Sólo el 5% de los españoles y el 9,5% de los votantes del PSOE apoyan la rebaja de la malversación
Un 73,3% rechaza que el Gobierno designe a dos ex altos cargos, Juan Carlos Campo y Laura Díez, como miembros del Tribunal Constitucional.
11 diciembre, 2022 02:40Poco más del 5% de la población española es partidaria de rebajar las penas que contempla actualmente el Código Penal para el delito de malversación. Y únicamente el 9,5% de los votantes del PSOE —ni siquiera uno de cada diez simpatizantes de Pedro Sánchez— apoyan esta reforma legal, según se desprende del último sondeo elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
A primera hora de la mañana del pasado viernes, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) registró en el Congreso de los Diputados una enmienda —"negociada con el PSOE", aseguraron los republicanos— que reclama reducir a la mitad las penas máximas para la malversación de fondos públicos "si no hay ánimo de lucro personal".
El Código Penal (CP) español define el delito de malversación como aquel perjuicio al patrimonio público cometido por un funcionario y lo castiga, en su tipo básico, con penas de prisión de dos a seis años, así como inhabilitación para cargo o empleo público durante un tiempo de seis a diez años. En sus modalidades agravadas, puede llegar hasta un máximo de una década de cárcel.
Sin embargo, la posibilidad de reducir las condenas por este delito no goza del apoyo mayoritario de la ciudadanía. Tal y como refleja la encuesta de SocioMétrica, casi un 60% de la población preferiría castigar más duramente a los malversadores.
Un 42,5% de electores socialistas optaría por ello. Y un 41,9%, por no retocar el articulado del Código Penal. Ni siquiera entre los simpatizantes de Unidas Podemos triunfa la reducción de condenas: un 50,2% de ellos prefiere castigar más severamente a quienes malversen y sólo un 23,2% se decanta por rebajar las penas.
Ánimo de lucro
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la posible distinción entre la malversación guiada por un ánimo de lucro personal y las actuaciones que, aunque ilegales, no lo estuvieron, sino que perseguían "fines políticos".
¿Deben castigarse de forma distinta? Un 72,6% de los encuestados cree que no, que no es necesario que el Código Penal recoja este matiz. De forma mayoritaria, tampoco lo apoyan los votantes socialistas. Un 50,5% de electores del PSOE rechaza esta diferenciación.
No obstante, la posibilidad de distinguir entre la malversación guiada por el ánimo de lucro y la que persigue "fines políticos" sí triunfa entre los simpatizantes de Unidas Podemos y de Más País. El 56,3% de los primeros y el 72,8% de los segundos la apoyan.
También, el 52,1% de los votantes de formaciones de ámbito no estatal. En este último grupo se integra, entre otros partidos, ERC. Precisamente, su enmienda reclama reducir a la mitad las penas máximas para la malversación de fondos públicos "si no hay ánimo de lucro personal".
La argumentación jurídica de la iniciativa se basa en que la desviación de fondos públicos no debería ser considerada corrupción si no hay intención de "apropiarse" del patrimonio público, detallaron fuentes de ERC. Para los republicanos catalanes, a falta de lucro personal, la autoridad o funcionario que destine "a usos particulares ajenos a la función pública" el dinero de todos los ciudadanos debería ser castigado con un máximo de tres años de prisión.
Adiós a la sedición
En realidad, ERC presentó su enmienda sobre la malversación en el marco de la reforma del Código Penal que pretende eliminar el delito de sedición y sustituirlo por el de "desórdenes públicos agravados".
De hecho, Esquerra ha solicitado también reducir aún más las condenas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que se castigue este nuevo delito.
La enmienda de ERC rebaja de tres años a doce meses la pena mínima que plantea la proposición de ley de PSOE y Unidad Podemos, que prevé "de tres a cinco años" entre rejas.
Tras el juicio al procés, el líder de ERC Oriol Junqueras fue condenado por el Supremo a 13 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación. Y el 71,2% de los españoles, de acuerdo con la encuesta realizada por SocioMétrica para este periódico, opina que la derogación del delito de sedición está motivada por la necesidad del Gobierno de contentar a Esquerra y seguir garantizándose su apoyo.
Sólo un 26,6% del total de encuestados cree que el objetivo de esta reforma legal es el de adaptar el Código Penal español a los estándares europeos, como sostiene el Ejecutivo. Sin embargo, esta tesis sí goza de amplios apoyos entre los electores de Unidas Podemos (80,6%), PSOE (66,3%) y Más País (64,6%).
Juan Carlos Campo y Laura Díez
En el marco de la reforma de la sedición, el PSOE y Unidas Podemos han presentado varias enmiendas que, entre otros extremos, pretenden que el Gobierno se garantice una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo ya tiene nombrados a los dos candidatos que le corresponden: el exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo Laura Díez. Y lo ha hecho sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haga lo propio con los suyos. La falta de acuerdo entre los vocales conservadores y progresistas en el CGPJ lo dificulta.
El pasado viernes, los miembros del Consejo propuestos por el PP solicitaron que se celebre un Pleno extraordinario la próxima semana con el fin de intentar nombrar a los dos magistrados del Constitucional que les corresponde designar y sortear así la reforma exprés impulsada por el Gobierno.
Además de por la intención del Gobierno de no esperar al CGPJ, la designación de Campo y Díez ha causado polémica, dado el marcado perfil político de quien fuese ministro de Justicia hace escaso tiempo y de la exdirectora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.
Según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, sólo un 23,1% de los españoles ven con buenos ojos estos dos nombramientos. Por el contrario, un 73,3% rechaza que el Gobierno designe a dos ex altos cargos como miembros del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carga Magna y garante último de la misma.
A pesar de que se trata de dos funcionarios que han estado vinculados a departamentos que están en manos socialistas —el Ministerio de Justicia y el de Presidencia—, son los votantes de Más País y de Podemos los que más defienden sus nombramientos. Un 76,5% de los primeros y un 71,1% de los segundos los apoyan.
Los votantes del PSOE están más divididos. Un 57% de los mismos apoya la designación de Campo y Díez, pero un 35% la critica.
Ficha técnica
Se han realizado 3.042 entrevistas en toda España, extraídas en panel propio de SocioMétrica mediante cuotas prefijadas y cruzadas de sexo, edad y provincia, con plataforma online Gandia Integra, entre los días 6 al 10 de diciembre de 2022.
La muestra resultante se ha ponderado por sexo, edad, situación laboral, nivel de estudios, y recuerdo de voto en las elecciones del 10-N para hacerla coincidir con el universo de españoles con derecho a voto. La convergencia del equilibraje es del 97% (error <3%) según algoritmo Barbwin de la empresa TESI. SocioMétrica es socio de Insights + Analytics España, rama empresas, asociación de Data Science que integra a Aneimo y Aedemo.
