Destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030. Este es el objetivo más ambicioso de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y Solidaridad Global, aprobada el pasado jueves por el Congreso. Esta norma actualizará la Ley de Cooperación para el Desarrollo de 1997.

"Esta ley pone al día la cooperación española, cuya ley anterior se remonta a 25 atrás, sitúa a España a la vanguardia y la convierte en referente con un nuevo modelo de cooperación", destacó en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. 

Desde la Coordinadora de ONGD celebran este logro, que es el resultado de dos años de consultas con diversos actores y colectivos con más de 130 propuestas y las enmiendas de los grupos políticos. "Las organizaciones de desarrollo celebramos la aprobación de esta ley y valoramos positivamente que el proceso para su elaboración se haya abierto a la participación", señalan.

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Esta nueva norma, que se cimienta en el principio participativo, apuesta por un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos. Esta puede ser una fecha de inflexión para la cooperación", señalan desde la Coordinadora de ONGD.  

La presidenta de la Coordinadora de ONGD, Irene Bello Quintana, destaca que "ha sido [una ley] construida de manera colectiva, que cuenta con un apoyo enorme de los partidos políticos y que abre una senda esperanzadora hacia una cooperación a la altura de los complejos retos globales que vivimos”.

España es uno de los países donde más importa la cooperación al desarrollo, siendo los españoles los que tienen una actitud más positiva en la UE respecto a la ayuda al desarrollo. Según el último eurobarómetro sobre este ámbito, un 98% de los encuestados piensan que es importante colaborar con países externos a la UE para reducir la pobreza en todo el mundo. Y los retos más importantes son la salud (45%), la educación (44%) y la paz y la seguridad (34%). 

La nueva norma ambiciona dotar de un mayor dinamismo a la cooperación, apostando por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París contra el cambio climático. Permitirá centrar la ayuda al desarrollo en bienes públicos globales, como la salud global o las crisis alimentarias, y fomentará las alianzas entre actores.

Los principales cambios con respecto a la regla anterior son muchos, pero se pueden identificar cinco grandes áreas sobre las que se trabajará. 

1. Objetivo 0,7%

El compromiso adquirido en la ONU y la UE de alcanzar el 0,7% de la RNB para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2030 es un objetivo que muy pocos países han logrado. Según el último informe de AIDWatch, que analiza el desempeño de los países europeos con respecto a este indicador, en 2020 solo cuatro países lograron alcanzar el 0,7%: Luxemburgo (0,99%), Suecia (0,92%), Alemania (0,72%) y Dinamarca (0,7%).  

España, por su parte, continuó a la cola, habiendo destinado solamente un 0,23% de la RNB. Pero no fue el país europeo con peor desempeño. Estos fueron Letonia, Bulgaria y Rumanía, con un 0,12%. 

La Ayuda Oficial al Desarrollo española nunca ha superado el 0,5%. Como se observa en la tabla, 2009 fue el año con mejor resultado: se pudo destinar un 0,46% de la RNB para el desarrollo.

La nueva norma pretende incrementar el volumen de AOD a través de objetivos intermedios fijados en los próximos planes directores. Los sucesivos gobiernos han establecido objetivos muy ambiciosos. El último compromiso se manifestó en la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024: llegar al objetivo 0,5% al final de la legislatura.

2. Reforma institucional

La reforma de la AECID es la piedra angular de la nueva ley. Se prevé que la agencia, engranaje institucional sobre el cual descansa la ayuda internacional española, cuente con una mayor autonomía en la gestión y flexibilidad en los presupuestos para que sea más ágil y efectiva. Además, esta gestión se orientará a objetivos y resultados. 

Está prevista una reforma de la cooperación financiera para hacerla más ágil, eficaz y en línea con los modelos de otros países europeos y otros organismos multilaterales. En este sentido, el actual Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) será reemplazado por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES).

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Además, también se prevé la reforma del actual Consejo de Cooperación, un órgano consultivo que agrupa a representantes institucionales, ONGD, sociedad civil y expertos, prestando apoyo en la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo y elabora dictámenes sobre documentos y políticas de cooperación. 

3. Una mayor protección del cooperante

Uno de los puntos de la nueva norma es proteger la figura del cooperante. Por eso, el Gobierno está trabajando en un nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes "para dignificar y desarrollar sus carreras a esas personas que representan la cara con su trabajo de la solidaridad de España y que en muchas ocasiones dejan su vida para ayudar a los demás", tal como explicó el ministro de Exteriores. 

Uno de los detonantes para este cambio es la alta peligrosidad a la que se exponen los cooperantes en el desempeño de su trabajo. Un caso muy sonado, y mencionado por el propio ministro en un comunicado, es el de María Hernández, trabajadora de Médicos Sin Fronteras (MSF) asesinada en Etiopía en junio de 2021.

El nuevo documento sustituirá al de 2006, adaptándose a las transformaciones y retos que han surgido en los últimos años. Afectará a las 2.689 personas que se dedican profesionalmente a la cooperación al desarrollo y a la ayuda humanitaria —en organismos públicos o privados— en el extranjero. 

Así, se busca sentar las bases de sus carreras profesionales para asegurar la atracción, retención, capacitación y promoción del talento. Pero el objetivo es que gocen de mejoras en sus condiciones laborales.

4. Cooperación descentralizada

Este tipo de cooperación es la que realizan las comunidades autónomas, los entes locales (diputaciones provinciales, mancomunidades y municipios) y las universidades. En España, su peso suele rondar el 12-14% de la AOD total.

La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad y fortalezas de la Cooperación Internacional. Y esta nueva ley pretende reformar la normativa de subvenciones relativa a esta materia, incrementando la transparencia de la cooperación española. 

Como señaló un grupo de investigadores del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco (UPV), esta cooperación puede entrañar potencialidades como su horizontalidad, poder trabajar con menos condicionantes políticos o integrar enfoques a diferentes niveles y con diversos actores. Pero también plantear problemas o limitaciones, como la descoordinación o dificultad para realizar seguimientos y evaluaciones. 

"La coherencia de los partidos políticos que han apoyado esta Ley debe ser garantizada en el ámbito autonómico y local", explican desde la Coordinadora de ONGD. Porque la cooperación al desarrollo no se limita a inyectar fondos en forma de Ayuda Oficial al Desarrollo, también es trabajar para velar porque los objetivos y los resultados de la política para el desarrollo del Gobierno no se vean dañados por otras y no socaven los avances hacia los objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional.

Tal como ha adelantado el gobierno, en los próximos meses se empezará a dar forma a los compromisos propuestos en la nueva ley, con la elaboración del VI Plan Director de la Cooperación. Este documento estratégico concretará su contenido en prioridades, líneas de acción y asignación presupuestaria. También se contempla la aprobación de cuatro Reales Decretos (reforma de la AECID, ley de subvenciones, cooperación financiera y nuevo Estatuto de las Personas Cooperantes).