El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes la Cuenta General de 2016, a la que el PP ha achacado un posible "vicio de nulidad".

Según ha señalado el portavoz del PP, Adrián Fernández, este vicio de nulidad vendría provocado por la tramitación de la Cuenta General del Servicio contra Incendios y Salvamento (SCIS), que como la de todos los organismos autónomos deben incorporarse a la de la Diputación.

El portavoz popular ha señalado que la cuenta general del SCIS se aprobó fuera de plazo, lo que conllevó que no se cumplieran los tiempos marcados por la ley par su exposición pública y no fue aprobada por la Comisión Especial de Cuentas del SCIS.

Por su lado, la vicepresidenta de Hacienda de la Diputación, Lidia Molina, ha indicado que un informe de la secretaria-interventora del SCIS emitió un informe ratificando la legalidad de la aprobación de la cuenta. Ha indicado que el desajuste en los plazos no va a impedir que la Diputación presente Cuenta General ante el Tribunal de Cuentas tras como fija la ley y ha recordado que en el SCIS no existe Comisión de Cuentas por lo que la misma se tramitó según marcan los estatutos.

El presidente de la Corporación, José Manuel Caballero, ha defendido la situación económica de la institución, diciendo que es la más saneada de España, una de las tres que tiene deuda cero y que mantiene un remanente de 63 millones de euros de superávit el año pasado.

Defensa de la Constitución en Cataluña

Por otro lado, la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes una moción institucional en la que muestra su apoyo a los alcaldes y concejales de Cataluña que "desempeñan sus funciones en Cataluña dentro de la legalidad".

La moción, que muestra un apoyo "rotundo y unánime", ha sido leía por al presidente de la institución, José Manuel Caballero. En el texto, la Diputación de Ciudad Real, apoya "rotunda y unánimemente a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña que desempeñan sus funciones diariamente dentro de la legalidad, con respeto a las leyes y en defensa de los derechos de los ciudadanos".

En consecuencia, la Diputación Provincial de Ciudad Real "condena firme y enérgicamente cualquier tipo de presión, coacción, acoso o persecución a los alcaldes y alcaldesas y concejales y concejalas de Cataluña y, al tiempo, muestra su condena total y absoluta a quienes llevan adelante esas actitudes intolerables contra los que cumplen las leyes, la Constitución y los compromisos asumidos con los ciudadanos.

La Diputación Provincial de Ciudad Real "defiende y defenderá con decisión y convicción absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios constitucionales como pilares del Estado de Derecho democrático. Todo lo que suceda en Cataluña ha de producirse dentro de la Constitución, nada se puede hacer fuera del respeto a la legalidad vigente2.

La Diputación, por otro lado, manifiesta de "manera unánime el respeto absoluto a la democracia y la convivencia. Queremos permanecer en este Estado de Derecho dentro de las leyes y queremos el respeto total a la convivencia libre y pacífica".