Los gases a los que se refiere el agente se utilizan, generalmente, para refrigeración. El problema que existe con ellos es que son gases fluorados asfixiantes que agotan la capa de ozono y tienen un potencial de calentamiento de la atmósfera bastante importante, unas 10.000 veces superior al de una molécula de CO₂. “Son los que provocan o acrecientan el cambio climático”, reconoce Astrain.

Este es un delito relativamente nuevo en nuestro país, al menos, en conocimiento de las autoridades. Hasta hace tres años únicamente se ponían algunas multas en torno al comercio de sustancias que agotan la capa de ozono –como los CFC y HCFC–, totalmente prohibidos para su uso e introducción en el mercado de la Unión Europea. Sin embargo, otros subproductos sustitutivos para refrigeración y aire acondicionado (también contaminantes), como los hidrofluorocarbonos (HFC), sí son legales y tan solo tienen algunas restricciones de uso en unas cantidades sostenibles.

[El agujero de la capa de ozono, camino de cerrarse, según la ONU]

Para estos, “España, lo que ha establecido, bajo el principio de quien contamina, paga, es un impuesto especial como los que puede haber para el tabaco o el alcohol”, comenta Astrain. Razón por la que aquí “el precio de una bombona [de gases refrigerantes] se llega a multiplicar por cinco, en algunos casos”.

El ejemplo más paradigmático es la Operación Marum. Se llevó a cabo hace un año por miembros de la Guardia Civil junto con la Agencia Tributaria, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés). Era el mayor operativo realizado en torno al tráfico de gases de efecto invernadero, no solo de España, sino de toda la Unión Europea.

Este ilícito se recoge también, por primera vez, en el último informe de Seguridad Nacional. En el documento, se señala el tráfico ilegal de gases refrigerantes fluorados como “un caso especial” por el que se consiguen introducir estas sustancias en España sin ser declarados en la Aduana. 

“Todo este gas viene de China. Allí no hay ningún tipo de restricción, pero aquí en Europa sí. Cuando pones limitaciones tanto a la importación como impuestos al consumo, lo que aparece es un mercado negro que importa ilegalmente estas sustancias y las distribuye mucho más barato”, comenta Astrain. 

Como explica el comandante, una botella de 10 kilos [de estos gases] en China vale unos 60 euros y, sin embargo, en España puede llegar a tener un precio en el mercado lícito de hasta 1.000 euros. “Si la estoy vendiendo a 600 y no la declaro, lo único que pago es la compra en China y el transporte. Es todo beneficio”, asegura Astrain. Y era así como se lucraba toda una red organizada que operaba –en este caso– desde Valencia y que dirigía el Rey del Gas, como apodaban a su cabecilla los más de 40 involucrados.

Parte del dinero en metálico intervenido durante la Operación Marum en Granada. UCOMA

Ramificaciones en Ucrania y Marruecos

Las pesquisas comenzaron en 2021. Los comerciantes legales alertaron a los oficiales de que el tráfico ilegal “había copado el mercado entero”, explica el agente, ya sea a través de venta por internet o venta a distribuidores en el sector de refrigeración. Facilitaron teléfonos, direcciones web e informaciones que recibían de sus clientes, y “así fue como nos pusieron sobre la pista de un grupo que operaba desde Valencia, pero que tenía ramificaciones en Ucrania y en Marruecos”, explica Astrain.

A raíz de ahí, se descubrió un entramado de empresas estructurado en cuatro niveles de operativa criminal, desde el importador de los gases –con una empresa sita en Valencia– hasta una red de distribución cuyos dos cabecillas operaban desde Granada y que, a su vez, manejaban otra red secundaria que comerciaba ilegalmente por provincias españolas como Albacete, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla, Almería, Jaén, Córdoba y Badajoz. “Hasta entonces, no se había hecho algo a nivel estructura criminal y crimen organizado”, cuenta el comandante de la UCOMA. 

En el operativo descubrieron que se introducían en España toneladas de gases por el puerto de Valencia que, supuestamente, viajarían por varios países de la UE hasta su destino final en un país tercero como Jordania, pero lo cierto era que esa mercancía quedaría en España y sería distribuida por la organización en todo el territorio nacional. 

Los implicados blanqueaban el dinero obtenido a través de una empresa fantasma creada al efecto, o bien comprando vehículos de alta gama o bienes inmuebles. Aunque, sobre todo, como ya informaron en su día desde la Guardia Civil, lo hacían a través de una agencia de viajes madrileña, donde los clientes pagaban el gas como paquetes de vacaciones o servicios de hoteles. 

Solo en la Operación Marum se intervinieron 110 toneladas de diferentes tipos de gas valorados en 11 millones de euros. Asimismo, se encontraron varios maletines de trasvase de gas a aire acondicionado, 364.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, gran cantidad de documentación y material informático, 600 aparatos de aire acondicionado, además de 435 gramos de cocaína base y 435 comprimidos de éxtasis.

Las bombonas intervenidas por la UCOMA en la Operación Marum.

“Esta operación sí que ha sido un hito por la manera en la que se ha desmantelado”, apunta el comandante, pero, hoy, este ilícito sigue en auge. Como reconoce Astrain, el número de actuaciones e investigaciones al respecto en los últimos dos años se sitúa entre seis y ocho anualmente. 

“Sigue habiendo gente operando”, lamenta, y “hay dos efectos negativos. Uno es que son gases extremadamente contaminantes y por eso hay limitaciones a su importación y a su uso. Y otro es el tema tributario. Al final, hay un fraude brutal a la Hacienda Pública”.

Por su parte, Ana Barreira, directora y fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, comenta que “el mercado negro, es decir, el contrabando de estas sustancias, existe desde hace tiempo” y “de hecho, desde hace décadas, la EPA (la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) ha estado persiguiendo este delito”.

Para la experta, “el peligro depende de la dimensión de ese mercado”, por lo que “lo importante es dotar de medios a las instituciones encargadas de detectar este tipo de delitos para que sus pesquisas sean exitosas y, de esta manera, se disuada a los delincuentes para que eviten el comercio ilegal”.