Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional en funciones.

Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional en funciones. Efe

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España condena la violencia en Bolivia y pide nuevas elecciones con garantías

Según la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, España trabaja con otros actores internacionales, como la UE, "para que haya unas elecciones libres y con garantías democráticas en Bolivia cuanto antes".

El Gobierno ha condenado "tajantemente" la escalada de violencia en Bolivia y ha pedido la celebración de nuevas elecciones "con todas las garantías democráticas lo antes posible" como única salida a la crisis que afronta el país desde la renuncia de Evo Morales.

"La celebración de dichas elecciones debe ser la prioridad fundamental de las actuales autoridades interinas", según el comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Exteriores, que añade que todos los actores implicados deben contribuir al restablecimiento de la normalidad institucional en el país sudamericano.

Según la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, España trabaja con otros actores internacionales, como la UE, "para que haya unas elecciones libres y con garantías democráticas en Bolivia cuanto antes".

En declaraciones a la prensa en el Ministerio de Educación, Celaá ha asegurado además que, por ahora, el Gobierno no ha recibido ninguna "petición oficial" para mediar en la crisis boliviana.

Además de elecciones, España apoya el inicio inmediato de una investigación independiente sobre los fallecimientos en los enfrentamientos del pasado viernes en Cochabamba y subraya que el legítimo derecho de protesta "debe ejercerse siempre por vías pacíficas", según la nota de Exteriores.

Tras recordar que la escalada de violencia en Bolivia se ha saldado hasta el momento con 23 muertos y centenares de heridos, el Gobierno añade que las labores de orden público, a cargo de la Policía y de las Fuerzas Armadas, deben realizarse dentro de la legalidad boliviana y del derecho internacional en materia de Derechos Humanos.

En este sentido, precisa la nota, España comparte la posición de la Alta Comisionada de la ONU Para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Decreto que prevé la exención de responsabilidad penal, bajo determinadas condiciones, para el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno.