Aplausos de los diputados del PSOE a la diputada Maria Luisa Carcedo, tras la aprobación de la Ley de Eutanasia.

Aplausos de los diputados del PSOE a la diputada Maria Luisa Carcedo, tras la aprobación de la Ley de Eutanasia. Efe

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El PSOE quiere enfermeras en los equipos de decisión de eutanasia y un listado de médicos objetores

El Senado debatirá la ley orgánica esta semana y prevé aprobar las autoenmiendas al articulado que ha realizado el propio partido socialista.

8 marzo, 2021 03:33

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El Senado debatirá este próximo miércoles 10 de marzo el dictamen de la proposición de ley orgánica para la regulación de la eutanasia. De esta forma, España se convertirá en el sexto país del mundo donde será legal su práctica contando con dos puntos diferenciadores: un registro de médicos objetores y la participación activa de la Enfermería.

El proceso se retrasará sobre lo que ya tenían planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, pero por iniciativa propia. Y es que, en su ponencia en la Comisión de Justicia del Senado, el PSOE se ha autoenmendado el texto original (añadiendo pequeños apartados a la ley) por lo que necesitará volver al Congreso de los Diputados.

El proyecto inicial era que el texto pasara por el Senado sin mayor complicación y los trámites se aceleraran. Pero, la autoenmienda al articulado socialista deberá ser ratificada por ambas Cortes.

Según el texto de las adhesiones, son ocho los cambios que propone el PSOE. La mayoría para realizar una "mejora técnica del texto" y aportarle una "mayor precisión". Todos a excepción de la creación de la comisión de garantía y evaluación de cada comunidad autónoma.

Y es que, el principal cambio que ha metido el PSOE en la legislación de la eutanasia es la obligación de crear estas comisiones de garantía y evaluación de la práctica eutanásica tres meses antes de la puesta en vigor de la ley y que estas incluyan la presencia de enfermeras.

Figura enfermera

Las comisiones de garantías son un órgano decisorio e imprescindible que tiene la misión de revisar la decisión de aquellos sanitarios que hayan rechazado practicar la eutanasia a un solicitante.

En un primer momento, se había planteado que estas comisiones empezaran a funcionar con el inicio de la ley, pero ahora, proponen que se pongan en marcha el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un trámite que aligeraría el proceso cuando la ley fuese efectiva.

Es decir, con el anterior articulado si una persona pedía este servicio sanitario cuando se cumplieran los tres meses exactos de la publicación en el BOE, tendría que esperar a que se configuraran las comisiones de garantías. Ahora, ya que las comisiones se habrían empezado a crear tres meses antes, podría solicitarla y obtener un veredicto con mayor rapidez.

La diputada del PSOE, María Luisa Carcedo, durante su intervención en el pleno del Congreso que acelera la tramitación de la ley de la eutanasia.

La diputada del PSOE, María Luisa Carcedo, durante su intervención en el pleno del Congreso que acelera la tramitación de la ley de la eutanasia. EFE

Además, en el redactado también se modifica que, mientras que antes se solicitaba que la comisión la crearan "siete sanitarios y juristas", ahora se especificará que sean "personal médico, enfermeras y juristas".

El hecho de incluir a las enfermeras modifica el papel que, hasta ahora, tomaban las profesionales en este proceso. El peso siempre se había puesto sobre los hombros de los médicos, pero el PSOE incluye a las enfermeras como "defensoras del paciente".

"La presencia de una enfermera en las comisiones de garantía y evaluación garantiza la participación en estas comisiones de una profesional que, como enfermera y defensora del paciente, debe velar por sus derechos, contribuyendo a garantizar el respeto por su autonomía y autodeterminación, considerar el papel de los familiares, así como brindar cuidados de excelencia a la sociedad y participar más proactivamente en políticas sanitarias", argumentan.

Más enmiendas

Bien es cierto que estas modificaciones no son las únicas que se han planteado a la ley. Según el dictamen de la Comisión de Justicia se han presentado 264 enmiendas a la normativa y dos propuestas de veto (Partido Popular y Vox).

Estas dos propuestas de veto no cuentan con la mayoría del Senado, por lo que no saldrán adelante, y el resto de enmiendas (44 del PP, 23 de Bildu, 2 del PNV, 18 de Ciudadanos, 111 de Izquierda Confederal, 25 del grupo nacionalista y 34 del grupo mixto) deberán esperar al debate de los senadores.

Aun así, fuentes consultadas por este medio no esperan un gran consenso, puesto que el PSOE tiene una mayoría parlamentaria para sacar adelante sus propuestas con "algún socio de Gobierno".

Registro de objetores

Pese a las negativas de muchos colectivos sanitarios, la ley saldrá adelante. Lo que menos gusta a los profesionales ya no es la ejecución del acto (que según muchos de ellos atenta contra su código deontológico) sino la redacción de la norma.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) se ha pronunciado recientemente rechazando la puesta en marcha de un registro de objetores. Uno de los aspectos que menos gusta a los médicos, tanto si están a favor o en contra de la eutanasia.

Y es que, ambos sectores coinciden en que es un acto muy tajante. Los que están a favor de la norma aseguran que un listado puede señalar a un sanitario que, en otro caso particular, sí habría visto con buenos ojos la práctica de la eutanasia.

Los que están en contra, por el contrario, ven esta herramienta como una forma de señalarles: tanto a los que se niegan a practicarla como a los que sí.

Fuera del debate normativo, los médicos también piden cautela. Fuentes consultadas por este medio han asegurado que, en estos momentos, su mayor preocupación es potenciar los cuidados paliativos.

"Tenemos que aprovechar para reivindicar que se tiene que seguir potenciando mucho, como estadio previo a la eutanasia y parte principal del sistema en la atención en el último tramo, los cuidados paliativos", han explicado desde el sindicato médico CESM.

Además, tanto desde CESM como desde el CGCOM se incide en la necesidad de que debe "estar clara" la posibilidad del desarrollo de una cláusula de objeción de conciencia que permita al profesional su rechazo a participar en un proceso si lo considera contrario a sus convicciones éticas, morales, o religiosas.

"Por tanto -añaden-, en caso de objeción de conciencia sobrevenida, el objetor debería expresar formalmente su objeción y presentarlo a sus superiores".