Josu Ternera, en una imagen de abril del 2002, en Bilbao, el día en que el juez ordenó su detención por el atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987.

Josu Ternera, en una imagen de abril del 2002, en Bilbao, el día en que el juez ordenó su detención por el atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987. Efe

España

Josu Ternera ficha a Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont

La Justicia francesa decidirá el próximo 4 de marzo si extradita al exjefe de ETA por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

25 febrero, 2020 19:05

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El exjefe de la banda terrorista ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, quien se encuentra en Francia a la espera de saber si será entregado a España para responder por causas pendientes en la Audiencia Nacional, ha fichado como abogado a Gonzalo Boye, el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Según han informado fuentes jurídicas, el letrado ha asumido la defensa del etarra en relación al atentado de la cada cuartel de Zaragoza, en la que está procesado junto con otros cuatro exdirigentes de la organización terrorista por un delito de lesa humanidad.

De momento, Boye, que también es letrado del actual presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, sólo representará a Josu Ternera en esta causa, según las fuentes consultadas.

Reclamado por otros crímenes

Sin embargo, el exjefe de ETA está reclamado por la Audiencia Nacional en relación a otros crímenes, como son el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987 y el asesinato del directivo de Michelin Luis María Hergueta en 1980. También está procesado por la financiación de ETA a través de 'herriko tabernas'.

Gonzalo Boye fue condenado en 1996 a 14 años y 8 meses de cárcel por el secuestro en 1988 del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, concretamente como autor responsable de un delito de detención ilegal. Cumplió seis años.

Recientemente, la Audiencia Nacional ordenó embargar a Boye y realizar una investigación patrimonial al no haber afrontado la indemnización que le impuso el tribunal por aquella condena, una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).