, se prolongó 17 años.
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"Prepara la cantidad convenida. Billetes de 50 y de 100. Mételos en una bolsa de basura color negra. En los próximos días, te indicaremos el lugar de entrega. Después de esto, todo terminará. Te reitero que no intentes hacernos ninguna jugarreta, te estamos controlando. Es así de sencillo. ¿Estás de acuerdo?".
Esta historia tiene tintes de telenovela de tarde y aroma a thriller de Sorogoyen. Dos agentes de la Guardia Civil exigieron hasta 130.000 euros a la novia de un rico empresario catalán, a cambio de no revelar turbias intimidades sexuales de la mujer. El entrecomillado anterior es uno de los SMS que ésta recibió.
Pero, antes de eso, había sido el yerno del empresario quien encargó a la Benemérita averiguar estos trapos sucios, pues desconfiaba de la chica y veía con recelo que se integrase en la adinerada familia.
Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la expulsión de la Guardia Civil de uno de estos dos agentes, quien había reconocido los hechos y que fue condenado por los delitos de amenazas y de revelación de secretos.
Considera el Supremo, en sintonía con el Ministerio de Defensa, que su actuación supuso una falta "muy grave" y que merece la máxima sanción: la pérdida de la condición de guardia civil. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicha sentencia, firmada por la Sala de lo Militar y fechada este mismo mes de abril.
Aunque los hechos sucedieron entre 2006 y 2007, no fue hasta enero de 2024, poco después de la muerte del rico empresario, cuando la Audiencia Provincial de Tarragona condenó al agente. El tribunal impuso a Jesús [nombre ficticio] un total de siete meses de prisión por ambos delitos. Fue una sentencia de conformidad; es decir, el acusado admitió los hechos, acordó y asumió dicha pena y el fallo se convirtió inmediatamente en firme.
Ahora bien, la defensa de Jesús sí recurrió la decisión del Ministerio de Defensa de expulsarle de la Guardia Civil, lo que se conoce técnicamente como "separación del servicio". Pero el Supremo considera que la sanción no es en absoluto desproporcionada. El abogado del agente también puso en duda que la actuación de su cliente supusiera un "grave daño a la ciudadanía", como reza el expediente disciplinario. Y manifestó que Jesús era "objeto de persecución y animadversión", argumento que el Supremo considera "gratuito" y rechaza.
El perdón de la mujer
Asimismo, el letrado del guardia civil recordó que la mujer a la que exigieron el dinero perdonó a ambos agentes y renunció a acusarles en el juicio. No obstante, el coronel encargado de auditar la expulsión concluyó que "ese grave daño causado no queda borrado por el perdón de la víctima e, incluso, si así fuere, seguirá subsistiendo el muy grave daño a la Administración derivado de la condición de guardia civil".
También lo creyó así la Abogacía del Estado, que defendió al Ministerio de Defensa. En uno de sus informes, manifestó que la conducta de Jesús provocó que la mujer, Rosana [nombre ficticio] se viera "sometida a un infernal trato, al ser objeto de muchas y continuadas amenazas (...), así como a la revelación de aspectos relativos a su vida privada".
"El deber primordial de los integrantes de la Benemérita es prevenir, evitar y perseguir policialmente los delitos, no cometer los mismos", expresó el abogado del Estado.
En la misma línea, el Supremo concluye que la falta cometida es, en efecto, muy grave y justifica la expulsión de la Guardia Civil. "Ha causado grave daño a la Administración y a los ciudadanos", concluye el Alto Tribunal.
Denuncia falsa por violación
¿Cuál fue el "infernal trato", en palabras de la Abogacía del Estado, que sufrió Rosana? La Audiencia Provincial de Tarragona consideró probado que, a finales de 2006, el yerno del rico empresario veía con malos ojos la relación de su suegro con la mujer, a la que consideraba "inestable" y "desequilibrada".
Por ello, el yerno contactó con un amigo, que tenía conocidos en la Guardia Civil. Este último se puso en contacto con un cabo destinado en la Unidad de Policía Judicial de Tarragona, quien descubrió que Rosana, de origen extranjero, estaba siendo investigada por, supuestamente, haber puesto una denuncia falsa en la que decía haber sido violada por un tercero y obligada también a consumir cocaína. La mujer también denunció antes haber sido víctima de un secuestro.
