Bloque de apartamentos. iStock
Amnistía Internacional alerta de la "mayor crisis de DDHH" en España: casi 1 M de desalojos y solo un 1,7% de vivienda social
La organización denuncia que la vivienda se ha tratado durante años como "un activo financiero" y reclama al Congreso medidas urgentes.
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España atraviesa "la mayor crisis de derechos humanos" documentada por Amnistía Internacional en el país. Así lo sostiene la organización en un nuevo informe presentado este jueves 28 de mayo frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.
¿El diagnóstico? Casi un millón de desalojos desde el inicio de la crisis inmobiliaria de 2008, un parque de vivienda social muy por debajo de la media europea y una generación de jóvenes obligada a retrasar su emancipación hasta después de los 30 años.
"Es más fácil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna". Con ese lema —en alusión al fenómeno generado por la visita de Bad Bunny a España— Amnistía Internacional quiso visibilizar una crisis que, según denuncia, afecta ya a millones de personas y refleja un "fracaso estructural" de las políticas públicas de vivienda.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, fue contundente durante la presentación del informe: "No hay una vulneración más grave ni por la extensión del tiempo, ni por el número de personas afectadas que la vivienda".
A su juicio, el problema se ha cronificado porque España "ha priorizado siempre la vivienda como un activo financiero" en lugar de asumirla como "un derecho humano".
Los datos que maneja la organización dibujan una situación especialmente crítica. Y es que el país cuenta con apenas un 1,71% de vivienda social frente al 9% de media de la Unión Europea. Incluso ampliando el cálculo al parque de vivienda asequible, la cifra solo alcanza el 3,5%.
El informe recuerda además que, aunque el número de viviendas sociales ha aumentado un 10% desde 2020 —pasando de 290.000 a 318.000 viviendas en 2026—, el crecimiento sigue siendo "muy lento" e insuficiente para cubrir la demanda existente.
A ello se suma el aumento constante de los precios del alquiler. Según el documento, los costes de acceso a la vivienda se han duplicado en la última década sin que los salarios hayan seguido el mismo ritmo.
En concreto, el alquiler de temporada se ha disparado un 232% entre 2019 y 2024 y ya representa el 13% de la oferta total, mientras que los alquileres turísticos alcanzan el 10%.
![Carteles de la campaña de vivienda desarrollada por Amnistía Internacional.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/28\/actualidad\/1003744264056_263193451_1706x1281.jpg"])
Carteles de la campaña de vivienda desarrollada por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional
El impacto social de esta situación es especialmente visible en la emancipación juvenil. Pues, mientras que en la Unión Europea los jóvenes abandonan el hogar familiar de media a los 26 años, en España el proceso se retrasa hasta superar los 30. "Esto provoca una dificultad emancipatoria enorme", advirtió Beltrán.
La organización también pone el foco en la crisis de desalojos. Desde 2013 hasta 2025 se ejecutaron 600.000 desahucios en España, según cifras del Consejo General del Poder Judicial, aunque Amnistía eleva la cifra a cerca de un millón si se contabilizan desde 2008.
A ello añade los llamados "desalojos invisibles", es decir, personas que abandonan sus viviendas porque no pueden asumir las subidas del alquiler o porque los propietarios deciden cambiar el uso de los inmuebles.
"Si contamos desde 2008, casi un millón de desalojos. Y además están los desalojos invisibles, que tampoco quedan reflejados", señaló Beltrán, quien advirtió de que actualmente unas 70.000 familias vulnerables podrían verse afectadas si decaen determinadas medidas de protección en tramitación parlamentaria.
Un Congreso dividido
El informe analiza también varias iniciativas legislativas actualmente en discusión en el Congreso y muestra preocupación por algunas propuestas impulsadas por el Partido Popular.
Según Amnistía Internacional, las reformas planteadas reducirían las garantías de protección para personas vulnerables, facilitarían los desalojos y eliminarían mecanismos como las zonas tensionadas o los límites a los precios del alquiler.
La organización considera especialmente grave la posibilidad de reducir los plazos de suspensión de desahucios para personas vulnerables y endurecer los criterios económicos para acceder a esa protección.
También alerta sobre la eliminación de las prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler y de los topes de renta en zonas tensionadas.
![El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (i); la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; y los ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz (2d) y de Sanidad, Mónica García (d), durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/10\/actualidad\/1003744124386_261351067_320x180.jpg"])
"Hay dos amenazas muy claras ahora mismo en el Congreso", afirmó Beltrán. "Una busca disminuir las garantías de los desalojos y otra acabar con las zonas tensionadas, precisamente donde se han controlado y han bajado los precios".
Frente a ello, Amnistía Internacional insiste en que intervenir el mercado del alquiler no supone una anomalía ideológica.
"El derecho a la vivienda no es de izquierdas ni de derechas", defendió el director de la organización. "Intervenir el mercado tampoco. Tenemos un sistema nacional de salud donde el Estado regula y nadie cuestiona eso".
La entidad recuerda además que España es "el país del mundo con mayor número de dictámenes condenatorios de Naciones Unidas por vulneración del derecho a la vivienda", una situación que, según denuncia, evidencia el incumplimiento sistemático de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Evitar el colapso
Ante este escenario, Amnistía Internacional plantea un programa de ocho medidas urgentes.
Entre ellas, reclama acelerar la firma de los convenios del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros; aprobar un nuevo decreto que limite temporalmente las subidas del alquiler; regular de forma específica los alquileres temporales y de habitaciones; y ampliar las ayudas de emergencia para evitar desalojos.
La organización también pide aumentar el parque público de vivienda hasta acercarse a la media europea y apostar por fórmulas más rápidas que la construcción tradicional, como la adquisición de viviendas ya existentes por parte de las administraciones.
![En España, 33.000 personas viven en la calle. Hogar Sí da soporte a cerca de mil al año para erradicar, acción a acción, el sinhogarismo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2021\/10\/07\/enclave-ods\/historias\/617699648_211000545_320x180.jpg"])
Beltrán insistió en que el problema tiene solución si existe voluntad política: "No nos dejemos distraer por cuestiones partidistas. Todas las administraciones tienen que ponerse las pilas para reducir la mayor crisis de derechos humanos de Europa".
El informe incorpora además un elemento que, según Amnistía Internacional, suele quedar fuera del debate público, como es la discriminación residencial. Y es que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica sitúa la vivienda como el ámbito donde más personas afirman sufrir discriminación, con un 27,5%.
Mientras tanto, el mercado continúa tensionándose. Porque, como recordó Beltrán durante su intervención frente al Congreso, España cuenta actualmente con unos tres millones de viviendas vacías. "Necesitamos un impulso enorme", reclamó. "No vemos otro problema más grave de derechos humanos en España que este".
