El sistema alimentario ocupa un lugar central entre algunos de los principales desafíos sociales del mundo contemporáneo. Garantizar el acceso a una alimentación saludable y sostenible se ha convertido en una cuestión que trasciende los hábitos de consumo o las preferencias individuales para situarse en el terreno de los derechos, la cohesión social y la equidad.
A pesar de los avances productivos y tecnológicos de las últimas décadas, amplias capas de la población acceden de manera muy desigual a alimentos frescos, nutritivos y producidos de manera sostenible.
Es por ello que desde la Fundación Daniel y Nina Carasso hemos impulsado espacios de diálogo y generación de alianzas para abordar cómo transformar el sistema alimentario. Muestra de ello es nuestro encuentro de unoconcinco, celebrado este jueves.
De la mano de personas agricultoras y ganaderas, ciudadanía, activistas, profesionales y representantes institucionales y sectoriales abordamos los múltiples factores que deben ser analizados entre los retos para garantizar el acceso a una alimentación sostenible y saludable.
Se trata de variables que muestran cómo el acceso a una alimentación saludable está profundamente condicionado por el nivel de renta, el territorio en el que se vive o factores económicos globales.
En muchos hogares, especialmente entre los más vulnerables, el incremento sostenido del coste de la vida obliga a priorizar criterios económicos frente a la calidad nutricional o ambiental de los alimentos. Como resultado de ello, las desigualdades sociales también se expresan en la alimentación, afectando de forma directa a la salud y al bienestar de la población.
La inseguridad alimentaria no puede entenderse únicamente como la ausencia de alimentos suficientes para cada familia. Cuestiones como la dificultad de acceder a dietas equilibradas, el aumento de la obesidad o el consumo creciente de productos ultraprocesados de bajo coste adquieren una relevancia central en el debate sobre la seguridad alimentaria.
Estas dinámicas generan importantes impactos sociales y sanitarios que terminan trasladándose al conjunto de la sociedad en forma de mayores costes de salud pública, pérdida de bienestar y aumento de las desigualdades.
A todo ello se suma que los retos del sistema alimentario no afectan únicamente al consumo final, sino que a lo largo de toda la cadena alimentaria persisten importantes desequilibrios económicos y territoriales.
Una parte significativa del sector productivo afronta dificultades crecientes para mantener su rentabilidad económica debido al aumento de los costes de producción, y más recientemente en cómo las tensiones geopolíticas internacionales influyen en los precios de los insumos.
Desde la pandemia de la Covid-19, la guerra en Ucrania y otros conflictos internacionales, se han registrado importantes alteraciones en las cadenas de suministro, no solamente incrementos de precios de los alimentos, sino una mayor volatilidad de los mercados.
Esta situación repercute especialmente en pequeñas y medianas explotaciones agrarias, fundamentales para la cohesión territorial y el mantenimiento de sistemas productivos más sostenibles. A su vez, eso ha evidenciado hasta qué punto la alimentación está condicionada por dinámicas globales que amplifican la desigualdad y la vulnerabilidad social.
El impacto de estas tensiones no se distribuye de manera homogénea. Los hogares con menores ingresos sufren con mayor intensidad las subidas de precios, mientras que muchos productores ven comprometida su capacidad económica para sostener su actividad.
De este modo, las crisis alimentarias contemporáneas muestran una doble dimensión: afectan tanto al acceso de la población a una alimentación adecuada como a la sostenibilidad económica de quienes producen los alimentos.
En este sentido, crece el debate sobre la necesidad de reforzar el carácter garantista del sistema alimentario y avanzar hacia políticas públicas que reconozcan y garanticen el derecho a la alimentación.
La alimentación comienza a ser entendida cada vez más como un elemento esencial del bienestar colectivo, en línea con otros derechos sociales fundamentales como la sanidad o la educación.
Dentro de este debate han surgido propuestas innovadoras como la denominada Seguridad Social de la Alimentación. Inspirada en los principios de los sistemas públicos de protección social, esta iniciativa plantea mecanismos orientados a garantizar el acceso universal a una alimentación saludable y sostenible, al tiempo que busca reforzar modelos de producción más justos, locales y ambientalmente responsables.
Vinculada al principio de la democracia alimentaria, la propuesta promueve la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan al sistema alimentario. Y más allá de las diferentes formas en que se plantea que pueda ser aplicada, contribuye a situar la alimentación en el centro de las políticas de cohesión social y a visibilizar la necesidad de actuar sobre el conjunto de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo.
Avanzar hacia sistemas alimentarios más equitativos requiere, por tanto, un enfoque sistémico que aúne objetivos sociales, económicos y ambientales. Esto implica fortalecer los circuitos de proximidad, mejorar el acceso a alimentos de calidad, proteger la viabilidad del sector productor y reducir las dependencias externas que aumentan la fragilidad del sistema.
También, y resulta fundamental para todo este proceso, reconocer que la alimentación no puede quedar exclusivamente sometida a las dinámicas del mercado global, sino que constituye una cuestión estratégica vinculada al bienestar, la salud pública y la estabilidad social, pensando en el beneficio para las comunidades locales.
Las transformaciones necesarias son complejas, pero el contexto actual también abre una oportunidad para repensar el modelo alimentario desde criterios de resiliencia y justicia social, algo que también nos proponemos en la tercera edición de este encuentro de este 18 de junio en el espacio Infinito Delicias, de Madrid.
Y es que en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica, el incremento de las desigualdades y la creciente presión sobre los recursos naturales, siempre es una buena ocasión para pensar cómo garantizar el acceso universal a una alimentación saludable y sostenible que, como se ha explicado, aparece cada vez más como uno de los grandes retos colectivos de las próximas décadas.
***Adrián Gallero Moreiras es responsable de Programas de Alimentación Sostenible en España de la Fundación Daniel y Nina Carasso.