El Congreso debatirá colocar cámaras corporales a los policías para grabar los delitos

La propuesta planteada por Vox aboga por extender el uso de la Cámara Corporal Policial (CCP), que define como "una pequeña cámara de batería utilizada en los uniformes de policía que captura la interacción del público desde el punto vista oficial del policía».

En la actualidad, los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil sólo utilizan cámaras incorporadas a su uniforme de forma excepcional: por ejemplo cuando la Policía Judicial realiza el registro de un domicilio, junto a un secretario judicial. La grabación puede utilizarse de este modo como una prueba aportada ante el juez.

Algunas Policías autonómicas también han comenzado a incorporar esta práctica: a partir del próximo mes de septiembre, 30 patrullas de seguridad ciudadana de la Ertzaintza llevarán cámaras corporales en Bilbao, Vitoria e Irun para ofrecer "garantías judiciales" tanto a los agentes como a los detenidos.

Interior compra 300 cámaras

Se trata también de una reivindicación de las principales asociaciones de Policía y Guardia Civil. Ya el pasado mes de julio, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) reclamó al Ministerio de Interior que dote a los agentes de "dispositivos de videograbación, incorporados tanto en los propios coches como en los uniformes" para captar pruebas de posibles delitos y "salvaguardar los derechos de los ciudadanos".

El portavoz nacional de la AUGC, Pedro Carmona, considera que esta medida es también especialmente necesaria ante el incremento de agresiones a los agentes que se está produciendo, con el fin de poder aportar la grabación como prueba en los Juzgados.

El Ministerio de Interior también comienza a dar tímidos pasos en este sentido: en 2019 adjudicó un contrato de 360.000 euros para comprar 300 cámaras personales destinadas al Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Por tanto, de momento, su uso no está ni mucho menos generalizado.

Vox pide en su propuesta que este aspecto quede regulado mediante una modificación de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se estableció la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, con todas las garantías que exige la Ley de Protección de Datos.

Derecho a la intimidad

La propuesta registrada el pasado 16 de julio en el Congreso está firmada por los diputados Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel, Ignacio Gil Lázaro, Macarena Olona y Javier Ortega Smith-Molina.

La citada Ley Orgánica 4/1997 establece que "el uso de sistemas de grabación de imágenes y sonidos y su posterior tratamiento" por parte de los agentes de la autoridad puede contribuir a "asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública".

Pero insta a usar estos medios tecnológicos con "ponderación", en función de los fines perseguidos, para evitar vulnerar los derechos al "honor, la intimidad y la propia imagen" de los ciudadanos.

En consecuencia, la norma reserva el uso de videocámaras móviles a casos excepcionales, en circunstancias de "urgencia máxima o de imposibilidad de obtener a tiempo la autorización indicada en razón del momento de producción de los hechos". Es decir, cuando la urgencia de grabar la comisión de un posible delito impide contar antes con la autorización judicial.

La frontera de EEUU

La propuesta de Vox pretende que el uso de las cámaras corporales quede regulado por Ley, para ofrecer garantías jurídicas a la actuación de la Policía, sin que se produzca una colisión con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El uso de cámaras corporales también se comienza a generalizar en las policías de otros países. La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos anunció el pasado mes de julio que va a distribuir 6.000 cámaras a sus agentes de patrullas fronterizas, para dar más "transparencia" a su actuación y registrar posibles incidentes con los inmigrantes ilegales.

Se trata de un arma de doble filo, pues en un país como EEUU con altas tasas de violencia policial, también puede servir para registrar los excesos cometidos por los agentes.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) también reclamaron el pasado mes de julio que se incrementen las penas previstas en el Código Penal para los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, en vista de que se han incrementado las agresiones sufridas por los agentes.

El artículo 550.2 del Código Penal prevé actualmente penas de seis meses a tres años de cárcel para estos supuestos. El Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a trasladar esta propuesta al Ministerio de Justicia para estudiar la reforma legal solicitada por ambas asociaciones.