De Irán a Italia, en el último año se registraron protestas en más de 130 países, y solo un 17% de los casos documentados se tornaron violentas por culpa de los manifestantes. El informe Global Assessment on protest rights 2022, publicado el martes por CIVICUS Monitor, identifica las políticas económicas regresivas y el incremento de los costes de vida (alimentos, combustible, etc.) como las principales razones para la movilización en las calles.

Muchos gobiernos han utilizado como pretexto la pandemia de la Covid-19 para implantar medidas de restricción del movimiento y de reunión. Estas políticas han servido, en muchos casos, para coartar las protestas y la oposición a los gobiernos. Sin embargo, incluso en esta atmósfera represiva las personas no han dejado de manifestarse.

La oposición a la injusticia sistémica se ha transformado en muchos casos en una denuncia del gobierno en el poder, la corrupción y la mala gestión. Las protestas masivas no solamente se han producido en lugares con espacios cívicos abiertos y libres, sino también en países caracterizados por su represión y obstrucción del libre ejercicio de libertades.

Según el citado informe, de las 33 categorías registradas, la detención fue la práctica más prevalente. La detención generalizada de manifestantes por parte de las autoridades para prevenir y sofocar las protestas afecta aún más a las mujeres, personas LGBTQI+, indígenas, migrantes y otras minorías discriminadas.

Los organizadores de las protestas, a menudo son víctimas de intimidación, acoso y vigilancia cuando llaman a los protestantes a las calles. Y en ocasiones hasta son puestos bajo arresto domiciliario antes incluso de que comience la acción de protesta.

Alrededor del mundo, los gobiernos están empleando diversas estrategias para prevenir las protestas, a pesar de que, como norma general, los Estados deben salvaguardar el derecho de asamblea y garantizar que las protestas se desarrollen pacíficamente.

El derecho internacional de los derechos humanos establece que no se recurrirá al uso de la fuerza salvo casos extremos. Sin embargo, el uso excesivo de la fuerza está poco a poco convirtiéndose en la norma. En el último año, se recurrió al empleo excesivo de la fuerza en más de 57 países. 

Denominador común del autoritarismo

La falta de rendición de cuentas y el derecho de recurso brillan por su ausencia en muchos casos. Un ejemplo es el de Irán, donde se ha instrumentalizado el sistema judicial para acosar y enjuiciar a aquellos que exigen rendición de cuentas. Este fue el caso de la activista defensora de los derechos humanos, Narges Mohammadi, que se manifestó en apoyo de los familiares de las víctimas de las protestas de noviembre de 2019.

Esto se está repitiendo en las protestas actuales, que estallaron a raíz del asesinato de la periodista Mahsa (Zhina) Amini el pasado 16 de septiembre, tras haber sido detenida por la “policía moral” por no acatar la estricta ley de llevar “correctamente” el velo islámico.

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Según Amnistía Internacional, se ha registrado el asesinato de docenas de hombres, mujeres y niños por las fuerzas de seguridad, además de violaciones y violencia hacia las manifestantes. A diario, se producen arrestos masivos de manifestantes, periodistas y personas, así como periodistas, activistas políticos, abogados y defensores de los derechos humanos.

Otro ejemplo es el de China, que ha activado su arsenal represivo en algunos lugares para extinguir las recientes protestas contra la política Covid-cero. Aunque, aparentemente, en muchos casos las protestas se han dispersado pacíficamente, Human Rights Watch ha localizado material en vídeo donde se ve a las fuerzas policiales en Shanghái llegado a los lugares y realizando arrestos con violencia.

Los periodistas también son salpicados por esta violencia. Se reportó la detención de periodistas de varios medios de comunicación, incluidos Reuters, BBC y RTS (Radio Télévision Suisse). Y el Club de Corresponsales Extranjeros de China denunció que periodistas de varios medios de comunicación fueron agredidos por la policía cuando trataban de cubrir las protestas en Shanghái y Beijing, y exhortó a las autoridades a proteger a los periodistas.

24 países

Según los datos del CIVICUS Monitor, en al menos 24 países, los manifestantes fueron asesinados mientras protestaban pacíficamente. Estos asesinatos fueron registrados en países con espacios cívicos limitados, localizados en su gran parte en África y América. Sin embargo, no se documentó ninguna en países con espacios cívicos cerrados, ya que las protestas no son comunes.

En Europa, los manifestantes han sido perseguidos judicialmente, multados, intimidados y acosados. También ha sido frecuente su detención durante los actos, documentándose en al menos 29 países. Estos excesos han tenido lugar en marchas a favor de diversas causas, desde los derechos de las mujeres a los del medio ambiente.

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"Este año, en la mayoría de las regiones, la situación de los derechos de protesta es sombría. En un momento en que los derechos cívicos son más necesarios que nunca para que los gobiernos rindan cuentas, el espacio para protestar se está viendo fuertemente restringido", destaca Julieta Zurbrigg, asesora de investigación de CIVICUS Monitor.

"Necesitamos que los gobiernos respeten el derecho de reunión pacífica, investiguen los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y colaboren estrechamente con la sociedad civil para detener esta espiral descendente y hacer frente a las fuerzas autoritarias", concluye.