
La ministra de Defensa, Margarita Robles, despide a los 150 militares que van a desplegarse en Lituania, en el marco de la misión de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN, el pasado 26 de marzo.
El Consejo de Estado da la razón a los militares y les permite ingresar en la OTAN sin el aval de Defensa ni del Gobierno
El dictamen, al que ha podido acceder EL ESPAÑOL, respalda los derechos de los militares, defendidos por el letrado Antonio Suárez Valdés.
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El Consejo de Estado ha rectificado el criterio aplicado por el Ministerio de Defensa, que venía impidiendo a sus militares que puedan trabajar para la OTAN sin la autorización previa de las Fuerzas Armadas. El órgano consultivo acaba de tumbar las pretensiones del departamento dirigido por Margarita Robles.
Desde Defensa se estaba promoviendo una modificación normativa que buscaba restringir la posibilidad de que soldados españoles se presenten a puestos de la Alianza Atlántica sin una autorización previa.
Así lo revela el dictamen al que ha podido acceder EL ESPAÑOL. La decisión supone un importante respaldo a los derechos de los militares y deja en evidencia los intentos del Ejecutivo por limitar su acceso a puestos clave en el ámbito internacional.
El Consejo de Estado ha dado la razón a los soldados, que recurrieron defendidos por el abogado Antonio Suárez Valdés. En el texto de la resolución se deja claro que la normativa vigente no permite a Defensa imponer restricciones discrecionales al trabajo de militares en la OTAN. En concreto, el dictamen establece que las autoridades españolas no pueden requerir al militar que abandone su puesto o se abstenga de renovar su contrato con la Alianza Atlántica.
El dictamen también subraya que esta regulación es coherente con la aplicable al ámbito civil, recogida en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En él se garantiza el pase a servicios especiales cuando se adquiere la condición de funcionario al servicio de organizaciones internacionales.
Este criterio ha sido avalado por sendas sentencias del Tribunal Supremo en 2021 y 2024, que han interpretado de manera amplia el término "funcionario" para incluir estas circunstancias.
La Administración, por tanto, no puede denegar el pase del militar a la situación de servicios especiales, ni obligarle a acogerse a una excedencia. La propia Ley de la Carrera Militar establece esta transición como un derecho reglado y sin condiciones.
Artimañas
En los últimos tiempos, el Ministerio de Defensa había adoptado una práctica sistemática de denegación de permisos para que militares españoles pudieran ocupar puestos en diversas agencias de la OTAN.
Esta reiterada decisión de Defensa contravenía tanto la normativa vigente como los acuerdos internacionales suscritos por España, según ha determinado ahora el Consejo de Estado. Se trata de una política que ha sido en los últimos tiempos rechazada una y otra vez por los tribunales.
Esto condujo al Ministerio a intentar una controvertida modificación del Reglamento de Adquisición y Pérdida de la Condición de Militar y Situaciones Administrativas de los Militares Profesionales, aprobado en 2015.
La propuesta normativa pretendía condicionar el acceso de los militares a estos puestos al permiso expreso de Defensa. No obstante, para su implementación, era necesario contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado. Y ese dictamen ha resultado ahora desfavorable a las tesis del Ministerio.
Ante esta situación, decenas de militares con el respaldo del letrado Suárez Valdés, decidieron presentar una impugnación ante este órgano, argumentando la ilegalidad de la medida. Finalmente, el órgano consultivo les ha dado la razón.
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional ya ha obligado al Ministerio de Defensa a conceder a dos altos mandos del Ejército su deseo de seguir sirviendo a la OTAN, "en situación de servicios especiales". Así lo dispusieron el pasado 2024 sendas sentencias, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 y del número 10.
Ambas resoluciones obligaron a Defensa a conceder a altos mandos la posibilidad de continuar trabajando en la OTAN tras su paso a la reserva. Esta sentencia, que supuso un varapalo significativo para el departamento dirigido por Margarita Robles, destacó que el deseo de los militares de seguir sirviendo en la Alianza Atlántica no podía ser limitado de forma arbitraria por las Fuerzas Armadas.
Desde entonces, hasta 50 militares han recurrido a los servicios de este despacho de abogados al verse en la misma situación.