Varios agentes de la Policía Nacional a las puertas de un edificio de la Diputación de Barcelona durante la investigación.

Varios agentes de la Policía Nacional a las puertas de un edificio de la Diputación de Barcelona durante la investigación. CG

España

Macrooperación de la UDEF en Cataluña por el desvío de 2 millones para el procés

Gonzalo Araluce Daniel Montero

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado una macrorredada en Cataluña por el supuesto desvío dinero de unos 2 millones de euros en programas de cooperación y de ayuda social para la financiación del procés. Las pesquisas de los investigadores arrancaron hace más de dos años.

El dinero saldría de partidas de cooperación internacional que supuestamente iban dirigidas a proyectos en Marruecos, Bosnia y América Latina. Entre las subvenciones irregulares destacan las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmon e IGMAN domiciliadas en la calle Fonollar, número 14, de Barcelona. "Sólo estas dos entidades han recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado", apunta la Policía. 

Unos 500 agentes registran dependencias del Govern catalán en diferentes localidades catalanes en el marco de la operación Estela. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDEF CENTRAL con la colaboración de la Unidad Central de Ciberdelincuencia -ambos pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial-, la Brigada Provincial de Policía Judicial, la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Guías Caninos y GEO/GOES.

Macrooperación en instituciones catalanas por desvío de fondos por el procés

Las pesquisas de los agentes se centran en las partidas destinadas a proyectos de cooperación con un presupuesto superior a los 17 millones de euros, de los que se habrían desviado unos dos millones para financiar las estructuras relacionadas con el proceso independentista.

Los detenidos

Entre las 24 detenciones realizadas están las de Jordi Castells, al que responsabilizan de estos fondos por su puesto como director de Relacions Institucionals de la Diputació de Barcelona. En la actualidad  es subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat. "dimitió a mediados de 2015 a raíz de las noticias aparecidas en prensa, que le acusaban de repartir más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro", señala la Policía en un comunicado. A las denuncias anónimas, se sumaron otras de la CUP y del sindicato CGT, que presentaron escrito ante la Oficina Antifraude de Cataluña denunciando irregularidades en pro de favorecer a empresas catalanas privadas a través de dinero público

Los arrestos ordenados por el juez también incluyen la de Víctor Terradellas, socio del diputado de JxCat Francesc de Dalmases, el alcalde de Tordera, Joan Carles García y el expresidente de la Diputación de Barcelona cuando sucedieron los hechos, Salvador Esteve. 

Los agentes buscan rastro y documentos en dependencias de la Diputación de Barcelona. Se llevan practicados 14 registros en varios despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en una serie de entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas que supuestamente han sido favorecidas con más de dos millones de euros de dinero público destinados a la cooperación al desarrollo en terceros países.

Los investigadores tienen indicios de que el dinero desviado (entre 2012 y 2015) no fue a parar a los proyectos que necesariamente tienen que detallar asociaciones y ONGs, por lo que los primeros datos apuntan a que podría haberse producido una falsedad documental o negligencia; un caso similar al de los cursos de formación en Andalucía.

A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

El curso del dinero

Al parecer, estas partidas desviadas de proyectos solidarios de tratamiento de aguas en países en desarrollo, entre otros, podrían venir de fondos de la Unión Europea y habrían acabado en manos de organizaciones. Los análisis realizados por los investigadores de la Policía Nacional revelan que el dinero de las subvenciones transitaba, presuntamente, de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados.

La investigación coloca en el centro de la trama a la Fundación CATmon como receptora de los fondos. Ahora mismo, la web de esta organización está fuera de servicio, pero su principal objetivo es el reconocimiento internacional de la "nación catalana".

La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, está en marcha y se espera una treintena de detenciones, entre ellas, la de algún aforado. Desde Madrid se han desplazado 36 secretarios judiciales para apoyar la operación.

Esta operación es clave para tratar de averiguar cómo se financió el procés, uno de los aspectos que más problemas ha presentado.

La operación contra esta trama de corrupción es el resultado de dos años de una laboriosa investigación realizada por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, ha explicado en una entrevista en RAC1 que desconoce qué es lo que buscan los agentes y ha denunciado que es "choque mediático para mostrar que las instituciones catalanas no son agua clara". Por su parte, el delegado del Gobierno, Enric Millo, ha aclarado también en la radio que la operación se basa en un delito de malversación pública a través de una entidad pública pero ha confirmado que también se están investigando a entidades privadas.