El Tribunal Supremo. Efe
Según el relato de hechos probados de la sentencia, el cabo exigió dinero al yerno del empresario a cambio de esta información. "Hasta 40.000 euros, con mensajes de tono amenazador", indica la resolución. Pero el amigo común intermedió y no hubo más peticiones.
Ahora bien, este cabo vio la oportunidad de conseguir miles de euros por otra vía: amenazando, directamente, a la novia del empresario. Fue entonces cuando, según la sentencia, se puso de acuerdo con el agente Jesús.
Ambos exigieron a la mujer, en un inicio, la misma cifra: 40.000 euros. Aunque la fueron aumentando hasta más del triple. El mando policial sabía que el novio de Rosana era un empresario "con una elevada posición económica" y "consideró que podía exigir importantes cantidades de dinero a cambio de silencio".
"Paga y desaparecemos de tu vida"
La Audiencia tarraconense dio por probado que los dos guardias civiles le enviaron el siguiente mensaje, desde un móvil con tarjeta prepago: "¿Qué tal el señor [omitido]? ¿Está al corriente de sus andanzas? ¿Sabe lo de la cocaína, las cintas de grabación y que la detuvo la Policía por simular un delito? Creo que no le haría mucha gracia, ¿no cree? Ya nos pondremos en contacto con usted y le diremos cuánto vale esta información".
Cinco días después, el 10 de noviembre de 2006, mandaron este otro: "Esperamos tu respuesta en una semana. Solo queremos nuestros 40.000 euros. De lo contrario, el señor [omitido] recibirá un informe y algo más. Contesta por SMS".
Al día siguiente, este tercer mensaje: "Nos parece que ignoras con quién estás hablando. Ahora, las tornas han cambiado. Vamos a empeñarnos que todo el mundo sepa quién eres: el colegio de tu hijo, la prensa, tus amigos, los restaurantes a los que vas con el señor...".
El cuarto mensaje: "Hemos invertido mucho dinero en ti y sólo queremos recuperar nuestra inversión. Es así de sencillo. Cuando pagues por la información, nosotros desapareceremos de tu vida".
Otros SMS posteriores, los días siguientes, incluían estas expresiones: "Has arruinado tu vida por 40.000 euros", "Ahora, son 60.000", "Atente a las consecuencias...", "Hoy son 70.000 euros", "¿Por dónde quieres que empecemos: el colegio de tu hijo o la prensa?", "Ahora serán 100.000 euros (...) La siguiente, 120.000".
Finalmente, según recoge la sentencia de la Audiencia de Tarragona, el cabo de la Guardia Civil envió una carta al colegio donde estudiaban los hijos de la víctima, de sólo cuatro años de edad. En ella, vinculaba a Rosana con los bajos fondos y relataba que había puesto una denuncia falsa por violación.
Ella denunció en una comisaría el envío de esta misiva. Al poco, ya en diciembre de 2006, recibió un nuevo SMS: "Tu tiempo se está agotando y nuestra paciencia también (...) Ahora son 130.000 euros. Feliz Navidad".
La mujer contestó al mensaje: "Te doy 50.000 y me olvidas para siempre". Los dos guardias civiles aceptaron y le dieron las instrucciones para la entrega. Billetes de 50 y 100. En una bolsa, que debería abandonar en una papelera.
Pero lo que Rosana depositó en el lugar indicado era un paquete cebo. No había dinero dentro, sino un radiotransmisor y papeles recortados con el mismo tamaño que un billete. Los dos guardias civiles huyeron con la bolsa. Arrojaron el aparato por la ventanilla de un Peugeot 307 gris asignado al cabo de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil. Y depositaron la bolsa de basura en un contenedor de Salou. Pero ya era tarde: estaban siendo vigilados policialmente.
Tras ser detenidos, los dos agentes estuvieron en prisión provisional casi cuatro meses: del 30 de enero al 16 de abril de 2007. El proceso judicial se dilató hasta alcanzar los 17 años. La sentencia de conformidad de la Audiencia Provincial de Tarragona está fechada el 22 de enero de 2024.
Antes de eso, la mujer ya había desistido de acusarles, lo que no fue óbice para que, una vez condenados ambos, en octubre de 2024, el Ministerio de Defensa expulsara a Jesús de la Guardia Civil. Ahora, el Supremo, avala esta decisión.
